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Miércoles, 27 de Octubre de 2021
Venta ocurrió en 2010

Abbott anuncia que Pandora Papers van a Unidad Anticorrupción, pero la misma Fiscalía ya había ignorado antecedentes clave en 2017

Lissette Fossa

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Foto: Alejandro Balart, La Segunda: Fiscales Jorge Abbott, Manuel Guerra y Pablo Gómez.
Foto: Alejandro Balart, La Segunda: Fiscales Jorge Abbott, Manuel Guerra y Pablo Gómez.

En 2017 el fiscal Manuel Guerra pidió sobreseer a Sebastián Piñera, y afirmó que no había ninguna relación entre la cancelación del proyecto Barrancones y Minera Dominga. Esto, aunque era conocido por Fiscalía que solo uno de los dos proyectos podía realizarse en el lugar y a que parte de la venta de los Piñera a Délano estaba condicionada a que la zona no fuera reserva natural.

Las esquirlas de la bomba que fue la divulgación de los documentos de paraísos fiscales, por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) -cuyo capítulo chileno fue reporteado por LaBot y Ciper- aún siguieron cayendo sobre Sebastián Piñera durante este lunes.

Aunque la caída de las redes sociales de Facebook cambió en algo la atención de las personas, lo cierto es que la venta de parte de la propiedad de Piñera a su amigo Carlos Alberto Délano, en 2010, con un pago condicionado a que la zona no se declarara reserva natural por parte del ejecutivo, fue un tema que siguió generado controversias y el anuncio de una acusación constitucional por parte de diputados opositores.

Durante este lunes 4 de octubre, el fiscal nacional Jorge Abbott anunció que instruyó a abogados de la Unidad Anticorrupción analizar los antecedentes respecto a la compraventa de la propiedad de Minera Dominga, realizada en diciembre de 2010, y que fue ya investigada por la Fiscalía en 2017.  

La Cámara de Diputados estableció la relación entre no hacer Barrancones y autorizar Dominga.

En agosto del 2017, el fiscal Regional Metropolitano Oriente en ese momento, Manuel Guerra, solicitó sobreseer al mandatario por “no encontrar ningún vínculo concreto o intervención en lo que se refiere a Exalmar y Dominga”.

Guerra también aseguró públicamente que “no se ve ninguna relación lógica entre Barrancones y Minera Dominga”, pero, en paralelo, una comisión especial que investigó estos antecedentes en la Cámara de Diputados, terminó afirmando que había fundadas presunciones de que Piñera había beneficiado al proyecto Minera Dominga al no dar luz verde a otro proyecto que iba a instalarse en el mismo sector; la central termoeléctrica Barrancones.

“La información vertida ante esta comisión por el director del S.I.I. [Servicio de Impuestos Internos] permite, a lo menos, fundar presunciones, de que Sebastián Piñera buscó ayudar a Dominga en agosto de 2010, cuando de manera arbitraria y saltándose la institucionalidad ambiental canceló la construcción de la central termoeléctrica Barrancones en la comuna de La Higuera”, se indicó en la investigación de los diputados.

El escudo de Guerra

Según un comunicado emitido por La Moneda el día domingo, y que este lunes volvió a repetir el mandatario en una conferencia de prensa oficial, todos los antecedentes de la compraventa de Dominga habrían estado considerados en la investigación del fiscal Guerra y ya habían sido publicados, aludiendo a un reportaje de Radio Bio Bío de 2017. 

“Los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos, fueron públicamente conocidos el 2017 y fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resuelto por los tribunales de Justicia el 2017″, señaló Piñera en la conferencia de este lunes.

"Los US$ 10 millones restantes se pagarían a MA1 un año después, siempre y cuando no se determine que el lugar donde se instalaría Dominga está “emplazado en una zona de exclusión, un parque nacional o reserva natural, impidiendo de forma insubsanable el desarrollo de la actividad minera o la instalación de un puerto a 50 kilómetros de las concesiones mineras”. Como eso no ocurrió, el acuerdo se concretó en la fecha estipulada. La familia Piñera se retiró de Dominga y se adjudicó en esa operación más de $21.683 millones", publicó efectivamente Bío Bío en torno a los días en que Guerra decidió sobreseer a Piñera. 

En efecto, Guerra sobreseyó a Piñera pese a saber el dato que hoy conmociona a la opinión pública y que vincula un acto administrativo del presidente (no declarar zona de reserva natural) con el enrequecimiento de su familia (la aplicación de la cláusula.

Es más, el fiscal Guerra- que en julio de este año renunció a la Fiscalía- incluso deslizó en una entrevista a La Tercera el mismo 2017 que la denuncia había tenido intereses políticos para perjudicar a Piñera.

“Es un hecho público y notorio que en las épocas electorales empiezan a abundar las denuncias y las querellas que tienen un propósito que va más allá del jurídico. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la prudencia y la claridad de adoptar nuestras decisiones en función de los respectivos procesos y no del clima electoral que se vive”, dijo Guerra en ese momento, respecto a la querella que había presentado el entonces diputado Hugo Gutiérrez (PC).

El fiscal Guerra sobreseyó a Piñera pese a saber de la cláusula asociada a realizar el pago completo a los Piñera en caso de no declararse reserva nacional el lugar. 

La orden de Abbott de volver a indagar los antecedentes de la venta de Minera Dominga remueve las aguas del Ministerio Público, que en los últimos meses se vio fuertemente cuestionado por las declaraciones del mismo fiscal nacional, quien reconoció este año haber tenido reuniones en privado con políticos procesados por financiamiento ilegal de la político con dinero de SQM y Penta, empresa del amigo de Sebastián Piñera y uno de los dueños de Minera Dominga, Carlos Alberto Délano.

Durante este lunes, diputados deslizaron la posibilidad de realizar una acusación constitucional en contra del mandatario. La bancada del Frente Amplio anunció que estudiaría las posibilidades legales para iniciar este proceso, mientras que diputados del PC, PS y algunos personeros de la DC ya han anunciado su apoyo a una eventual acusación constitucional. La acusación podría dificultarse, debido a que los hechos denunciados ocurrieron hace más de 10 años y la ley solo permite utilizar esta herramienta de fiscalización en hechos ocurridos hasta 6 meses antes de la acusación.

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Comentarios

Comentarios

Este caso debe ser investigado a fondo, es muy importante verificar si hubo algun pago a Abbot y/o Guerra u otros del poder judicial; casi me atreveria asegurar que algun tipo de recompensa recibieron, no podemos permitir que esto suceda y debemos ser duros en los castigos y acciones si queremos vivir en paz.

A esta altura del día, ya se sabe que la acusación constitucional va, y se presume que podría lograr su efecto, apartar a Piraña de la presidencia. Un punto que se debe considerar, es que la acusación no solo puede basarse en hachos que constituyen un ilícito, sino que causen perjuicio o detrimento en la dignidad del país. Y aunque se alegue que se está juzgando sobre cosa ya juzgada, en este caso el fallo debería declararse nulo y los jueces anteriores investigados.

Cual es el segundo apellido del fiscal Abbot y que relacion tiene con el choclo Gracias

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