La declaración de César Neira indicó que el Ejército estuvo al menos cuatro meses en los alrededores del despacho de Romy Rutherford en 2019, cuando ella investigaba a la institución castrense. El objetivo, según Neira, era “identificar e informar quienes eran las personas que ingresaban al edificio, para establecer o descartar si estaban vinculados al caso de desfalco denominado ‘Milicogate’ y si estas personas se encontraban en el listado de nombre que nosotros manejábamos”.

La Justicia Civil absolvió al ex comandante en jefe por lavado de activos, pero estableció malversación de caudales públicos, un delito que investiga la Justicia Militar. Se acreditó el uso de $10 millones mensuales para su casa, $6 millones al mes para uso personal, viáticos improcedentes de hasta US$3.000 y un maletín con $120 millones en efectivo cuando dejó su cargo.

El alto tribunal rechazó una solicitud del Consejo de Defensa del Estado que buscaba mantener a la jueza en el caso por otros seis meses. El CDE argumentaba que aún quedaban 67 órdenes de investigar pendientes, pero el tribunal desestimó la petición. El 4 de septiembre deberá dejar su cargo en el caso por fraude donde ha encausado a 68 uniformados.

Es parte del comité administrativo de un edificio que un numeroso grupo de vecinos busca remover hace más de un año, acusando una pésima gestión. Un Juzgado de Policía Local ordenó realizar una asamblea y entregar cuentas, pero la administración apeló a esa decisión, de manera que ese recurso se encuentra en trámite en la Corte de Santiago, donde Osorio es ministra. Además, la administración se querelló contra un grupo de vecinos que hizo una asamblea extraordinaria.