El 12 de agosto de 2019, en medio de las distintas presentaciones de los candidatos a ministro de la Corte Suprema, Juan Cristóbal Mera Muñoz, juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, expuso a lo largo de 9 minutos frente a la comisión presidida por el entonces presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito.

Habían pasado ya 29 años desde su inicio en el poder judicial, cuando en 1990 llegó al Juzgado de Letras de San Javier de Loncomilla –en la región del Maule– para oficiar como secretario. En 15 años, luego de ser juez en tribunales de Osorno, Arica, y después de ser relator en la Corte Suprema, Mera asumió como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago en diciembre de 2005.

Y ya con más de una década de experiencia allí, llegó entonces su momento de postularse frente al pleno encabezado por Haroldo Brito. En la instancia, el ministro que hace unos días absolvió –entre beneficios a otros 16 criminales– al jefe de operaciones de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) Pedro Espinoza, lanzó un discurso que lo retrató de cuerpo completo en el mundo de las leyes.

“¿Qué relevancia puede tener, su excelencia, lo que un juez piense acerca, por ejemplo, del divorcio, del aborto, del tráfico de drogas, del matrimonio entre personas del mismo sexo, de cómo debiera regularse el empleo público, de lo más o menos rigurosas que deben ser determinadas penas?”, se preguntó en un minuto. “Ninguna”, respondió inmediatamente.

De brazos extendidos sobre el púlpito desde el que dirigía la palabra al pleno de la Corte Suprema, Mera continuó explicando las diferencias entre un juez que actúa como tal y uno que “baja de su estrado y se suma a las hordas”, fallando en su rol de juzgador. “Hoy parece pensarse por algunos que debe seguirse el derrotero que fija una horda linchadora del siglo XXI, las denominadas redes sociales, y la peor prensa, aquella de la permanente denuncia, del permanente escándalo [...]. Eso es, sencillamente, miedo”.

Un abogado que trabajó en la Corte de Apelaciones de Santiago comenta que, a pesar de que Mera es una “persona con harto conocimiento jurídico", no solo "no le importan los tratados de derechos humanos o lo que dicen las sentencias de la Corte Interamericana, sino que tampoco la jurisprudencia que se va asentando, lo que la Corte Suprema llama el principio de doble convencionalidad”.

“Es un tipo que no tiene ética como juez, porque no tiene una mirada del derecho complejo; tiene una mirada positivista, de código, y el derecho hay que mirarlo en relación a otras disciplinas, tratados y a la Constitución”, agrega el profesional.

Finalizando su discurso ante el pleno de la Corte Suprema, ese 12 de agosto de 2019, Juan Cristóbal Mera Muñoz, enemigo del juicio popular y los reproches morales de la ciudadanía, incluyó en sus dichos un guiño a otros jueces que según su opinión caían en el vicio de obrar bajo convicciones propias: “Un juez popular es un oxímoron [una contradicción lógica]”.

Sus bienes y la familia judicial

Oxímoron o coincidencia, Mera vive en un departamento cercano a Plaza Ñuñoa, un barrio de clase media alta donde durante el estallido de octubre hubo manifestaciones a favor de la movilización social. A este inmueble adquirido en 2004, el ministro suma otro en Papudo comprado en 2010 y un último también en la comuna de Ñuñoa, comprado en febrero de 2017 a la Inmobiliaria ISF - XVII por $133 millones de pesos. 

A su patrimonio, declarado en su calidad de funcionario público, se agregan 1.793 acciones en Latam Airlines –avaluadas en marzo de 2020 en $3 millones de pesos–, un monto menor en relación a las 2.332 acciones que declaró en julio del año pasado de la misma aerolínea. Por último, al día de hoy tiene suscrito pasivos por créditos hipotecarios tanto con el Banco de Chile ($83 millones) como con el Banco Estado ($18 millones).

El ministro no es el único que optó por una carrera judicial dentro de su familia, así como tampoco está solo en su pensamiento conservador.

Su padre, Rafael Mera Mera, ejerció como ministro en la Corte de Apelaciones de Valparaíso entre 1973 y 1987. Fuentes cercanas a la familia, conocedoras de la trayectoria del clan en este poder del Estado, aseguran que Rafael Mera fue un hombre importante dentro de la masonería, ligado a las logias conservadoras. Tanto la profesión como la cercanía a la institución masónica fueron heredadas por Juan Cristóbal, quien a su vez forma parte de una logia conservadora y ligada a las Fuerzas Armadas y de Orden, habiendo también hecho clases de derecho penal en la Escuela de Carabineros.

Raúl Eduardo Mera Muñoz, uno de sus hermanos mayores, se desempeña hoy en día como ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En 2020, por un tiempo breve, Raúl Eduardo ocupó un espacio en el mismo tribunal que escuchó el discurso de Juan Cristóbal el 2019, ejerciendo como ministro subrogante de la Corte Suprema en la Primera Sala, reemplazando a la ministra Rosa Egnem, y luego en la Segunda Sala, supliendo la ausencia del ministro Manuel Antonio Valderrama.

Su otro hermano, Rafael Leopoldo, fue el fiscal regional de Los Ríos hasta 2015. Ese año, además de dejar su cargo en la región después de cumplir con su periodo, obtuvo 4 votos en la elección de fiscal nacional, después de que Sabas Chahuán terminara los 8 años en el cargo. Rafael no alcanzó a quedar en la quina, siendo el sexto candidato con más votos. En esa oportunidad resultó electo Jorge Abbott como principal autoridad dentro del Ministerio Público.

Su ex esposa, Renata González Carvallo, de quien se separó en 2009, también es abogada y como notario de la 23° Notaría de Santiago desde mediados del 2015. 

Los fallos polémicos

El pasado domingo se dio a conocer un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que regresó al ruedo de la polémica a Juan Cristóbal Mera Muñoz. En la resolución se absolvió o se redujo la pena a 17 agentes de la Dina por la desaparición de 17 dirigentes opositores –en su mayoría comunistas– en 1976, durante la dictadura.

La sentencia fue redactada por Mera, quien dio un giro casi total a las penas que había dictado el 9 de abril de 2017 –en primera instancia– el ministro de fuero Leopoldo Llanos Sagristá, actual juez de la Corte Suprema desde fines de 2019 (ver artículo Estos son los 17 agentes de la DINA beneficiados por la Corte de Apelaciones de Santiago en el caso de desaparición de 17 dirigentes comunistas en dictadura).

Hace tres años, Llanos Sagristá condenó en dos oportunidades en este mismo caso al jefe de operaciones de la Dina, Pedro Espinoza Bravo, como coautor de secuestro calificado de 16 opositores y como coautor del homicidio calificado de Eduardo Canteros Prado. Por eso recibió dos penas de 20 años de presidio mayor en su grado máximo cada una.

Sin embargo, las cosas cambiaron con el fallo de segunda instancia, elaborado por Mera, quien en su argumento indicó que el hecho de que Espinoza Bravo estuviera a cargo de las operaciones de la Dina “no importa necesariamente que éste haya desplegado alguna conducta de aquellas señaladas en el artículo 15 del Código Penal (...) En definitiva, el alto cargo de Espinoza en la Dina no lo vincula ni lo puede vincular con los hechos exactos que en esta causa se conocen, que corresponden al secuestro y posterior desaparición de 16 personas y secuestro y homicidio de una 17ª víctima”. Así, absolvió por estos delitos al ex agente estatal.

El abogado que trabajó en la Corte de Apelaciones de Santiago señala que nunca había visto un fallo “tan aberrante en derechos humanos”. “Cuando absuelve a todos estos agentes de la Dina, Mera hace un juicio político y no histórico-jurídico, porque él no fundamenta en cuanto a qué es la Dina, y la Dina era fundamentalmente jerarquizada”, dice, y agrega lo siguiente:

“Lo más jodido es cuando habla de Pedro Espinoza. Se dice nada menos que era el director de operaciones de la Dina, en pocas palabras, quien daba todas las órdenes de detención, fusilamiento, secuestro y tortura. La sentencia señala que como él no participó en el homicidio calificado de una de las víctimas y en el secuestro de las otras, entonces no tiene nada que ver. Eso es desconocer la figura de la autoría mediata, que es el que da la orden, mientras que la autoridad inmediata es el que la ejecuta. Esto revela un desconocimiento de los conceptos del derecho penal”.

La misma fuente señala que Mera “es un tipo que ha hecho buenas sentencias en las partes comercial y civil”, pero que en temas de derechos humanos nunca ha estado a la altura. A esto se agregan los juicios en lo que ha participado y donde están en entredicho los derechos de la comunidad LGTBI, donde el ministro deja ver su conservadurismo.

Un ejemplo de ello fue cuando integró la sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que revisó el caso de la mujer transgénero Agustina de Miguel Hedberg Salinas. Todo comenzó el sábado 13 de febrero de 2016, cuando la víctima se dirigió al bar El Túnel, ubicado en el barrio Bellas Artes en la comuna de Santiago Centro. Cerca de las una y media de la mañana, Salinas Hedberg intentó entrar al baño de mujeres, pero el personal del local le solicitó el carnet de identidad –donde aparecía su nombre masculino– y no se lo permitieron.

Casi todos lo ministros de la Corte de Apelaciones indicaron que efectivamente se trataba de una persona transgénero, por lo que había existido discriminación. Pero hubo un juez que no estuvo de acuerdo: Juan Cristóbal Mera Muñoz, quien señaló que a la fecha del incidente “no existía ninguna legislación que definiera el concepto citado”, y que el hecho había sucedido “antes de la dictación de la ley 21.120 sobre el reconocimiento y protección a la identidad de género”.

“Ninguna discriminación arbitraria ha existido pues al ser efectivamente un hombre, en aquél entonces, ese era el baño que debía usar, de acuerdo con toda la reglamentación que señala la demandada en su apelación y, específicamente la Ordenanza 102 de 2005 de la Municipalidad de Santiago, que exige en discotecas y salones de bailes, en su artículo 43, baños separados para hombres y mujeres”, redactó en la sentencia, fechada el 3 de enero de 2019 para argumentar su voto en contra.

En términos de conflictos sociales-económicos, el caso Eurolatina es quizás el mayor revés en cuanto a una sentencia elaborada por Juan Cristóbal Mera Muñoz. El 23 de septiembre de 2009, luego de que este entramado estuviera 12 años en tribunales, el ministro absolvió a los hermanos Pedro y Marcos Elgueta Cárcamo, acusados por 256 querellantes de los delitos de estafa y usura. Los Elgueta Cárcamo, como años después pudo probar la justicia, habían otorgado préstamos usureros a familias de escasos recursos a cambio de la hipoteca de sus viviendas, haciéndose con un centenar de propiedades. 

En 2011, la Corte de Apelaciones revocó la determinación del entonces ministro en visita Juan Cristóbal Mera, consignando a los Elgueta como autores del delito de usura reiterado. De esta forma, Pedro y Marcos pasaron de estar absueltos y en libertad a tener que cumplir una condena de 5 años y un día privados de ésta, sin beneficios, además del pago de 20 UTM y las costas del juicio.

Posterior a la sentencia, el año 2015, en un segundo juicio conocido como Eurolatina II, los hermanos Elgueta fueron condenados mediante juicio abreviado a 3 años y 61 días adicionales a la condena establecida en Eurolatina I. Además, tuvieron que devolver los inmuebles a 168 víctimas de su negocio financiero.

Los fallos se suman a los dados a conocer por el medio digital ChileOkulto el pasado 13 de abril en su artículo titulado Los dictámenes del ministro Juan Cristóbal Mera: desde dejar sin condena a secuestradores DINA en caso Londres 38 a querer dejar libres a estafadores de caso Eurolatina.

Una de las últimas polémicas del ministro Mera tuvo que ver con un fallo sobre derechos humanos durante marzo de este año. Luego de que el juez Daniel Urrutia del Séptimo de Garantía dejara en libertad a 13 ‘primera línea’ por razones humanitarias –dado el contexto nacional de crisis sanitaria y que las penas que arriesgaban eran muy bajas– la Corte de Apelaciones de Santiago decidió retrotraer el fallo y suspender a Urrutia.

Dentro de quienes suspendieron al juez se encontraba Mera, quien un mes atrás había sido denunciado por el propio Daniel Urrutia de hostigamiento, acusación que formuló durante una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por medio del equipo de comunicaciones de la Corte de Apelaciones de Santiago, INTERFERENCIA se contactó durante este jueves con Juan Cristóbal Mera Muñoz para hacer las consultas respectivas de este artículo. Sin embargo, el ministro declinó entregar declaraciones o dar una entrevista.