A propósito de las últimas novedades en el poder judicial, Interferencia reproduce este artículo de 2021: "Hijos, hijas, hermanos y hermanas, esposos, esposas y parejas. De los 69 ministros que se desempeñan en la Corte Suprema, en la Corte de Apelaciones de Santiago y en la de San Miguel, al menos 23 tienen familiares directos con cargos profesionales en el poder judicial u otras instituciones afines, como notarías y conservadores y fiscalías".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Chile por la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión del juez Daniel Urrutia, quien ha criticado el actuar del Poder Judicial chileno tanto en dictadura como en el estallido social. A continuación, INTERFERENCIA reproduce la entrevista que Urrutia dio a Sputnik.

Hijos, hijas, hermanos y hermanas, esposos, esposas y parejas. De los 69 ministros que se desempeñan en la Corte Suprema, en la Corte de Apelaciones de Santiago y en la de San Miguel, al menos 23 tienen familiares directos con cargos profesionales en el poder judicial u otras instituciones afines, como notarías y conservadores y fiscalías.

El tribunal -que había suspendido al juez por rebajar la medida cautelar de 13 ‘primera línea’ a arresto domiciliario por razones humanitarias dada la pandemia- optó por retirar la suspensión del magistrado, atendiendo “las circunstancias sanitarias que vive el país” y “la necesidad de otorgar un adecuado y oportuno servicio judicial”. En contrapartida, relegó a Urrutia desde el 7° juzgado de Garantía –donde ejercía desde el 2006– al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional, área en la que jamás ha trabajado.

Juan Cristóbal Mera fue quien redactó el fallo favorable a estos agentes, en medio de la creación de un clima que busca indultarlos por razones humanitarias. No es primera vez que este alto funcionario –cercano a Carabineros, de donde fue profesor– antepone su pensamiento contrario a los derechos humanos en su labor como juez. En el pasado falló contra una mujer trans y recientemente contra el juez que decidió la liberación de la primera línea de la protesta social.

Entre los implicados en el crimen está el ex brigadier de Ejército, Pedro Espinoza, subdirector de la agencia de represión de Augusto Pinochet en los 70. En la lista aparecen agentes ligados a la Brigada Lautaro, una de las más temidas de la época.