Tras constituirse la Comisión Investigadora del caso, ha trascendido que las ministras Carolina Tohá, Antonia Orellana y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, estarían entre los citados. Además, más de una decena de funcionarios de La Moneda se enteraron de los hechos antes de ser públicos y de enterarse el presidente Gabriel Boric. 

En los casos de Vivanco y Matus, el libelo se ampara en la relación que sostenían con el abogado Luis Hermosilla que quedó al descubierto tras revelaciones de los medios de comunicación, mientras que con Muñoz por la presunta entrega de información privilegiada a su hija para su beneficio patrimonial. 

El año pasado se destinaron $191 millones a asesorías externas. La Fundación Jaime Guzmán fue la más beneficiada, obteniendo $78 millones, poco más del 40% del total, seguida por el Centro de Estudios Republicanos que obtuvo $31 millones. El oficialismo e independientes desembolsaron $20 millones.