El traspaso de 2.397 millones a un gremio vinculado a un empresario asesor del ex gobernador, la estrecha amistad de la fiscal del caso con dicho hombre de negocios, una asesoría del esposo de la fiscal regional con la misma organización privada, son parte del iceberg de esta historia.
En 2021, ProCultura presentó un proyecto para transformar la vivienda de la poetisa en Coquimbito en una casa museo. La propuesta recaudó $247 millones y la Municipalidad de Los Andes y el GORE apoyaron su realización. La iniciativa fracasó con el destape del Caso Convenios, y ahora el CDE y familia penquista solicitaron su embargo.
Pese a que los antecedentes surgieron hace dos años, aún no hay formalizados en la arista más cuantiosa del Caso Convenios. Escuchas ilegales, dos fiscales removidos y persecutoras vinculadas a uno de los investigados, son algunos de los episodios que ha protagonizado el Ministerio Público.
En junio de 2023 una funcionaria denunció irregularidades en uno de los cuatro convenios de Irade con el Gore Biobío –que en total ascienden a $2.397 millones–. Cinco meses después, el funcionario del Consejo de Defensa del Estado y esposo de la fiscal Marcela Cartagena, Álvaro Sepúlveda, prestó servicios a la corporación cuestionada.
En Concepción nunca se abrió una investigación sobre ese caso y Paul Esquerré, es dueño de una consultora implicada y miembro de una de las familias más influyentes de esa ciudad. La persecutora asegura que se inhabilitó de causas vinculadas a esa familia, pero un correo da cuenta que solicitó datos relacionados al personaje.
