Cosayach enfrenta la invalidación de varios de sus permisos ante el Servicio Nacional de Minería. Uno de ellos es el del método de explotación, el cual el fue suspendido a la espera de un pronunciamiento por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente.

El Servicio otorgó un permiso a Cosayach, empresa del grupo Errázuriz, con que extendió la vida útil de su planta química de yodo hasta 2030, a pesar de que ésta no cuenta con ciertos permisos ambientales para operar en el nuevo lugar donde está emplazada. La Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos.

En 2022, la justicia ordenó a Francisco Javier Errázuriz Ovalle que se retirara del terreno privado de otra minera en Pozo Almonte, el que explotó por casi tres décadas. Sin embargo, sólo trasladó la planta 150 metros hacia terrenos fiscales donde hoy opera sin contar con permisos sectoriales y con una orden de desalojo pendiente. La SMA está analizando una eventual sanción.

El ente contralor ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental subsanar una serie de definiciones en su instructivo de 2020 que favorecen este tipo de proyectos. "Son subterfugios legales", dice Patricio Herman, de Fundación Defendamos la Ciudad, la cual impugnó el documento.

ENEL e HIF retiraron su proyecto de parque eólico acusando "exigencias excepcionales" para su implementación. Sin embargo, los más de 20 oficios de diversos organismos muestran deficiencias diversas que serían objetables para cualquier industria.

Ambas profesionales fueron socias en SustentAbogadas, firma de asesoría medioambiental que en 2012 recibió $20 millones  de Caval, la empresa de Natalia Compagnon. Además, Durán fue gerenta legal de Gescam, empresa a través de la cual Durán hizo lobby ante distitntas entidades públicas, teniendo contratos con el gobierno de Michelle Bachelet mientras Uriarte era jefa de gabinete de la ex Presidenta.