Según información disponible en la Cámara, los ministerios de Secretaría General de Gobierno, Mujer y Equidad de Género y Defensa, como también Carabineros de Chile no han contestado ninguna solicitud. Mientras que a nivel de autoridades, tampoco lo han hecho el jefe de asesores del presidente, Miguel Crispi (RD), ni el jefe de Gabinete del mandatario, Carlos Durán (CS).

Tras constituirse la Comisión Investigadora del caso, ha trascendido que las ministras Carolina Tohá, Antonia Orellana y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, estarían entre los citados. Además, más de una decena de funcionarios de La Moneda se enteraron de los hechos antes de ser públicos y de enterarse el presidente Gabriel Boric. 

La paralización no ha hecho más que perder respaldo con los días. La CPC, la SNA y la CNDC acusan el paro de infundado, hablan de "tomar medidas drásticas" contra los movilizados y temen altas pérdidas económicas. A eso se suman las escuetas y tibias declaraciones desde UDI y RN.

El Gobierno -en tanto- informó que solicitó los antecedentes al general director Ricardo Yáñez y destacó la importancia de las acciones de contrainteligencia. Desde distintos sectores del Congreso anunciaron medidas de fiscalización.

El gobierno de Boric apuesta a un triunfo político tramitando rápidamente la reforma antes del plebiscito, buscando así un repunte de popularidad que beneficie al ‘apruebo’. El proyecto pretende aumentar la recaudación fiscal gravando a las grandes riquezas y a la minería a través del royalty, pero parlamentarios oficialistas y de derecha opinan que la tramitación no podrá ser tan expedita.