En esta columna Daniel Soto Muñoz califica la reciente decisión de la policía como una que implica un debilitamiento institucional y contradice las mismas ideas del general director Ricardo Yáñez.

Con la motivación de generar “una discusión técnica en torno a una cuestión que se muestra problemática desde el estallido social de 2019”, el abogado Daniel Soto -ex profesor de DD.HH. en Carabineros- pretende “establecer mecanismos que permitan distinguir con cierta nitidez jurídica, y práctica, en qué oportunidades el ‘palo policial’ está legitimado y amparado por la ley, y en qué otras se trata de violencia policial y constituye delito”.

Un acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición, en el que ambas partes cedieron posiciones, logró cambios y límites a la 'legítima defensa privilegiada'. Los senadores aprobaron la normativa que amplía las circunstancias en que los policías pueden hacer uso de su arma de servicio y las garantías procesales correspondientes con amplia mayoría, pese a las objeciones iniciales del gobierno, organizaciones de derechos humanos e incluso El Mercurio.

Contraloría realizó un control de legalidad de la medida que frustró la intención del gobierno de militarizar la zona, ante lo cual la autoridad anunció que buscará un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Pero, podría ir por lana y terminar impedido de que los militares continúen realizando la vigilancia policial de las fronteras. 

El jurista y coronel en retiro de la policía uniformada señala que esta medida restrictiva solo es legítima si es temporal, y señala que en esta materia, el Congreso ha fallado en controlar al gobierno. Daniel Soto plantea que quienes están siendo afectados, como empresarios nocturnos, podrían recurrir a recursos de protección y amparo, y -si no se conceden- a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Para Daniel Soto, la queja pública del director general Ricardo Yáñez por las palabras de la ministra Karla Rubilar -quien planteó "refundar" la institución- demuestra que el alto mando no comprende que lo que está en juego es la disolución de Carabineros, dada una crisis de legitimidad sobre la cual el cuerpo policial ni el gobierno han sabido responder. Distinto es el caso del carabinero de a pie...

El abogado Daniel Soto ayudó a fundar el Departamento de Derechos Humanos de Carabineros el 2011 e hizo clases en la institución hasta septiembre de este año. Junto a su colega Rodrigo Pérez de Arce, realizaron un estudio jurídico para responder el por qué falló el uso de la fuerza durante el estallido, centrándose en el derecho internacional.

El abogado Daniel Soto fue parte del equipo fundador del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros en 2011, además de profesor desde 2012 y ex asesor de la institución. Para él, el policía debiera ser el "principal agente promotor de los derechos humanos"; aunque pueden transformarse en "el principal infractor de los derechos que tienen a su cargo".

Según el estudio, largas exposiciones al gas CS – como las ocurridas durante el estallido social – son un “gran factor de riesgo para el cerebro, hígado, riñones, ojos y el sistema gastrointestinal”, tanto para manifestantes como para policías.