El 90,9% de las pensiones de vejez que pagan las AFP son menores a 149.435 pesos, lo que equivale al 66% del salario mínimo. De allí que la existencia de este sistema de ahorro forzoso constituya una sistemática violación a la Declaración Universal de Derechos Humanos ya que atenta contra el derecho a una “seguridad en la vejez”, contemplado en el artículo 25, y contra el derecho a una “existencia conforme a la dignidad humana”, como prescribe el artículo 23.

Las AFP también vulneran las bases de la soberanía nacional, ya que por el enorme volumen de recursos que recaudan controlan el mercado de capitales del país y deciden discrecionalmente dónde se deben invertir los fondos generados por los cotizantes, sin el más mínimo control político y social. Los directorios de las 6 administradoras, en un 98,4% en manos de operadores extranjeros, fijan arbitrariamente las prioridades económicas de Chile. De esa forma el grupo Luksic ha recibido más de 3.419.482.380.000 pesos (3,4 billones de pesos) y el grupo SQM 230 mil millones de pesos.

No es extraño que las calles se hayan llenado en todo el país, y en dos oportunidades, situando el lema “No+AFP” en el centro de los debates. Sin embargo, el sistema permanece casi impasible. Han pasado 35 años desde el 11 de marzo de 1981 cuando la dictadura inauguró el nuevo modelo. En todos estos años sólo han pasado dos cosas: el gobierno de Ricardo Lagos, mediante la introducción del sistema de multifondos, en 2002, incrementó la volatilidad financiera de las AFP, reduciendo las restricciones para transferir sus inversiones a escala global. Como efecto de esta reforma hoy sólo un 15% de los fondos de pensiones están invertidos en empresas chilenas. Y la variabilidad de los mercados globales ha supuesto pérdidas cuantiosas para los cotizantes. Sólo este año (en 2016) los Fondos A y B de las AFP perdieron prácticamente todo lo recaudado en 2015.

El segundo cambio se dio en 2009, cuando el primer gobierno de Bachelet introdujo el denominado Pilar Solidario, que salió al rescate de los pensionados más pobres ante la alarma que causaron las misérrimas pensiones que comenzó a entregar el sistema. Sin embargo este “pilar” resuelve como dádiva, a cargo de fondos públicos, un problema que se podría solucionar más eficazmente por la vía de establecer un moderno sistema de pensiones de reparto, solidario y eficiente. Durante el actual gobierno se cifraron esperanzas en los resultados de la Comisión Bravo, mandatada para evaluar el sistema y plantear alternativas. Lamentablemente, la composición de la comisión garantizó previamente a la “industria” de las AFP una mayoría de miembros favorables. En consecuencia, la mitad de los miembros plantearon como primera alternativa la mantención del sistema, incrementando los montos del pilar solidario con fondos públicos y retrasando la edad de jubilación. De allí que al final la Comisión Bravo quedara sepultada por las protestas de la ciudadanía.

Las 5 líneas de defensa de las AFP

¿Cómo logra un modelo tan ineficaz mantener su poder, pese a que no logra cumplir los objetivos básicos por los que existe? Para entenderlo usaremos la imagen de una fortaleza, rodeada por cinco líneas de defensa.

1ª línea, la Asociación de AFP. La asociación se comprende como la última trinchera de las AFP en defensa de sus posiciones. Refractaria por principio a todo tipo de reformas, su rol se centra en la férrea defensa jurídica, política y comunicacional del sistema. Para eso colabora con agencias profesionales de lobby contratadas por las administradoras, tales como Extend (de las hermanas Velasco) y Azerta (de Cristina Bitar), que asesoran a Provida; Corpco, asesora de Habitat; Burson-Marsteller de Cuprum; Simplicity de Modelo, y el equipo de SURA, de AFP Capital. Y la asociación trabaja directamente con la agencia Tironi y Asociados. Un ejército de lobbistas para cubrir todos los frentes del conflicto.

2ª línea: FIAP, el lobby internacional. Esta Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones constituye un lobby internacional presidido por el ex ministro de la dictadura Guillermo Arthur. Esta estructura busca dos objetivos: exportar el sistema de AFP por el mundo, y defenderlo en los países que lo incorporan o asumen elementos parciales de éste. En realidad es un ente de papel, parecido al rimbombante International Center for Pension Reform de José Piñera, que busca legitimar a nivel internacional el sistema de AFP chileno. Tuvo su momento de oro a mediados de los años 90, cuando la euforia neoliberal tentó a varios gobiernos con el sistema de capitalización individual. Sin embargo, en la mayoría de los países se trató de la incorporación de un segundo pilar, complementario al pilar de reparto. Y desde mediados de los años 2000 este proceso ha ido en franca retirada. Luego que Argentina pusiera fin a las AFP en 2008, procesos similares se han dado en Polonia, Hungría y Bolivia. En Perú han tenido otro gran golpe luego de la aprobación de una ley que permite el retiro libre del 95,5% de los ahorros de los afiliados de las AFP una vez que cumplen los 65 años. Tanto FIAP como el International Center de José Piñera tienen apoyo directo de los think tank norteamericanos más radicales desde la ideología neoliberal, como Hoover Institution, CATO Institute, American Enterprise Institute, y Atlas Economic Research Foundation. Otro ejercito de lobbistas en los centros de poder global.

3ª línea: la Superintendencia de AFP. Aunque nominalmente se trata de un órgano contralor y regulador del sistema, la actuación histórica de esta institución revela una profunda complicidad con los intereses de las administradoras. Basta recordar que Tamara Agnic, superintendenta entre 2014 y 2016, autorizó la fusión de la AFP Cuprum con una AFP de papel llamada Argentum, lo que le reportó a la aseguradora estadounidense Principal Group un beneficio tributario de 80.000 millones de pesos, cuando compró Cuprum al grupo Penta por más de 1.500 millones de dólares. La anterior superintendenta, Solange Berstein, fue cuestionada por el caso “cascadas”, donde la manga ancha de la Superintendencia permitió una pérdida de 800 millones de dólares de los fondos previsionales de los trabajadores. Y este año (en 2016) la Coordinadora No+AFP pidió la renuncia al actual superintendente, Osvaldo Macías, por apoyar las fusiones de AFP de papel, en la misma línea de Agnic. La Superintendencia ha impulsado un frente internacional por medio de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS) que orienta su acción a complementar el lobby de la FIAP.

4º Línea, el frente político. Ante la crisis del sistema de AFP los partidos políticos parecen incapaces de reaccionar. El último cónclave de la Nueva Mayoría no logró siquiera un acuerdo sobre la forma de discutir el asunto. Este impasse no es casual. Una investigación de radio Bío Bío contabilizó que 40 ex ministros han pasado por los directorios de las AFP. En la actualidad ejercen este cargo Guillermo Arthur (UDI), vicepresidente de AFP Capital; Hugo Lavados (DC), presidente de Cuprum; Jorge Marshall (PPD), director de AFP Provida, y Osvaldo Puccio Huidobro (PS), director suplente de Provida. Entre las filas de la Nueva Mayoría han ejercido anteriormente este rol la ministra del Trabajo, Ximena Rincón; el ministro de Energía, Máximo Pacheco y el ex ministro Secretario General de la Presidencia José Antonio Viera-Gallo, ex director de Provida, y la ex subsecretaria de Hacienda, María Eugenia Wagner (DC), también ex directora de Provida.

En la derecha la lista es larguísima, partiendo por el ex ministro de Vivienda de Sebastián Piñera, Rodrigo Pérez Mackenna, actual (en 2016) presidente de la Asociación de AFP; Alvaro Donoso Barros, ex ministro de Planificación, ex director de Provida; Martín Costabal (UDI), ex ministro de Hacienda y ex gerente de Habitat; Fernando Léniz, ex ministro de Economía y ex presidente de Summa; Fernando Rojas (UDI), ex subsecretario de Educación y ex gerente de Habitat; Jorge Cauas, ex ministro de Hacienda y ex presidente de Provida; Jorge Prado, ex ministro de Agricultura y ex presidente de Plan Vital; Luis Larraín, ex ministro de Odeplan y ex director de Habitat; Alfonso Márquez de la Plata, ex ministro de Agricultura y ex director de Provida; Miguel Schweitzer, ex ministro de Relaciones Exteriores y ex director de AFP Santa María; Miguel Angel Poduje, ex ministro Secretario General de Gobierno y de Vivienda y ex vicepresidente de la Asociación de AFP; Sergio de Castro, ex ministro de Economía y Hacienda y ex presidente de Provida. Con tantos políticos en los directorios, no hace falta hacer lobby.

5ª línea, el frente financiero. Según una investigación de El Mostrador: “Las AFP por sí solas administran casi 170.000 millones de dólares, lo que equivale a dos tercios del PIB de Chile”. Estos fondos capitalizan a los grandes grupos nacionales y transfieren enormes ganancias a grupos extranjeros. Esta cifra implica un poder descomunal. Para muestra, la comisión de la Cámara de Diputados que investiga el caso Argentum/Cuprum reveló que la embajada estadounidense en Chile, la Cámara de Comercio Chileno-Norteamericana y las aseguradoras Principal Group (controladora de Cuprum) y Metlife (controladora de Provida), ejercieron presiones para lograr que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se reuniera en octubre de 2015 con altos ejecutivos de Principal Group en Nueva York. Lograr este nivel de lobby revela el volumen de los intereses que se mueven tras este negocio.
La lógica abiertamente confrontacional que han asumido las AFP queda clara cuando Francisco Pérez Mackenna afirmó recientemente que las protestas contra las AFP “no están para argumentos, parecen querer tomarse el hormiguero por asalto”. Pero lo que olvida es que la fortaleza defensiva no la han levantado los ciudadanos. No han sido los trabajadores los que han capturado las instituciones del Estado. No han sido los movimientos sociales los que han creado un ejército de lobbistas y publicistas. No han sido los cotizantes los que han comprado a los políticos y a los funcionarios. Han sido las AFP, para defender unas ganancias tan fraudulentas como fastuosas. Y están a la defensiva, porque saben que su fortaleza no podrá resistir por más tiempo.

Álvaro Ramis hoy es rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano