El 2017 estalló el llamado caso FAM, el Fondo de Ayuda Mutua al cual oficiales y suboficiales del Ejército dieron vida en 1950, y que con el paso del tiempo y la falta de supervisión se convirtió en una especie de estafa piramidal como la ocurrida a comienzos de los años 90 con la Cutufa del ex CNI Patricio Castro.

El FAM no era un fondo de ahorro individual o colectivo oficial. Más bien se trataba de una entidad al margen del Ejército, pero que oficialmente descontaba los aportes de los militares por planilla en la IV Zona militar de Aysén. A los participantes se les prometía que al momento del retiro recibirían montos no menores a 8 millones de pesos extra si se trataba de un militar con 20 años de servicio, y montos proporcionales en caso de menos o más años en la institución (ver foto 1).

Sin embargo, a poco andar este fondo FAM comenzó a tomar otro rumbo y, como había reunidas grandes sumas de dinero, las administraciones decidieron dar préstamos de auxilio, realizaron pagos no acreditados y, finalmente, el dinero completo se esfumó y la caja pagadora se vació. Así comenzaron los problemas, pues militares que habían ahorrado por décadas mensualmente querían su dinero de vuelta y no había fondos para devolverlo.

El malestar entre las tropas comenzó en 2005, y en 2007 el entonces comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, decidió cortar el tema de raíz y devolver los dineros a los afectados para apaciguar las crecientes críticas internas, pese a que el FAM no era oficialmente una institución castrense.

“Los más afectados fueron los suboficiales, por eso la tropa comenzó a reclamar. Ellos no reciben los mismos beneficios que los oficiales y contaban con el dinero que se había esfumado. Dudo que algún oficial de la zona haya quedado sin dinero, esta fue una estafa piramidal”, señala una alta fuente castrense.

Cada militar víctima de la estafa recibió 2.500 pesos. Era todo el dinero que quedaba en el FAM. Fue ahí cuando el alto mando configuró la solución de pagar una deuda privada con fondos públicos.

Por esta razón, se formó una comisión especial para evaluar la mejor forma de hacerlo. Según el testimonio judicial de Izurieta, está comisión estuvo integrada por miembros del alto mando como el general Alfredo Ewing Pinochet, y el entonces auditor general del Ejército general Juan Arab Nessrallah (fallecido en 2010), entre otros.

A la solución que llegó esta comisión del alto mando fue reponer el dinero adeudado a través de asignaciones, bonos y el aumento de servicio por hasta tres años. Así también se readmitieron a militares en retiro y se les asignaron comisiones de servicios como ir a comprar al Parque Arauco, con las cuales se abultan sus ingresos mensuales. Son estas prácticas para pagar las deudas de la FAM las que configuran el ilícito que hoy se investiga, y en el cual el propio Izurieta y otros altos oficiales se encuentran formalizados.

Antes de montar todo este esquema de repago mediante comisiones y rendición de gastos sui generis,  la Contraloría le había exigido al Ejército devolver lo que quedaba en las arcas del FAM. Así, cada militar víctima de la estafa recibió 2.500 pesos. Era todo el dinero que quedaba. Fue ahí cuando el alto mando configuró la solución de pagar una deuda privada con fondos públicos.

El 14 de septiembre de 2020 Oscar Izurieta declaró como imputado ante la fiscalía, testimonio al cual tuvo acceso INTERFERENCIA. Al ser consultado sobre los descuentos de salarios destinados al FAM, y sobre dónde se encontraban almacenados, el ex jefe del Ejército señala que en “una cuenta de fondos internos de la IV División del Ejército”, con lo que confirma que la institución fue el mediador entre FAM y los abonados a este sistema privado. Izurieta aseguró además que esta práctica era antigua y conocida en la institución, pese a que, en declaraciones posteriores en esta causa, sus antecesores señalaron desconocer la existencia del FAM.

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Documentos oficiales que muestran cómo serían devueltas las plantas adeudadas

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Documentos oficiales que muestran cómo serían devueltas las plantas adeudadas

También agrega que en 2007 solicitó un informe técnico a una comisión especial la cual discutió la mejor forma de devolver ese dinero. “Es obligación del mando mantener la moral alta de la gente, esto ya tenía connotación pública, se expandió en la Región de Aysén, actitud que era negativa para la institución, lo que generaba un problema estratégico ya que esa zona requiere operacionalidad bastante alta, por lo que el mando no podía permitir el malestar con la institución. Había dos opciones: no hacer nada y que terminara esto en cualquier cosa o tomar acciones. Yo como comandante en jefe decidí tomar acciones”.

Además, agrega que luego de varios intentos por encontrar una salida, en junio de 2008 se decidió implementar una forma de pago: “se trataba de actividades militares autorizadas que traían beneficios económicos dentro de las leyes y reglamentos, y también de un apoyo en su formación profesional”.

Ciertamente, a lo que se refiere Izurieta es a cursos en Inacap pagados por el Ejército como forma de indemnización para los afectados, así como también a las asignaciones, bonos y comisiones internacionales en misiones de paz a Haití, Bosnia y Chipre, las cuales eran pagadas en dólares y a muy alto precio por día. Según Izurieta esto se autoriza en el DFL1 artículo 126, lo cual permitía actuar bajo “legalidad vigente”. Sin embargo, al ser consultado por los fiscales si sabía en qué norma legal se señalan los requisitos que menciona y que avalan esta práctica, Izurieta dijo: “no lo sé”.

Los dineros utilizados en pagos de remesas extraordinarias a la IV de Aysén fueron acreditados como gastos del plan de Cultura y Clima del Ejército. Así se disfrazaron para no ser detectados por Contraloría. La entrega de estos planes era determinada por la oficina de finanzas en conjunto con el Comandante en Jefe. Sin embargo, Óscar Izurieta niega haberlo dispuesto, lo que se contradice con otros testimonios realizados en fiscalía.

En su declaración judicial el ex comandante en jefe justificó lo realizado señalando que: “Las medidas se tomaron por una imperiosa necesidad de carácter estratégico de moral del personal y de imagen de la institución, y finalmente todas se cumplieron dentro del marco presupuestario de la institución, la que elevó anualmente los balances estructurales respectivos y que fueron aprobados por el Ministerio de Defensa y la Contraloría General de la República”.

Tanto el ministerio de Defensa como la Contraloría de la época han asegurado reiteradamente que esos dineros y para esos fines no fueron aprobados por ellos. Tal como informó el diario El Mercurio ayer, en los próximos días la fiscalía de Aysén imputará en total a 800 militares y ex militares por el delito de fraude al fisco en esta madeja que recién comienza a desenredarse.

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Declaración de General Óscar Izurieta