Durante las próximas semanas se conocerá la decisión del tribunal de alzada, al cual recurrió el ex subsecretario del Interior y actual asesor de presidente Sebastián Piñera, con tal de revertir el fallo de primera instancia que determinó que su compra en Pucón no estuvo apegada a la ley.

La abogada de CIDSUR representa a los hermanos Jorge, Jaime y Rodrigo Huenchullán, y a Armando Henriquez, quienes demandaron al Estado por 2.000 millones por haber sido detenidos e imputados a través de falsificación de pruebas, en el marco de la Operación Huracán en 2017 por las acciones de Carabineros y el Ministerio Público.

Para distintos fines, la Ley de Inteligencia y el Código Penal permiten esta medida intrusiva, siempre con la aprobación de jueces. Pese a lo delicado de estas acciones, distintos magistrados las han autorizado en circunstancias muy inapropiadas, como se supo recientemente que pasó con el periodista Mauricio Weibel, quien fue espiado mientras investigaba el Milicogate.

José Queipul -comunero de Temucuicui- recibió un disparo de Carabineros en la pierna y actualmente está hospitalizado. Los policías dejaron la cámara GoPro en la guantera y el mapuche está en prisión preventiva después de la querella presentada por el abogado del gobierno, Reinaldo Osorio, quien ha sido cuestionado por también ejercer para la Corte de Apelaciones de Temuco, en un claro conflicto de intereses.

Reinaldo Osorio, quien fuera representante del gobierno con Bachelet y Piñera en el caso Luchsinger-Mackay, fue designado en enero como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Temuco. En paralelo sigue trabajando para el gobierno regional.