La declaración de Tatiana Rojas puso en entredicho la gestión de Carlos Montes tras señalar que había informado del caso de Democracia Viva antes de que fuera público contradiciendo al titular de Vivienda. Se suma que Contraloría auditó a fundaciones en 15 de 16 regiones y el allanamiento a las oficinas del Ministerio. Desde el primer libelo contra Izkia Siches las fuerzas opositoras no han prosperado en ninguna y el escenario vuelve a ser difuso. 

Primero Latorre y después Boric, ambos indicaron que sabían del caso antes de que un medio antofagastino lo publicara. Latorre dijo que no le había comunicado ni al ministro Montes ni a Jackson, pero al ser consultado por otros personeros del Gobierno, guardó silencio. Todo esto mientras recrudece el fuego amigo entre partidos oficialistas y la oposición saca ventaja de la crisis.

Se trata de tres investigaciones abiertas por el Ministerio Público, el congelamiento de la toma de razón de contratos con fundaciones por parte de Contraloría y una nueva investigación del Servel a Aprueba por Chile. En tanto, Gonzalo Winter (CS) afirmó que "ningún partido político puede pretender que, en la medida que crezca y administre el Estado, vaya a ser cien por ciento probo", mientras que la derecha pide la renuncia de los ministros Carlos Montes (PS) y Giorgio Jackson (RD).

Alcaldes contra Catalina Pérez, ella contra sus cercanos, todos RD. Viejos socialistas contra jóvenes frenteamplistas en el Gobierno y las directivas partidarias. Pugnas de 'lotes' de Convergencia Social y Revolución Democrática por una fusión que se hace más compleja. Golpes van, golpes vienen.

Dos semanas atrás la diputada Ahumada (ex PDG) ofició al seremi de Vivienda de Antofagasta, un ex asesor de Pérez en Revolución Democrática, por un trato directo por $426 millones con la Fundación de la pareja de la también ex presidenta del partido. "No sabemos si va a terminar aquí", dice Ahumada a Interferencia.