Andrés y Manuel Bulnes Muzard, miembros de una de las familias aristocráticas chilenas, venían de un 2024 convulso tras el destape del caso Factop y su responsabilidad como directivos de LarrainVial que acabó esta semana con su formalización.

A los involucrados se les imputan seis delitos fundamentados en la participación y responsabilidad de los mismos: lavado de activos, estafa, delitos tributarios, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso además de la entrega de información falsa al mercado. El presidente de la firma, Fernando Larraín, le entregó su apoyo a los ejecutivos en una misiva dirigida a sus trabajadores. 

La reciente formulación de cargos informada por la Comisión para el Mercado Financiero en contra de LarrainVial por posibles infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley Única de Fondos (LUF), se suman a una mala gestión que desde 2023 se hizo patente con la vinculación de la firma a casos como la ropa pirata en La Polar, una acusación de lavado de activos y el Caso Factop. 

A la reciente remoción de Felipe Ward en la Municidad de La Florida que dirige Rodolfo Carter, se suma el cese de funciones de Francisco Orrego, candidato a gobernador regional por Santiago, por informes ajenos a la finalidad del municipio que reveló Interferencia, mientras el ex fiscal que investigó el caso Penta, Manuel Guerra, continúa en el municipio pese a una investigación que la Fiscalía abrió en su contra en una arista del caso Audios. 

El fiscal del caso audios Miguel Ángel Orellana, un reconocido experto en crimen organizado, calificó a Luis Hermosilla como un “consejero delictivo”. Entre los nombres mencionados en este escándalo figuran Andrés Chadwick, Sebastián Sichel y Jean Pierre Matus. En los próximos días se conocerán los descargos de los abogados defensores.

Se trata de millonarias "facturas de favor" por útiles de aseo y ropa emitidas por Textil Ziko, de los Sauer, a Inversiones Barros Negros, de los Jalaff, pero que por alcance de nombres llegaron equivocadamente a la empresa de Ximena Corbo, hija del ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo, y directora de CMPC, quien ya se querelló.

Ciper reveló una conversación entre Luis Hermosilla, Daniel Sauer (controlador de Factop y la corredora STF) y la abogada Leonarda Villalobos, en el que se mencionan pagos a funcionarios públicos para obtener favores. El efecto cascada fue inmediato: Miguel Crispi, jefe del Segundo Piso de La Moneda, prescindió de Hermosilla quien lo estaba defendiendo en el Caso Convenios. El SII abrió un sumario interno y la Fiscalía inició una investigación de oficio.