A contar de hoy, la magistrada deja de indagar la causa, pero el 31 de agosto pasado envió al 7º Juzgado de Garantía una resolución de incompetencia acompañada de un informe de la Brigada Anticorrupción de la PDI, que consta de 189 páginas, y que revela Interferencia.

El alto tribunal rechazó una solicitud del Consejo de Defensa del Estado que buscaba mantener a la jueza en el caso por otros seis meses. El CDE argumentaba que aún quedaban 67 órdenes de investigar pendientes, pero el tribunal desestimó la petición. El 4 de septiembre deberá dejar su cargo en el caso por fraude donde ha encausado a 68 uniformados.

De no mediar su renuncia, Ricardo Martínez habría sido el único comandante en jefe activo inculpado en el Milicogate y eventualmente detenido en esa condición. El general tuvo que renunciar a días del cambio de mando de la Comandancia en Jefe del Ejército, y a horas de declarar como imputado ante la ministra Romy Rutherford.

En su declaración judicial realizada el pasado 14 de septiembre, y a la cual tuvo acceso INTERFERENCIA, el ex comandante en jefe del Ejército aseguró que todo lo que se hizo en el caso del Fondo de Ayuda Mutua (FAM) se “ajustaba a la legalidad”. La fiscalía indaga gastos irregulares por más de 3.500 millones de pesos para cubrir el desfalco de esa entidad privada de ahorro tipo “Cutufa”, que descontaba dinero a los militares a través de sus planillas de pago.