Agustín Romero

Si bien el Ejecutivo logró más votos de los esperados gracias al apoyo de la DC, el PDG y Demócratas, la iniciativa central del proyecto se truncó en la discusión particular y no concitó los votos para la fórmula 3 y 3 a la que el Gobierno se había abierto. Por otra parte, avanzó el aumento a la PGU y el denominado autopréstamo.

La declaración de Tatiana Rojas puso en entredicho la gestión de Carlos Montes tras señalar que había informado del caso de Democracia Viva antes de que fuera público contradiciendo al titular de Vivienda. Se suma que Contraloría auditó a fundaciones en 15 de 16 regiones y el allanamiento a las oficinas del Ministerio. Desde el primer libelo contra Izkia Siches las fuerzas opositoras no han prosperado en ninguna y el escenario vuelve a ser difuso.

La magistrada María Loreto Gutiérrez será la encargada de recuperar el dinero que el parlamentario no ha devuelto a la Municipalidad de Santiago, donde ejerció como jefe jurídico en la administración de Felipe Alessandri. Romero también enfrenta una investigación por fraude y falsificación de documentos públicos en la Fiscalía Centro Norte.

Contraloría ordenó al Municipio subsanar el pago de horas extras no justificadas por $11 millones al entonces director jurídico, Agustín Romero, durante la administración de Felipe Alessandri. El parlamentario fue notificado en agosto y tuvo un periodo de 10 días para comparecer ante el Departamento de Cobranza, pero no asistió. Afirma que no fue notificado y que la demanda es un amedrentamiento.

El Centro de Estudios Republicanos ha recibido $27,4 millones de los $58 gastados por la Cámara en asesorías externas este año. Otros ocho centros de estudios y particulares prestaron servicios en aquel periodo, pero en menor escala: el segundo que más recursos obtuvo fue el abogado Pablo Urquízar, asesor de RN, con $6,7 millones.