Mauricio Parra, quien fue el último productor ejecutivo del programa de conversación, denuncia que el canal privado incumple las sentencias laborales alcanzadas en los tribunales, y pide judicialmente el embargo de las señales de transmisión de la estación televisiva ante la política sistemática del canal privado de eludir su responsabilidad a decenas de trabajadores por alrededor de $500 millones.

Como parte de las medidas de ‘despolitización’ de la estación de TV - propiedad del mexicano nacionalizado estadounidense, Ángel González- la empresa decidió borrar de sus archivos una serie de reportajes relacionados con el estallido social, denuncias de corrupción y malas prácticas medioambientales.

Los trabajadores del Canal se reunieron para buscar caminos a seguir frente a la crisis, y tomaron la determinación de seguir con la huelga, iniciar acciones legales y solicitar asesoría para saber qué se puede hacer a nivel de la concesión radioeléctrica. Además, durante la tarde del jueves, trascendió que Eduardo Fuentes renunció.

Los telefonazos a los canales, el silencio por el espionaje del Ejército a periodistas, cifras negras de represión a reporteros en las calles, y ahora la presentación de antecedentes a la CIDH marcan una crisis inédita en la relación entre La Moneda y varios medios.