Las nuevas-no-tan nuevas revelaciones de los Pandora Papers cambian el marco interpretativo para un acto que -quizá- fue el último en que Piñera usó la Presidencia de la República para abultar su patrimonio personal.

Juan Domingo Acosta indicó que las condiciones del contrato de compraventa de Dominga ya estaban en la carpeta que manejó el fiscal Manuel Guerra.

En 2017 el fiscal Manuel Guerra pidió sobreseer a Sebastián Piñera, y afirmó que no había ninguna relación entre la cancelación del proyecto Barrancones y Minera Dominga. Esto, aunque era conocido por Fiscalía que solo uno de los dos proyectos podía realizarse en el lugar y a que parte de la venta de los Piñera a Délano estaba condicionada a que la zona no fuera reserva natural.

El mandatario vendió su parte de Minera Dominga en diciembre del 2010 por 138 millones de dólares, en un paraíso fiscal y asegurando que una de las cuotas de ese pago estaba condicionada a si el Estado no definía la zona como reserva natural. Diputados de oposición han deslizado la posibilidad de una acusación constitucional.