Este lunes se presentaron las acusaciones constitucionales en contra de los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz.

Así, las negociaciones parlamentarias llegaron a consenso y bancadas oficialistas y opositoras de la Cámara de Diputadas y Diputados presentaron los libelos acusatorios invocando la causal de notable abandono de deberes. 

En el caso de Vivanco y Matus, la acusación impulsada por el oficialismo y la Democracia Cristiana, se ampara en una de las tantas aristas que el denominado caso Audios dejó al descubierto y que los vincula directamente con el protagonista del caso, Luis Hermosilla. 

Asimismo, la oposición también apuntó hacia Vivanco, pero incluyendo en su documento al ex presidente del máximo tribunal, Sergio Muñoz, por la presunta entrega de información privilegiada a su hija para beneficiar su patrimonio en inversiones inmobiliarias. 

Ahora, a los magistrados no solo los une una serie de polémicas ni haber sido parte de la poderosa Tercera Sala de la Corte Suprema, sino también, que los tres tendrán que enfrentar una acusación constitucional ante el Congreso. 

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Con todo, tras la presentación de las acusaciones, por sorteo se definieron las comisiones que integraran las comisiones designadas para revisar los libelos. 

En esa línea, los diputados que revisaran la acusación conjunta en contra de Vivanco y Muñoz son: Eduardo Durán (RN), Yovana Ahumada (Independiente – Demócratas), Jaime Sáez (Frente Amplio), Sofía Cid (Independiente – Republicanos) y Chiara Barchiesi (Republicanos). 

Para el libelo contra Matus, los parlamentarios designados fueron: Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano), Miguel Ángel Calisto (Independiente – Demócratas), Cristhian Moreira (UDI), Félix Bugueño (Frente Amplio) y Leónidas Romero (Renovación Nacional).

Sobre Vivanco, el documento se sustenta en cuatro capítulos. El primero, se funda en la entrega de información acerca de causas relacionadas con miembros de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas en conocimiento de la Tercera Sala de la Corte Suprema, antes de la firma de la sentencia y su notificación.

Mientras que contra Vivanco se escogió a: Stephan Schubert (Independiente – Republicanos), Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano), Marlene Pérez (UDI), María Luisa Cordero (Independiente – Renovación Nacional) y Vlado Mirosevic (Partido Liberal). Las tres comisiones quedaron conformadas con mayoría opositora.

Por otra parte, en un plazo máximo de tres días, se debe notificar a los acusados. Luego, los magistrados tendrán 10 días hábiles para presentar sus respuestas y finalmente se dispondrá de seis días hábiles para elaborar un informe de admisibilidad para ser votado en la Sala de la Cámara que de aprobarse se enviará al Senado para la revisión. 

Ángela Vivanco

Desde el oficialismo, apuntan hacia Vivanco por notable abandono de deberes y sostienen que la abogada "ha utilizado la estructura de resguardo institucional de la independencia judicial para efectos de avanzar beneficios particulares". 

En ese sentido, el documento se sustenta en cuatro capítulos. El primero, se funda en la entrega de información acerca de causas relacionadas con miembros de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas, antes de la firma de la sentencia y su notificación.

El segundo capítulo se ampara en las conversaciones que Vivanco sostuvo con Luis Hermosilla para el nombramiento de miembros de la Corte Suprema a fines a sus intereses.

Como tercer capítulo figura la entrega de consejos y recomendaciones procesales a Hermosilla, además de una solicitud para que Vivanco integrara la segunda sala penal en una causa que era de interés del abogado. 

En tanto, el último capítulo hace mención a las irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de la causa del consorcio Belaz Movitec con Codelco. 

Respecto a Matus, indican una actitud contradictoria, pues en sus primeras declaraciones el ministro negó tener vínculo cercano con Hermosilla, pero las conversaciones reveladas sugieren que existió una extrecha relación en la que incluso se dirigieron como "amigos". 

Jean Pierre Matus

Respecto a Matus, desde el oficialismo y la Democracia Cristiana, también fundamentan su acusación bajo la causal de notable abandono de deberes. 

En el primer capítulo acusatorio, se acusa al ministro de faltar a la verdad mintiendo a la opinión pública a raíz de declaraciones incoherentes respecto a su relación con Luis Hermosilla, señala el libelo. 

Asimismo, indican una actitud contradictoria, pues en primera declaraciones Matus negó tener vínculo cercano con Hermosilla, pero las conversaciones reveladas sugieren que existió una relación cercana en la que incluso se dirigieron como "amigos". 

En el segundo capítulo, titulado "inhabilidades legales" se indica que según las propias declaraciones de Matus se da cuenta de inconsistencias y falta de transparencia en un actuar que califican de impropio. Esto, pues ni Hermosilla ni Andrés Chadwick formaron parte de la lista de inhabilidades de 115 nombres que Matus entregó en dicha nómina. 

El tercer capítulo, que lleva como nombre "ni perdón ni olvido, transgresión al principio de imparcialidad", sostiene el documento que en el nombramiento de Matus pudo haber intervención indebida de autoridades políticas. 

En cuanto a Muñoz, el libelo apunta en su primer capítulo que el magistrado incurrió en la causal de abandono de deberes al anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija y no manifestar la inhabilidad en una causa en la que tenía interés económico. 

Asimismo, la referencia de "ni perdón ni olvido" que en un mensaje Matus envió a Hermosilla, puede ser interpretada como una "promesa de venganza" para quienes no le apoyaron siendo contrario al deber de imparcialidad, indica el libelo. 

Sergio Muñoz y Ángela Vivanco

Desde la oposición, también presentaron una acusación constitucional en contra de Vivanco por notable abandono de deberes en la que también incluyeron al ministro Muñoz. 

En el primer capítulo acusatorio en contra de Vivanco se indica que la acusada ejecutó conductas que afectaron gravemente la imparcialidad y la independencia con que debía actuar como jueza al mantener contactos indebidos en determinadas causas sin declarar su inhabilidad. 

El segundo capítulo apunta a las injerencias indebidas en procesos de designación de determinados cargos públicos dentro del Poder Judicial, como también en la designación del Fiscal Nacional. 

Respecto al caso de Muñoz, el libelo apunta en su primer capítulo que el magistrado incurrió en la causal de abandono de deberes al anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija y no manifestar la inhabilidad en una causa con interés económico. 

Lo anterior, se fundamenta en una presunta entrega de información privilegiada para favorecer a la hija del ministro, Graciel Muñoz, en inversiones de carácter inmobiliario. 

En un segundo capítulo, se argumenta que el ministro no ejerció funciones correccionales y omitió denunciar la falta de su hija al desempeñar su función judicial fuera del territorio jurisdiccional, 

Esto, pues la hija de Muñoz cumplió funciones como jueza desde el extranjero durante meses en hechos que hoy investiga el Ministerio Público.