“Ni el seremi del Maule [Rodrigo Hernández Fernández] ni Daniela Dresdner [delegada presidencial del Biobío] tienen responsabilidades políticas que pagar” fueron las palabras del presidente Gabriel Boric para blindar a las dos autoridades de Revolución Democrática (RD) apuntadas también por haber tenido un paso por Democracia Viva en el caso de Dresdner y por Urbanismo Social en el caso de Hernández. 

“He hecho valer la responsabilidad política en los casos que en mi criterio corresponde, pero eso no significa que acá, ante el festival de renuncias que está pidiendo la oposición o algunos personeros, yo vaya a decir que sí a cualquier cosa. En la medida en que me forme la convicción de que hay irregularidades que implican una responsabilidad política, se hará valer”, complementó el mandatario. 

Las declaraciones de Boric aludían a la solicitud de renuncia que tres parlamentarios de la UDI realizaron durante la jornada de este jueves; al nombre de Dresdner y Hernández sumaron el de los ministros de Vivienda, Carlos Montes (PS) y Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD). 

“He hecho valer la responsabilidad política en los casos que en mi criterio corresponde, pero eso no significa que acá, ante el festival de renuncias que está pidiendo la oposición o algunos personeros, yo vaya a decir que sí a cualquier cosa. En la medida en que me forme la convicción de que hay irregularidades que implican una responsabilidad política, se hará valer”, complementó el mandatario. 

En las palabras de Boric resonaba la solicitud de renuncia que él mismo hizo días atrás, sobre la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), quien en conocimiento de las irregularidades de los convenios recibidos por Democracia Viva, no informó oportunamente a Montes de las transferencias de dinero. 

Sin embargo, la renuncia de Rojas -sumada al del ex seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras (RD), ex jefe de gabinete de la diputada por Antofagasta, Catalina Pérez (RD), y quien hizo el contrato con la entonces pareja de Pérez- están muy lejos de aplacar la crisis política que a trece días de iniciada mediáticamente, no ha hecho más que engangrenar a otras figuras políticas e instituciones estatales. 

En ese sentido y frente a los antecedentes conocidos, el Ministerio Públicó inició una investigación de oficio la semana pasada en Antofagasta, investigación que quedó a cargo del fiscal jefe, Christián Aguilar. Pero, esta no sería la única investigación. 

Frente a nuevos antecedentes, la Fiscalía del Maule inició una segunda investigación de oficio tras conocerse que la Seremi de Vivienda del Maule, liderada por Rodrigo Hernández había entregado recursos a la fundación Urbanismo Social (cuatro transferencias por $109 millones de pesos), de la cual había formado parte antes de ser seremi, y la cual también tuvo asignaciones por parte de la Seremi de Antofagasta ($577 millones de pesos). 

De tal modo, el ente prosecutor decidió derivar esta nueva causa a la Fiscalía de Antofagasta. 

Tres investigaciones de oficio hasta el momento. Una abierta en Antofagasta para el caso Democracia Viva, otra derivada desde el Maule a esta misma repartición por el caso Urbanismo Social y una tercera abierta en Los Lagos a propósito de otras transferencias conocidas a tres fundaciones durante 2022.

"[Los delitos] son diversos. Son los mismos que se están indagando en Antofagasta, no hay otra arista que se vincule a otras personas, sino el mismo modo operandi que eventualmente tiene que despejarse”, afirmó el fiscal del Maule, Julio Contardo. En particular, los delitos a investigar son tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude al Fisco. 

Pero, una tercera diligencia se sumó durante la mañana de este jueves; la Fiscalía de Los Lagos instruyó una nueva investigación para recabar los antecedentes tras conocerse otras transferencias efectuadas en 2022 a Fundación Chinquihue por $1.628 millones, Fundación Participa por $1.200 millones y Corporación Kimün por el mismo monto. 

"Lo anterior tiene por objeto investigar la eventual existencia o comisión de delitos que digan relación con fraude al Fisco u otros en el uso de dichos dineros", sostuvo el fiscal a cargo, Marco Muñoz Becker. Patricio Vallespín, gobernador regional y uno de los apuntados tras los hechos afirmó que "no hay nada que esconder, yo creo que acá hay que diferenciar los hechos, por tanto desde ya nos ponemos plenamente a disposición de la investigación del Ministerio Público".

Entra Contraloría y el Servel

Tempranamente en el caso la Contraloría General de la República tomó acciones, al punto que solo otorgó un plazo de cinco días para entregar información respecto de todas las fundaciones sin fines de lucro en Antofagasta para los convenios entregados durante el periodo de 2022 y 2023. 

No obstante, la verdadera sorpresa vino ayer jueves 29 de junio por parte del ente fiscalizador. Desde el organismo que dirige Jorge Bermúdez señalaron la decisión de congelar la toma de razón de todos los contratos y convenios de entidades que reciban financiamiento desde el Estado. Una medida que paraliza el apoyo estatal a los cientos de organismos que reciben financiamiento de esta forma.   

La verdadera sorpresa vino este jueves por parte del ente fiscalizador. Desde el organismo que dirige Jorge Bermúdez, señalaron la decisión de congelar la toma de razón de todos los contratos y convenios de entidades que reciban financiamiento desde el Estado. Una medida que paraliza el apoyo estatal a los organismos que reciben financiamiento de esta forma.   

“La Contraloría tomó la decisión de suspender la tramitación de aquellos [convenios] que pasan por la Contraloría, mientras no podamos tener más antecedentes y tener claro lo que está ocurriendo con esos recursos y con las entidades que tienen esos convenios”, afirmó Bermúdez. 

Con todo, la jornada no se detuvo ahí. Durante la tarde, desde el Servicio Electoral (Servel), dirigido por Andrés Tagle (UDI), informaron que tomarían acciones frente a los antecedentes conocidos por una carta enviada por el abogado Felipe Heusser (RD) al Consejo para la Transparencia. 

Heusser envió la misiva para explicar cómo se asignaron las donaciones del comando Aprueba por Chile a Democracia Viva, ante lo cual la Subdirección de Control de Gasto y Financiamiento Electoral del Servel resolvió investigar la actuación de Heusser como coordinador del Apruebo para hacer campaña en el plebiscito sin conformar un comando según los términos autorizados e investigar a la Corporación Aprueba por Chile. 

Heusser -quien debió explicar cómo los aportantes al comando del Apruebo terminaron financiando a Democracia Viva- es cercano a Boric, de quien fue su jefe de comunicaciones en la elección primaria.

Heusser -quien debió explicar cómo los aportantes al comando del Apruebo terminaron financiando a Democracia Viva- es cercano a Boric, de quien fue su jefe de comunicaciones en la elección primaria.

Con todo, RD inició esta semana haciéndose parte de la querella, en una estrategia que puede servirle tanto como para acceder a la carpeta investigativa y saber de primera mano de sus avances, como para intentar borrar la primera impresión que marcaron con su defensa cerrada de la diputada Pérez, quien intentó zafar de su responsabilidad al decir que los asuntos de su ex asesor y entonces pareja, Daniel Andrade, era un asunto de "hombres adultos". Un desmarque que no funcionó siquiera en RD, pues su presidente, Juan Ignacio Latorre, terminó declarando que "es muy poco probable que [Pérez] no supiera, es su círculo cercano".  

Aunque no todo parece ser tan oscuro para algunos personeros del Frente Amplio. Esto, porque el diputado Gonzalo Winter (CS), declaró anoche en Canal 13 que en toda esta situación "hay algo bueno", pues afirmó que "[...] espero que los telespectadores sean generosos con la interpretación que voy a decir. Ningún partido político puede pretender que, en la medida que crezca y administre el Estado, vaya a ser cien por ciento probo, porque eso es imposible en la medida que tú tienes una gran cantidad de personas”.