Mauricio Parra, quien fue el último productor ejecutivo del programa de conversación, denuncia que el canal privado incumple las sentencias laborales alcanzadas en los tribunales, y pide judicialmente el embargo de las señales de transmisión de la estación televisiva ante la política sistemática del canal privado de eludir su responsabilidad a decenas de trabajadores por alrededor de $500 millones.

A la precaria situación de sus trabajadores se suman antecedentes contra el dueño del canal, conocido como “el Fantasma”, por infringir la cláusula antimonopolios de la ley de televisión al ser propietario de dos canales de televisión al mismo tiempo y de manera fraudulenta: La Red y Telecanal. El CNTV fue oficiado para investigar el caso.