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Martes, 20 de abril de 2021
Acusación

Narcos-Chile: el caso de un grupo de policías corruptos que complica al alto mando de la PDI

Laura Landaeta

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Héctor Espinosa, director general de la PDI
Héctor Espinosa, director general de la PDI

Un ex detective antinarcóticos, que aún es funcionario activo, lleva seis años denunciando a una camarilla de policías de Arica a los que acusa de orquestar el asesinato de un informante que los iba a delatar por narcotráfico y corrupción. La PDI nunca ha remitido las denuncias al Ministerio Público, pese a que la ley la obliga, levantando la sospecha de encubrimiento.

La noche del martes 21 de abril de 2015 Alex Alberto Cuevas González fue acribillado en la entrada de su casa en la Villa Pomerape, un barrio de clase media en Arica. No alcanzó a bajarse del auto. Su hijo de tres años, que lo acompañaba, sufrió dos impactos de bala y sobrevivió pese a heridas de gravedad.

Alex Cuevas, de 30 años, era líder de un cartel que traía drogas desde Bolivia, Perú y Paraguay para distribuir en las ciudades del norte grande. Tenía antecedentes policiales por homicidio. Todo parecía indicar que su asesinato era un ajuste de cuentas entre bandas rivales.

Sin embargo, Cuevas también era informante de la PDI y trabajaba desde 2009 con el detective Patricio Sánchez. El narco llevaba varios meses reuniendo información para desbaratar una presunta red de policías corruptos que transaban drogas, autos de alta gama y dinero en efectivo con bandas delictuales a cambio de prestarles seguridad e impunidad.

“Un día decidió no pagar por esa protección y terminó muerto”, afirma Patricio Sánchez, quien sigue activo y lleva 15 años en la institución policial.

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Detective Patricio Sánchez
Detective Patricio Sánchez

El detective Patricio Sánchez es oriundo de Victoria, en la Araucanía, pero hizo sus estudios secundarios en un liceo de Arica. Ahí coincidió con Alex Cuevas. Cuando en 2009 la PDI lo asignó a la Brigada Investigadora de Robos de esa ciudad, logró reclutar a su ex compañero de colegio como informante. Dos años después, cuando el policía fue asignado a la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de esa ciudad, se llevó consigo a Cuevas.

Sánchez asegura que en los años en que el fallecido trabajó como informante suyo, ayudó en varias investigaciones. Así fue al menos hasta 2013, año que el detective fue trasladado a la Brigada Investigadora de Robos en Valparaíso. Tras la partida de Sánchez, Alex Cuevas habría seguido como informante de la PDI, al menos durante algún tiempo, pero a cargo de otros detectives. Y es sobre estos últimos que recaen una serie de acusaciones graves.

“Nuestra familia es grande”

Faltaban pocos minutos para la medianoche ese 21 de abril cuando, acompañado de su pareja y sus hijos pequeños, Alex Cuevas llegó conduciendo a su casa. Venía del aeropuerto después de haber estado unos días en Perú. Al llegar a la entrada fue interceptado por desconocidos que le dispararon siete veces. Cuevas sólo alcanzó a abrir la puerta de su vehículo y cayó muerto sobre la vereda.

“Un día decidió no pagar por esa protección y terminó muerto”, afirma el detective Patricio Sánchez.

Según la investigación posterior, esa noche el narcotraficante e informante era seguido de cerca por detectives de la Brigada Antinarcóticos de la PDI pues era considerado un “blanco de investigación”. Por eso, los detectives fueron los primeros en llegar al sitio del suceso, incluso antes que Carabineros.

A sólo ocho días del crimen, la investigación de la fiscalía y de la propia PDI logró esclarecer el homicidio. Los autores eran dos sujetos con amplio prontuario policial: Abraham Alzamora Fernández, “El Laucha”, y el entonces menor de edad J. A. G., “El Chispa”. Ambos confesaron y fueron condenados a 10 y 25 años, respectivamente.

“La investigación realizada en tiempo récord, incluyó interceptaciones telefónicas y seguimientos”, informaba el 30 de abril de 2015 el medio Arica al Día. “La PDI detuvo a cinco personas, entre ellos los dos autores del homicidio, (y) además incautó el arma utilizada en el crimen, 4 escopetas, droga y abundante munición”, constató ese medio.

La rápida resolución fue llamativa. Sin embargo, había muchas otras cosas y detalles que, pensaba el detective Sánchez, no cuadraban. Su primera duda: ¿por qué si el fallecido era informante de la institución, estaba en una nómina de “blancos de investigación”?

En el mundo policial es sabido que uno de los artilugios que ocupan los funcionarios es inscribir a sus protegidos en una nómina del sistema de gestión policial (GEPOL) como blanco de investigación y no como informante. De esta forma siempre deben ser alertados si otro policía decide ir tras ese delincuente, pues quedan con una especie de “exclusividad”. A esta práctica le llaman “la Protección” y puede operar como una forma de blindaje para los delincuentes, ya que les permite ir siempre un paso más adelante de cualquier gestión policiaca legitima. Por eso cuando Sánchez se da cuenta que su informante había quedado en esa calidad, dudó.

Pocas semanas antes de ser ultimado a tiros, el informante Alex Cuevas puso un recurso de amparo en contra de cuatro miembros de la brigada antinarcóticos de la PDI..

Sus aprensiones crecieron cuando familiares y el círculo cercano del fallecido le contaron que Alex Cuevas habría recibido amenazas de detectives de la unidad de antinarcóticos. ¿La razón? Cuevas se habría aburrido de las constantes exigencias y chantajes de los policías antinarcóticos y estaba decidido a delatarlos ante la justicia por extorsión y tráfico de drogas.

De hecho, pocas semanas antes de ser muerto a tiros, Cuevas habría puesto un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Arica en contra de esos funcionarios. Así lo aseguraron en su momento varios de sus familiares y el propio abogado de Cuevas. Por cierto, todos ellos terminaron presos por asociación ilícita, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego en enero de 2017 tras una investigación de la fiscalía y las brigadas de Lavado de Activos y Antinarcóticos de la PDI.

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Primera página de la primera denuncia entregada al Fiscal Nacional Jorge Abbot por el detective Patricio Sánchez
Primera página de la primera denuncia entregada al Fiscal Nacional Jorge Abbot por el detective Patricio Sánchez

Sánchez decidió hacer averiguaciones por su cuenta. Entrevistó a diversos involucrados, familiares, vecinos, conocidos y amigos de su ex informante, y descubrió muchos cabos sueltos en la investigación. Por ejemplo: la PDI retuvo las cintas de las cámaras de vigilancia de la zona donde se produjo el asesinato, y durante el juicio en contra de los dos hombres sindicados como autores materiales del crimen sólo se mostraron algunos fragmentos (era un extracto de pocos segundos donde se apreciaban imágenes borrosas de los autores de los disparos). Otro ejemplo: un testigo clave de los hechos, un hombre que llevó al hijo de Alex al hospital, no fue citado a declarar en el juicio. La PDI señaló que se tomó testimonio a pocas horas del suceso, pero este material nunca llegó al tribunal.

Además, ¿cómo se enteraron los sicarios el día y hora que Cuevas y su familia volverían del extranjero?

Pero el detective Sánchez se llevó una sorpresa aún mayor cuando se enteró que los dos inculpados reconocieron abiertamente haber planificado el asesinato, lo cual claramente agravaba sus condenas. Y eso que supuestos testigos presenciales del crimen, que reconocieron a ambos hombres como los autores en una rueda de identificación realizada por la PDI, no pudieron identificar y reconocerlos cuando estuvieron en el estrado.

Entre el material que la familia le pasó al detective Sánchez varios meses después del crimen, estaba un mensaje de texto rescatado del celular de la pareja de Cuevas. Ella lo recibió el 15 de marzo de 2015, cinco semanas antes del homicidio. Según le contó al detective, fue este mensaje el que motivó a Alex Cuevas a presentar el recurso de amparo, pues temía por la integridad de su familia.

El mensaje decía:

Mira Patricia Espinoza, dile al “delincuente” de tu pareja o ex lo que sea que si se queja contra nuestro colega mañana nosotros lo vamos a encargar de cagarlo… a él o a ti… dale el mensaje de narcóticos… los vi de frente con su abogado de tercera, en la comisaría hace 30 minutos. Estamos? Nuestra familia es grande.

Oídos sordos

El 2 de febrero de 2016 Patricio Sánchez presentó la primera denuncia interna por el asesinato de su ex informante. En esta expuso varias de las incongruencias investigativas y los antecedentes de que Alex Cuevas había sido amenazado por detectives de la unidad antinarcóticos. Y remitió la información también al Departamento Quinto, la unidad a cargo de asuntos internos.

Desde 2016 la PDI estaba al tanto de este caso y, en lo que podría constituir un acto ilegal, no presentó debidamente los antecedentes al ministerio público.

El subcomisario Marcelo Bartheld de asuntos internos entrevistó a Sánchez para dar seguimiento a los antecedentes que había reunido. Pero según el detective no parecía ponerle mucho empeño, ya que ni siquiera mandó a analizar el teléfono en el que la mujer de Cuevas recibió la amenaza.

En esta denuncia, a la que INTERFERENCIA tuvo acceso, Sánchez señaló además las exigencias que le imponían los supuestos detectives corruptos al fallecido a cambio de obtener la protección de la brigada antinarcóticos de Arica. Entre estas no sólo figuraba un pago mensual en efectivo, sino también vehículos de alta gama. Al principio el narcotraficante e informante accedió a las peticiones,  pero con el tiempo se aburrió de lo que consideraba un chantaje y amenazó a los detectives que los “denunciaría por corruptos”.

 

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Denuncia en Fiscalía en contra del director nacional de la PDI, Héctor Espinosa, por encubrimiento de los funcionarios previamente denunciados por el detective Patricio Sánchez.
Denuncia en Fiscalía en contra del director nacional de la PDI, Héctor Espinosa, por encubrimiento de los funcionarios previamente denunciados por el detective Patricio Sánchez.

Sánchez dice que Cuevas y su familia tuvieron varios incidentes con estos detectives. Dos de ellos ocurrieron en pub-discoteques de la ciudad, donde el fallecido y su hermano Reynaldo Cuevas incluso se trenzaron incluso a golpes con uno de los detectives denunciados.

La denuncia de febrero de 2016 llevó a que se instruyera el sumario administrativo 309-2016 de la Prefectura Provincial Valparaíso, a cargo del fiscal Prefecto (R) Pablo González Cabrera. Pero tras entrevistar al denunciante, el 29 de junio de ese año, el prefecto lo suspendió de sus funciones policiales por casi 17 meses. “Supuestamente temía que algo malo me pasara”, señala Sánchez. Sin embargo, con ello el fiscal policial contravino la ley 20.205 sobre la protección a denunciantes, toda vez que también le rebajó en 20% su sueldo.

Pasados los 17 meses la PDI le anunció su separación de la institución por faltas administrativas, entre estas hacer diligencias con licencia médica y no darle cuenta a su superior de su salida del hogar. Sánchez presentó un recurso de apelación, el cual fue acogido, y permanece hasta hoy en la institución policial. “Pero nada volvió a ser lo mismo”, dice. 

Pese a lo que parece ser una persecución en su contra, el detective nunca ha aflojado y a lo largo de estos años ha presentado al menos 10 denuncias internas en contra del grupo de policías corruptos que estarían detrás del asesinato de Alex Cuevas. Sin embargo, ninguna de sus denuncias fueron enviadas fiscalía como lo obliga y consigna el código procesal penal en los artículos 173, 174, 175 y, en especial el 84 que estipula: “Recibida una denuncia, la policía informará inmediatamente y por el medio más expedito al ministerio público”.

INTERFERENCIA expuso estos antecedentes a la PDI en una reunión sostenida el jueves pasado con representantes de los departamentos jurídico, comunicaciones y asuntos internos en las oficinas centrales en la calle General Mackenna de Santiago.

Los funcionarios sólo reconocen tres denuncias propiamente tales, y dicen que los sumarios respectivos concluyeron con el cierre del caso por no haber antecedentes contundentes que puedan hacer sospechar de los detectives cuestionados. Las restantes denuncias, afirman, son “sólo comunicaciones informales”. Cuando se les asegura que varias de esas “comunicaciones informales” están timbradas y recepcionadas por la institución, uno de ellos señala: “un timbre de la PDI lo tiene cualquiera”.

Uno de los policías inculpados por Sánchez le ofreció 300 millones de pesos a cambio de que desistiera de sus denuncias.

Más allá de cualquier tecnicismo, desde 2016 a la fecha la PDI estaba perfectamente al tanto de este caso y, en lo que podría constituir un acto ilegal, no presentó debidamente los antecedentes al ministerio público.

Según la PDI, sólo una vez, el 27 de septiembre de 2018, la institución remitió a la fiscalía de Arica las denuncias de Sánchez. Al ser consultados por qué no se remitió antes los antecedentes expuestos por el detective dada la potencial gravedad, los funcionarios que recibieron a este medio dijeron no manejar esa información y se comprometieron a averiguar la razón. Hasta el cierre de esta edición ello no ha sucedido.

Sin embargo, el detective señala que eso tampoco sucedió. Sánchez solicitó a Fiscalía que confirmara haber recibido los antecedentes. Fiscalía responde por escrito: “Los antecedentes en comento no se encuentran agregados a la carpeta de investigación”.

La PDI insistió en que sí lo había hecho y aseguró a INTERFERENCIA: “Los antecedentes fueron entregados por mano a la fiscalía de Arica por el Subcomisario Marcelo Bartheld el 10 de octubre de 2018”.

Lo mismo le dijeron al detective Sánchez. Cuando este los confrontó con el escrito de fiscalía que aseguraba que no venía ninguna documentación en la denuncia, el curso de las respuestas tomó un curso kafkiano. La primera contestación de la PDI fue decir que esa denuncia no existía en sus archivos. Cuando Sánchez les dijo que no solo existía, sino que él mismo había sido interrogado por el subcomisario Bartheld, la explicación de por qué nada había llegado a la fiscalía fue otra. “Según lo informado por el Departamento V, de acuerdo a lo expuesto en dicha declaración, personal de ese departamento efectuó las diligencias correspondientes mediante las cuales no se logró establecer la veracidad de los hechos expuestos en su declaración, por lo anterior, no se remitieron estos antecedentes al ministerio público”, le contestó la PDI el 23 de junio de 2020.

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Cuenta escrita en la cual el detective Sánchez denuncia ofrecimiento de 300 millones de pesos por su silencio de parte de otro funcionario de la institución, la denuncia se acompaña con evidencia de llamada recibida por WhatsApp.
Cuenta escrita en la cual el detective Sánchez denuncia ofrecimiento de 300 millones de pesos por su silencio de parte de otro funcionario de la institución, la denuncia se acompaña con evidencia de llamada recibida por WhatsApp.

El 2 de marzo del año pasado Patricio Sánchez envió la denuncia directamente al director general Héctor Espinosa. En esta se lee:

“Vengo a interponer una denuncia que eventualmente podría ser constitutiva de delito en contra de todos quienes resulten responsables conforme a los siguientes antecedentes: (…) Que los supuestos hechos delictivos y faltas a la probidad administrativa que involucran a funcionarios debidamente singularizados de la institución corresponden al comisario Eduardo Gatica Duarte, de dotación de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur, a los subcomisarios Mauro Díaz Carrasco y Elfio Mosqueira Román de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de Arica y el Subcomisario Marco Vergara Suazo de dotación del Departamento de Extranjería de Arica”.

Un perseguidor perseguido

A fines de julio de 2018 el detective Sánchez se dio cuenta que fuera de la casa de su familia en Arica merodeaba un auto negro sospechoso, dentro del cual había un individuo de aspecto dudoso. Al verificar su identidad se percató de que se trataba de un informante de los detectives de la PDI a quien Sánchez acusaba de orquestar el crimen. Cuando lo encaró, este huyó, pero Sánchez lo siguió por varias cuadras. Era de mañana y la calle estaba concurrida, el policía cree que por esta razón el asunto no pasó a mayores.

Semanas después, el detective Sánchez se dio cuenta que fuera de su casa en Arica se estacionan unos autos que no son del barrio. La patente arrojó que uno de ellos es de la unidad antinarcóticos de la PDI.

Días después, el 7 de agosto, el detective Sánchez recibió un llamado al whatsapp personal de Mauro Díaz Carrasco, uno de los funcionarios a quien acusa de corrupción, tráfico de drogas y estar involucrado en el homicidio de Cuevas. Según Sánchez, el policía le ofreció 300 millones de pesos a cambio de desistir de las acciones en contra de él y sus compañeros. El detective le contestó que no y colgó.

Ofuscado, al poco rato le envió un mensaje de texto en que acusaba a Díaz Carrasco de corrupto y asesino. Unos días después interpuso ante su jefatura una denuncia por soborno en contra de Díaz. Sin embargo, en forma casi simultánea este había interpuesto una denuncia en contra de Sánchez por amenazas.

La PDI inició un sumario por la denuncia de Díaz y, esta vez sí, remitió los antecedentes al Ministerio Público a las 24 horas de haberlos recibido. La fiscalía resolvió que no era constitutivo de delito, pero la institución policial decidió sancionar a Sánchez. Respecto de la denuncia por soborno que pesa en contra de Díaz, la PDI no inició ningún acto administrativo y tampoco remitió el caso a la fiscalía asegura Sánchez.

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En la primera imagen, la PDI informa haber entregado antecedentes a Fiscalía por denuncia de funcionario. En la segunda, Fiscalía señala no haber recibido dichos antecedentes.
En la primera imagen, la PDI informa haber entregado antecedentes a Fiscalía por denuncia de funcionario. En la segunda, Fiscalía señala no haber recibido dichos antecedentes.

Semanas después, el detective Sánchez se dio cuenta que fuera de su casa en Arica, donde reside actualmente, siempre se estacionan unos autos que no son del barrio. Fotografió uno de ellos y buscó en el registro de propietarios de vehículos. La patente arrojó que pertenecía a la unidad antinarcóticos de la PDI.

Carta de la PDI a INTERFERENCIA

La noche del jueves 11 de marzo, en conocimiento de nuestra investigación periodística dada la reunión sostenida al mediodía en el cuartel de la calle General Mackenna, la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos de la PDI nos hizo llegar el siguiente escrito (se reproduce de manera íntegra):

En relación al requerimiento de información en torno a las denuncias realizadas por el Inspector Patricio Sánchez González, quien asevera que cuatro oficiales de esta policía tendrían relación con la muerte de un supuesto “informante” de la PDI en Arica, el año 2015, se aclara lo siguiente:

1.       El homicidio de Alex Cuevas González, de 30 años, acaecido en esa ciudad, fue cometido por Abram Alzamora Hernández y el entonces menor de edad J.L.A.G, de acuerdo con el juicio realizado ante el Tribunal Oral en lo Penal de Arica. El fallo de primera instancia (causa RIT 138-2016) fue recurrido de nulidad y la Corte de Apelaciones de la misma ciudad dejó la sentencia a firme. En el fallo no existe mención alguna a los cuatro oficiales que el inspector Sánchez ha mencionado en diferentes instancias, ni la defensa de los imputados tampoco expuso algún hecho semejante. Por ende, es completamente falso que haya habido personal de la PDI implicado en este hecho.

2.       No existe registro que Alex Cuevas González fuera informante de la PDI.

3.       Las reiteradas denuncias que el inspector Sánchez ha formulado en contra personal de la PDI de Arica, de superiores y de distintas autoridades, por medio de reclamos, solicitudes de transparencia, correos electrónicos y otras vías, han sido debidamente canalizadas.  Producto de ellas existieron numerosos actos administrativos donde se descartó responsabilidad administrativa de los funcionarios denunciados. En el ámbito judicial existe una investigación penal cerrada con sobreseimiento definitivo por cuanto no existen elementos para imputar delitos de ningún tipo asociados a los hechos denunciados por Sánchez (RUC: 1800837264-7) y otra que aún se tramita en la Fiscalía Local de Arica RUC: 1800818555-3, reagrupada en el RUC 1801149391-9.

4.       A la fecha, el inspector Sánchez se encuentra con licencia médica prolongada desde hace cinco años, buscando mantener su permanencia en la institución a fin de lograr beneficios previsionales, ya que se le diagnosticó una enfermedad que intentó hacer pasar como enfermedad profesional y que la comisión médica en su momento determinó como enfermedad común. Además, se encuentra con dos sumarios con medida de separación, por cometer graves faltas y transgredir el principio de probidad administrativa. Es importante señalar que ambos se encuentran en el último trámite ante la Contraloría General de la República.

5.       Los antecedentes de la denuncia realizada por correo electrónico por el inspector Sánchez, el 27.SEP.2018. al Departamento V, fueron remitidos mediante el Oficio Reservado N°364 de fecha 28.SEP.018 a la Fiscalía Local de Arica (Puede ser solicitado vía Transparencia).

6.       La PDI no admite de ningún modo que se efectúen acusaciones sin fundamento alguno en contra de ella y su personal y reitera que ejercerá ante los tribunales de justicia todas las acciones legales contra quienes quieran enlodar la imagen de la institución y de quienes la componen, pues no es permisible que cualquier persona se sienta con el derecho de difundir informaciones sin sustento fáctico, que más encima afectan la honra de quienes son señalados en dichas acciones, así como la de sus familias.

Finalmente reiteramos a la opinión pública, que todas las acusaciones y acciones carentes de fundamento que ha realizado el inspector Sánchez, tienen como único objetivo dilatar su expulsión de la PDI.

Jefatura Nacional de Asuntos Públicos - PDI

(En la próxima parte: Las gestiones del fiscal nacional - El silencio del director de la PDI - La ‘caída’ del cartel que denunció a los supuestos policía corruptos – Los intentos de la policía por enlodar al inspector Sánchez. Además: las imprecisiones y errores de la Carta de la PDI a INTERFERENCIA).

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Comentarios

Comentarios

Seguramente quedará en la trastienda de archivadores que el tiempo olvidará. Deben existir algunos nexos que resultan demasiado importante para ser ventilados/conocidos publicamente.

Me interesan sus noticias.

Excelente trabajo.

Es lamentable conocer que tras policías o personas honestas existen organizaciones completas del estado que trabajen de manera corrupta. Que podemos esperar de los políticos. Aparte son estas noticias las que nunca son populares

Dios proteja a este valiente detective. He conoocido t soy víctima de como funciona y se protege esta gran familia. Fui amedrentada y amenazada por un funcionario para proteger a su amiga corrupta , que adulteró documentos para pagarse una beca estatal, el depto V encubridor de ikicitos.

Felicitaciones. Excelente artículo y muy generoso de vuestra parte de presentarlo en Pauta Libre. Hace más de 35 años que vivo fuera de Chile, pero solamente ahora que estoy retirado he podido conectarme de nuevo con el país informativo y me han llamado la atención muchas cosas. Que el narco tráfico se entiende como el menudeo de drogas, lo que no justifica las altas sumas que se deben manejar para sobornar altos funcionarios de la PDI, igual que de Carabineros y posiblemente de las FFAA en sus tres ramas. Este detective de poca autoridad fue ofrecido por otro detective de bajo nivel la cifra de 300 millones de pesos, o sea más de 400.000 dólares. No hay suficientes drogadictos en Chile y mucho menos en Arica para que puedan pagar dichas sumas en protección. Sabemos que en Chile no se procesa la verdadera droga, no los pitillitos de marihuana que están siendo legalizados en casi todos los países, sino que la cocaína. ¿Porqué Chile! Porque tiene un comercio abierto y masivo con los grandes mercados del Pacífico, China, Japón, Rusia, Indochina, Australia, Indonesia y los países del Oriente Medio, un mercado de más de la mitad de la población mundial, con acuerdos que permiten rápida salida. Ellos revisarán embarcaciones y aviones provenientes de Colombia, México, incluso Perú, pero no de Chile. Es la táctica que usaron los colombianos que destruyó el narcisismo de Pablo Escobar, el Cartel de Cali y otros y que practicaron por muchos años los mexicanos, desviando la atención hacia el pequeño narco haciendo creer que ese era el problema y que los gobiernos aparentemente trataban de solucionar y combatir. Mis amigos y familiares en Chile creen que el narco son los malandrines de La Pintana o de La Granja. Hay que mirar a donde está el dinero. Me explico, una de las cosas que me llamó mucho la atención son las casas, departamentos y autos que se ofrecen y se renuevan, o sea que se venden constantemente, en El Mercurio a precios de Nueva York o Madrid, pero que están en Vitacura, Las Condes, Pucón, Zapallar, Cachagua, cualquier departamentito de 150 o 200 metros cuadrados cuesta más de un millón de dólares. No tiene sentido, detrás de esas aparentes excentricidades están los narcos colombianos y mexicanos con sus palos blancos chilenos que los ayudan y los protegen. Yo les sugeriría que vieran esas propiedades cuántas veces se han vendido, a quién, de qué nacionalidad y, principalmente cuántas tienen deudas hipotecarias, o sea que han sido vendidas a compradores que podrían ser legítimos. Ir a verlas para saber cuáles tienen sofisticados muros y sistemas de seguridad, con guardias armados con armas automáticas por todo el perímetro. En fin, hay que dejar de buscar al muchacho que vende papelillos o gramitos de yerba por las esquinas de La Legua, y encontrar a los verdaderos peces gordos. Todos esos generales envueltos en las estafas al Ejército y a los Carabineros, especialmente los que se retiraron calladitos para la casa, dónde viven, qué autos manejan, dónde viven sus hijos. Con este tipo de reportajes están básicamente engañándose a ustedes mismos, busquen a los NARCOS, con mayúsculas. De nuevo, felicitaciones por atreverse, pero sepan que no han hecho nada hasta que verdaderamente encuentren lo que creen que han encontrado. Reciban un abrazo fraternal. Jorge

Esto me huele a verdad' estoy seguro que hay una bomba gigante en esta resolución y va a quedar la cagada en la institución. Increíble como han dilatado tanto wn.

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