Hace unos días, el Gobierno de Gabriel Boric nombró como directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a la abogada de la Universidad de Chile Valentina Durán Medina, profesional que cuenta con larga trayectoria en el área del derecho medioambiental, ligada a la docencia y también a las asesorías privadas.

Se trata de un puesto clave, considerando que la principal función del SEA consiste en la gestión del sistema de evaluación de impacto ambiental que se aplica a distintos proyectos de inversión -entre ellos, algunos de grandes empresas- para que se ajusten a la normativa con el fin de asegurar la protección del medio ambiente.

Entre los pergaminos de Durán se cuentan un máster en derecho ambiental de la Universidad de París, haber integrado la Comisión Nacional del Litio en 2014, haber sido directora de Espacio Público y además ser académica de la Universidad de Chile desde el año 2000. 

Un dato conocido sobre este bufete es que uno de sus primeros clientes fue una empresa que protagonizó uno de los escándalos políticos y judiciales más bullados de los últimos años. Se trata de Caval, la controvertida empresa de Natalia Compagnon -esposa de Sebastián Dávalos y nuera de Michelle Bachelet- que protagonizó el Caso Caval, en 2015,

Sin embargo, Durán -quien es sobrina del ex presidente Ricardo Lagos Escobar- también tiene credenciales políticas. Asesoró al gobierno de Michelle Bachelet en materias medioambientales, en particular en las negociaciones del Tratado de Escazú. 

También Durán ha tenido una estrecha relación con Ana Lya Uriarte, una de las principales coordinadoras políticas del bacheletismo, quien fue jefa de gabinete de Bachelet entre 2014 y 2018. Ambas -Durán y Uriarte- han sido parte del Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Universidad de Chile, pero también fueron socias en un bufete dedicado a asesorías medioambientales. 

Se trara de SustentAbogadas Limitada, sociedad constituída en abril de 2012 por Ana Lya Uriarte, Magdalena Atria Barros, Teresa Rey y la actual directora del SEA, Valentina Durán Medina. El objeto social del bufete declarado en su constitución consiste en “la prestación de servicios y asesorías jurídicas o legales de todo tipo; capacitaciones y asesorías diversas, especialmente, y a modo de ejemplo, en temas de medio ambiente, sustentabilidad, certificaciones, desarrollo organizacional y coaching, formulación de proyectos” entre otros. 

En la época, El Mostrador se refirió a la conformación de este bufete, mencionando que entregaría asesorías en el área de la conservación y sustentabilidad, “ofreciendo una línea en el área preventiva empresarial que apunta a cómo prevenir conflictos ambientales y cómo apoyar el cumplimiento normativo frente a la nueva institucionalidad”, según dijo particualarmente en su momento Uriarte. 

Un dato conocido sobre este bufete es que uno de sus primeros clientes fue una empresa que protagonizó uno de los escándalos políticos y judiciales más bullados de los últimos años. Se trata de Caval, la controvertida empresa de Natalia Compagnon -esposa de Sebastián Dávalos y nuera de Michelle Bachelet- que protagonizó el Caso Caval, en 2015, en el que se investigaron los delitos de tráfico de influencias y corrupción.

Según una publicación de La Tercera, SustentAbogadas fue contactada por Mauricio Valero, socio de Compagnon. La empresa terminó contratada por alrededor de cuatro meses en 2012, “durante los cuales realizaron diversos informes sobre materias medioambientales”, además de “realizar el análisis de factibilidad del traspaso de la concesión de un proyecto energético ubicado en la Región del Bio Bio”, el cual “específicamente, se trataba de una central termoeléctrica, la que Caval -en un rol intermediario- estaba explorando ofrecer en venta”. 

Según la publicación, por todas estas labores, “Caval canceló a SustentAbogadas cerca de $20 millones a través de dos facturas fechadas al 31 de julio de 2012”.

Consultora ambiental Gescam

Otro dato a consignar respecto de la nueva directora del SEA, es que según consta en su currículum fue gerenta legal de la empresa Gescam (Gestión de la Calidad Ambiental) entre los años 2011 y 2015. 

Como tal, a Valentina Durán le tocó representar los intereses de proyectos de distintas empresas en audiencias con autoridades públicas, tales como inmobiliarias, una minera y también una empresa dedicada al reciclaje industrial de residuos de plomo en batería, denominada RAM. Esto lo realizó también después de salir de la empresa en 2015, cuando se desempeñó como asesora externa de la firma.

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Fuente: Infolobby.cl

En 2016, Emol publicó un artículo en el que aborda el lobby realizado por Durán en favor del negocio del reciclaje de plomo, en el que señala, además, que su planta ubicada en Calama debió cerrar pues se encontraron niveles altos de plomo en las cercanías de la infraestructura.

Según datos disponibles en Mercado Público, dicha empresa consiguió numerosos tratos con organismos públicos durante el gobierno de Michelle Bachelet, mientras Ana Lya Uriarte era su jefa de gabinete. 

Durante todo el gobierno de Bachelet, Gescam tuvo tratos con organismos públicos por $1.114.548.799, sin embargo varios de esos tratos corresponden a municipalidades (revisar tabla en adjuntos).

De cualquier forma, $360.480.000 de ese monto fueron obtenidos por tratos con la Subsecretaría de Medio Ambiente, cuando Marcelo Mena era subsecretario. Dos de esos tratos ocurrieron entre 2014 y 2015, mientras Durán era parte de Gescam, correspondientes a pagos por $15.980.000.

INTERFERENCIA se comunicó con Valentina Durán para consultarle por su desempeño en SustentAbogadas y también en Gescam, en especial respecto de eventuales conflictos de interés debido a sus asesorías.

Durán señaló en respuesta que *en mi rol de directora ejecutiva del SEA, de verificarse alguna causal de inhabilidad o eventual conflicto de interés, no dudaré en abstenerme de intervenir, conforme a los principios de probidad y a la normativa vigente".

Además, Durán señaló respecto de Caval que "no he prestado servicios profesionales a la empresa Caval. Pertenecí al estudio jurídico Sustentabogadas que en el año 2012 asesoró a Caval, en una asesoría de público conocimiento y que estuvo en regla tanto de un punto de vista profesional como tributario. No tuve ninguna asignación de tareas específicas en dicha asesoría".