Tanto Camila Vallejo -vocera de Gobierno-, como Giorgio Jackson -ministro de la Secretaría General de la Presidencia- han declarado en varias oportunidades que las posibilidades del programa de gobierno de Gabriel Boric dependen drásticamente de la aprobación de su anunciada reforma tributaria, la cual pretende una recaudación de entre el 4 y el 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). 

Durante la jornada de ayer, alrededor del mediodía, finalmente fue presentado el proyecto de reforma tributaria en un punto de prensa en La Moneda. La reforma ha sido denominada tanto por Mario Marcel (Hacienda), como por Gabriel Boric, como un nuevo “pacto fiscal” para Chile, el cual permitiría desarrollar importantes cambios y políticas públicas fundamentales para el país, considerando que, en palabras de Marcel, dicha reforma “financiará cerca de la mitad del costo del programa de gobierno”.

El paquete de medidas se dividirá finalmente en tres proyectos de ley. Uno de ellos involucra modificaciones al impuesto a la renta además de una serie de medidas que buscan generar una mejor regulación para evitar la elusión y evasión tributaria. Este proyecto deberá ingresar por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. 

Respecto de este proyecto, el Gobierno ha asegurado que no significará un alza tributaria para el 97% de las personas, de manera que tan solo el 3% de aquellos que tengan mayor riqueza serán quienes tendrían un impuesto más elevado. De la misma manera, el Gobierno ha asegurado que la carga tributaria será disminuida para las empresas desde un 27% a un 25%, de manera que son personas y no empresas las que serán afectadas por mayores tributos, medida que busca incentivar la actividad económica.

La segunda parte de la reforma tributaria consiste en el aumento del royalty minero, el cual pretende recaudar una mayor cantidad de recursos desde la industria minera, lo cual será ingresado a través de una indicación a un proyecto que ya existía previamente en tramitación en el Senado. La tercera parte del proyecto se refiere a diversas regulaciones medioambientales que serán presentadas recién a finales de año. 

“Nosotros buscamos con la reforma tributaria poner una centralidad, que es lo que ha marcado nuestra campaña, como también los discursos de nuestro Presidente de la República, porque sabemos que es parte de los anhelos de nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas, que avancemos en mayor desarrollo, que avancemos en mayor dignidad, que avancemos en mayor justicia social”, decía Camila Vallejo hace algunos días, cuando se anunció la presentación de la reforma para ayer 1 de julio, probablemente uno de los más grandes anuncios de este nuevo gobierno.

¿Rápida tramitación?

La configuración por etapas de esta reforma tributaria no es coincidencia. Ha sido dispuesta de esa manera por el Gobierno para que gran parte de ella sea aprobada antes del plebiscito de salida del nuevo texto constitucional -a desarrollarse el 4 de septiembre- lo que permitiría que la discusión por el financiamiento necesario para más y mejores derechos sociales se tome la agenda. Según diversas fuentes, y lo que han reflexionado algunos analistas, esto buscaría incidir en la discusión por la nueva constitución, dando más chances a la opción ‘apruebo’ y fomentando un clima político en el que los cambios y reformas necesarios para el país pongan a la derecha política como los contrarios a los procesos de cambio que la ciudadanía ha estado demandando. 

Una publicación de La Tercera, señala que en una reunión entre Hacienda -liderada por la subsecretaria Claudia Sanhueza- y los parlamentarios oficialistas realizada el 20 de junio pasado, el equipo gubernamental deslizó sus deseos de que “el corazón de la reforma tributaria” esté aprobado precisamente a principios de septiembre.

En conversación con nuestro medio, parlamentarios del Frente Amplio señalaron que confían precisamente en una rápida aprobación, y que en septiembre puedan tener el grueso de la reforma aprobada, lo cual se sustenta principalmente en la presencia del socialista Jaime Naranjo en la presidencia de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

En efecto, el propio Naranjo (PS), señaló públicamente hace unos días que espera que el texto de la reforma tributaria sea despachado desde el Congreso a fines de agosto, o a más tardar a principios de septiembre, precisamente la fecha en que el plebiscito constitucional de salida tendrá lugar. 

La venia de Naranjo es fundamental para el proyecto, considerando que precisamente es el presidente de la comisión por la que la reforma tributaria ingresará al Congreso, la Comisión de Hacienda, compuesta por 13 diputados, ocho de los cuales son oficialistas. La reforma necesita mayoría simple en la comisión para que se apruebe la idea de legislar, primer paso antes de que el proyecto sea discutido por la Cámara en pleno.

Si bien esa mayoría de 8 diputados oficialistas podría hacer pensar en una rápida tramitación en esta primera etapa, lo cierto es que algunos parlamentarios no alineados con el gobierno ven con dificultad un trámite demasiado rápido para una reforma tan grande como la tributaria.

"No seremos un buzón", señaló en conversación con Interferencia, Miguel Mellado, uno de los dos diputados de Renovación Nacional que conforma la Comisión de Hacienda. 

Mellado señaló que la presencia de Mario Marcel es tranquilizante como interlocutor ante la reforma, lo cual implica que "estamos abiertos al diálogo y a escuchar pero siempre y cuando el ministro Marcel también sea capaz de escucharnos, pues tenemos muchas dudas con aspectos técnicos de la reforma". Cabe mencionar que Marcel ha asumido con el equipo de Hacienda la totalidad de las conversaciones con los congresistas a propósito de la reforma, desplazando completamente a Giorgio Jackson, ministro de Segpres, cartera que acostumbra ser la bisagra entre el ejecutivo y el legislativo.

"El escenario económico actual es un problema, porque según varios indicadores económicos, incluyendo los que presentó Marcel en su anuncio, vendrá una recesión económica para el país, y cifras mucho peores que las del año pasado. No podemos discutir una reforma tributaria como si estuviéramos en las condiciones del año pasado, cuando el barril de petróleo bordeaba los 70 dólares y hoy supera los 100", señaló Mellado, agregando que "preocupa también el momento inflacionario, el bajo crecimiento y también la falta de incentivos a la inversión".

El diputado RN agregó que sería una falta de respeto de Naranjo si pretende que la reforma se tramite de forma express en la Comisión de Hacienda, "sin hacerse cargo de las reservas técnicas que tenemos. El proyecto puede pasar rápidamente aquí por los votos, pero nosotros somos los que conversamos con el resto de la bancada, y si se piensa simplemente en pasar rápidamente este proyecto, entonces no tendrá tan buena acogida en sala". Mellado además comentó que recién el último día -el jueves pasado- Marcel se reunió con parlamentarios de oposición, “a última hora, lo que me parece que no está nada bien, y no muestra que estén dispuestos a dialogar”.

"Espero que la tramitación tenga la mesura que requiere una reforma tributaria y se escuchen todos los argumentos técnicos para  llegar a un buen resultado", cerró.

En efecto, la composición de la Cámara no es la más óptima para las pretensiones gubernamentales. La reforma se aprobaría en sala con 78 votos de 155 diputados, sin embargo el oficialismo cuenta con tan solo 68 entre partidos de Apruebo Dignidad y la ex Concertación. Luego 8 diputados son de la Democracia Cristiana, con lo que sumarían 74, faltando aún 4 votos que tendrían que venir de sectores independientes o el Partido de la Gente (PDG), sin considerar la posibilidad de algún díscolo de algún partido de la derecha.

En conversación con nuestro medio, otro parlamentario RN fue menos severo, y señaló que ve con buenos ojos un posible acuerdo "principalmente por la figura de Marcel… si hay alguien serio para esto es él. Marcel era el más horrorizado con los retiros de 10% de las AFP, por ejemplo", señaló, y agregó que "pienso que el proyecto que de verdad era complicado para la derecha es el de las 40 horas, porque rechazarlo es muy impopular y hubiera significado un golpe para el rechazo, de cara al plebiscito, que es la opción que apoyamos". 

El mismo parlamentario no descarta que el aplazamiento -por parte del Gobierno- del proyecto de 40 horas para después del plebiscito, podría significar una señal del ejecutivo hacia la oposición para así conseguir la celeridad deseada en el proyecto de reforma tributaria. 

Un parlamentario socialista señaló a Interferencia que le preocupa el momento de la reforma tributaria, considerando que en el evento de una profundización de la mala situación económica "ese complejo escenario podría ser rápidamente vinculado a esta reforma tributaria por la derecha, la cual simplemente estaría haciendo su trabajo. Me parece riesgoso que el Gobierno este asumiendo que este proyecto le generará un repunte cuando se ven más riesgos". Sobre la celeridad de la tramitación, señaló que "más allá de las declaraciones y el optimismo, no veo a muchos parlamentarios súper convencidos de que esto tiene que salir muy rápido. Bachelet tenía mayoría en el Congreso y la discusión sobre la reforma tributaria duró cinco meses", mencionó.

En efecto, la composición de la Cámara no es la más óptima para las pretensiones gubernamentales. La reforma se aprobaría en sala con 78 votos de 155 diputados, sin embargo el oficialismo cuenta con tan solo 68 entre partidos de Apruebo Dignidad y la ex Concertación. Luego 8 diputados son de la Democracia Cristiana, con lo que sumarían 74, faltando aún 4 votos que tendrían que venir de sectores independientes o el Partido de la Gente (PDG), sin considerar la posibilidad de algún díscolo de algún partido de la derecha.

El diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal) señaló en conversación con nuestro medio que ve con buenos ojos la tramitación del proyecto, y además mencionó que “hay que tener un diálogo con el Partido de la Gente y la Democracia Cristiana (DC), y yo pienso que estarán de acuerdo con tener justicia tributaria en Chile, sobretodo luego del estallido social, cuando todo el mundo estuvo de acuerdo con esto, e incluso los empresarios señalaron que entendieron el mensaje. Hay que dialogar con ellos, y hay que construir la mayoría lo más amplia posible para lograr este objetivo”, mencionó el diputado. 

A propósito de la DC, la cual cuenta con 8 votos de oro para el Gobierno, según comentaron distintas fuentes a Interferencia, el equipo de Hacienda ha conseguido generar buenas relaciones con el partido. Esto se ha visto reflejado en que el diputado democratacristiano Ricardo Cifuentes ha participado en las dos reuniones que, el 17 de junio y el 20 de junio, Hacienda ha sostenido con parlamentarios oficialistas. 

El PDG, por otro lado, cuenta con 6 votos en la Cámara, los cuales también podrían ayudar al Gobierno a conseguir los anhelados 78 votos de mayoría simple en sala. En conversación con Interferencia, Yovana Ahumada, jefa de bancada del PDG señaló que si bien tienen la disposición de dialogar respecto al proyecto “más que llegar a acuerdos sobre la reforma, el tema es que si hay puntos que no nos parecen habrá que discutirlos el tiempo que sea necesario, un proyecto de ley en materia tributaria no puede ser decidido de forma apresurada”. 

Estas voces en contra de la velocidad con la que quiere ser tratado el proyecto ya habían tenido un antecedente en el diputado independiente Carlos Bianchi, quien también forma parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Días atrás, Bianchi había señalado que “lo que más me preocupa tiene que ver con la velocidad con que quiere tratar el Gobierno y el ministro Marcel esta propuesta de reforma tributaria en la Cámara”, quien agregó que tiene la impresión de que el Gobierno pretende que el proyecto no esté más de dos semanas en la Cámara “y eso es del todo inaceptable, tiene que haber un tratamiento mucho más profundo”, señalando que la Cámara debería contar al menos con unos 40 días para discutir los aspectos de la reforma tributaria.