En 2021, ProCultura presentó un proyecto para transformar la vivienda de la poetisa en Coquimbito en una casa museo. La propuesta recaudó $247 millones y la Municipalidad de Los Andes y el GORE apoyaron su realización. La iniciativa fracasó con el destape del Caso Convenios, y ahora el CDE y familia penquista solicitaron su embargo.

Pese a que los antecedentes surgieron hace dos años, aún no hay formalizados en la arista más cuantiosa del Caso Convenios. Escuchas ilegales, dos fiscales removidos y persecutoras vinculadas a uno de los investigados, son algunos de los episodios que ha protagonizado el Ministerio Público.

En junio de 2023 una funcionaria denunció irregularidades en uno de los cuatro convenios de Irade con el Gore Biobío –que en total ascienden a $2.397 millones–. Cinco meses después, el funcionario del Consejo de Defensa del Estado y esposo de la fiscal Marcela Cartagena, Álvaro Sepúlveda, prestó servicios a la corporación cuestionada.

En Concepción nunca se abrió una investigación sobre ese caso y Paul Esquerré, es dueño de una consultora implicada y miembro de una de las familias más influyentes de esa ciudad. La persecutora asegura que se inhabilitó de causas vinculadas a esa familia, pero un correo da cuenta que solicitó datos relacionados al personaje.

El reporte técnico -enviado a Fiscalía en junio- estableció que un cable “que se encontraba desnudo” entró en contacto con un eucalipto, produciéndose un arco eléctrico que dio inicio al siniestro. A raíz de los 17 fallecimientos en el desastre se ordenó una serie de allanamientos a Coelcha y Grupo Saesa.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, dejó a Marcela Cartagena a cargo de la investigación de la muerte del niño, esto después de dos semanas en que el fiscal de Arauco, José Ortiz, dejara en mal pie el trabajo del Ministerio Público. La decisión llama la atención, puesto que la fiscal no se había pronunciado pese a ser la superior jerárquica de Ortiz.