A fines de 2021 Naciones Unidas pidió a nuestro país un informe sobre víctimas de mercenarios. Defensa respondió en enero de este año que no existen experiencias de este tipo, basándose en un reporte del EMCO que indicaba que “no hay evidencia” de éstos y que hechos en la Araucanía “deben ser considerados (...) delincuencia común”.

Esta semana fue noticia otra muestra más de la impunidad del financiamiento ilegal de la política, cuando la Fiscalía decidió no perseverar la investigación contra 34 políticos investigados. Como quedan algunas semanas para la inscripción de candidaturas presidenciales y parlamentarias, la pregunta que ronda en el ambiente es ¿con quién aparecerán en la foto los involucrados en los múltiples casos de financiamiento irregular?

Un ex detective antinarcóticos, que aún es funcionario activo, lleva seis años denunciando a una camarilla de policías de Arica a los que acusa de orquestar el asesinato de un informante que los iba a delatar por narcotráfico y corrupción. La PDI nunca ha remitido las denuncias al Ministerio Público, pese a que la ley la obliga, levantando la sospecha de encubrimiento.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, dejó a Marcela Cartagena a cargo de la investigación de la muerte del niño, esto después de dos semanas en que el fiscal de Arauco, José Ortiz, dejara en mal pie el trabajo del Ministerio Público. La decisión llama la atención, puesto que la fiscal no se había pronunciado pese a ser la superior jerárquica de Ortiz.