La ONG Public Citizen, con sede en Washington DC, en Estados Unidos, analizó los contratos de distintos países -incluido Chile- con el laboratorio alemán Pfizer, el cual tiene una importante operación en tierra estadounidense y denunció que la compañía busca silenciar a los gobiernos en caso de fallas, incluir la posibilidad de realizar cambios en las fechas de entrega de vacunas de manera unilateral y maximizar las ganancias para evitar cualquier tipo de demanda.

Public Citizen es una ONG progresista fundada en 1971 en Estados Unidos, enfocada en defender a los consumidores y con un enfoque en la regulación estatal a las grandes empresas, en especial en el área médica, transporte y energía.  Han sido claves en promover información sobre precios de medicamentos en Estados Unidos.

Public Citizen emitió un informe la semana pasada luego de analizar de los contratos de Pfizer con Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Albania, Brasil, Colombia, Chile, República Dominicana y Perú.

Entre las cláusulas que la organización criticó estaban la de impedir que los países donaran sus vacunas Covid-19 a otros países, cambiar unilateralmente los cronogramas de entrega si había escasez y exigir que algunos activos públicos pudiesen ser utilizados como garantía de pago. Otra, incluía que en caso de disputa legal en contra del laboratorio, ésta no fuese decidida por un tribunal del país, sino por un tribunal privado o según las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos. 

Al gobierno brasileño se le prohibió hacer "cualquier anuncio público sobre la existencia, el tema o los términos del acuerdo" o comentar sobre su relación con Pfizer, a menos que tuviera el consentimiento previo por escrito de la empresa. Brasil tampoco puede comprar ni aceptar donaciones de dosis de Pfizer de otro país sin la aprobación de la empresa, ni puede vender, donar o transportar sus vacunas fuera del país.

Al gobierno brasileño se le prohibió hacer "cualquier anuncio público sobre la existencia, el tema o los términos del acuerdo" o comentar sobre su relación con Pfizer, a menos que tuviera el consentimiento previo por escrito de la empresa.

“Los contratos ofrecen una visión poco común del poder que ha ganado una corporación farmacéutica para silenciar a los gobiernos, reducir el suministro, cambiar el riesgo y maximizar las ganancias en la peor crisis de salud pública en un siglo” expresó Public Citizen en un comunicado.

Pfizer es una de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo, fundada en 1849 en Estados Unidos, con utilidades sobre los 16.270 millones de dólares en 2019 y con ventas de cientos de medicamentos y vacunas a nivel mundial.

En su análisis, la ONG describió seis características que tienen los contratos de Pfizer que pueden perjudicar a los países que compran sus vacunas contra el Covid-19.

La primera es que Pfizer tiene la capacidad de “silenciar a los gobiernos”. Un ejemplo de ello es el contrato que hizo con Brasil, donde se prohíbe al gobierno brasileño hacer "cualquier anuncio público sobre la existencia, materia o términos del Acuerdo" o comentar sobre su relación con Pfizer sin el consentimiento previo por escrito de la empresa. Una disposición similar aparece en los contratos de Pfizer con la Comisión Europea y el gobierno de los Estados Unidos.

En segundo lugar, Pfizer tiene un control extremo sobre las donaciones de sus propias dosis. Por ejemplo, en el contrato con Brasil, el país tiene restricciones para aceptar donaciones de dosis Pfizer de otros países o comprar estas mismas vacunas a otros países sin la autorización del laboratorio. Al mismo tiempo, el país tiene prohibido donar, vender o exportar las vacunas Pfizer. 

“Los contratos ofrecen una visión poco común del poder que ha ganado una corporación farmacéutica para silenciar a los gobiernos, reducir el suministro, cambiar el riesgo y maximizar las ganancias en la peor crisis de salud pública en un siglo” expresó Public Citizen en un comunicado..

El tercer punto tiene que ver con la propiedad intelectual del diseño de la vacuna, el que Pfizer ha defendido con uñas y dientes para no compartirla ni liberarla, como han pedido varios actores. En algunos contratos Pfizer obliga a los países a "indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Pfizer de y contra todas y cada una de las demandas, reclamos, acciones, demandas, daños, costos y gastos relacionados con la propiedad intelectual de las vacunas”. Es decir, que si en el caso de que otro laboratorio demandara a Pfizer por la propiedad de la “receta” de una vacuna, el país debe pagar la defensa legal de la empresa y pagar cualquier tipo de indemnización.

La cuarta característica es que los árbitros privados, no los tribunales públicos, decidirán cualquier tipo de controversias. Es el caso del contrato con Chile, que implica que en caso de que el país quiera resolver alguna disputa o controversia sobre el contrato con Pfizer no lo podrá hacer en tribunales nacionales, sino con un arbitraje de de la Cámara de Comercio Internacional, aplicando la ley de Nueva York. Esto también se incluye en los acuerdos con Brasil, Colombia, República Dominicana y Perú.

“El arbitraje privado refleja un desequilibrio de poder. Permite a las empresas farmacéuticas como Pfizer eludir los procesos legales nacionales. Esto consolida el poder empresarial y socava el estado de derecho”, señala el informe de Public Citizen.

El quinto punto es que Pfizer puede ir tras los activos estatales de algunos países. Como parte que deriva del cuarto punto, en caso de que en un órgano de arbitraje internacional defina algún tipo de sanción económica contra el y eb favor de Pfizer, el pago de esta sanción puede, eventualmente, incluir activos del estado de ese país. Es decir, en los contratos con países como Chile, Brasil Colombia, República Dominicana y Perú, los gobiernos renuncian a lo que se conoce como inmunidad soberana. Es decir, los países deberán resignarse a lo que se decida fuera de su fronteras, sin poder recurrir a los tribunales de cada país.. Esto incluye “inmunidad contra la incautación cautelar de cualquiera de sus activos”. 

El sexto punto que destaca la ONG es que Pfizer puede tomar decisiones clave respecto a las vacunas. Por ejemplo, en el contrato con Brasil, Colombia y Albania, se establece que la empresa decidirá los ajustes o cambios en el cronograma de entrega de dosis, incluso si hay retrasos. 

"“El arbitraje privado refleja un desequilibrio de poder. Permite a las empresas farmacéuticas como Pfizer eludir los procesos legales nacionales. Esto consolida el poder empresarial y socava el estado de derecho”, señala el informe de Public Citizen.

“La capacidad de Pfizer para controlar decisiones clave refleja el desequilibrio de poder en las negociaciones de vacunas. En la gran mayoría de los contratos, los intereses de Pfizer son lo primero”, comentó Public Citizen en el informe.

Las explicaciones de Pfizer

El medio australiano ABC se contactó con Pfizer sobre este informe de Public Citizen y sobre las críticas a los contratos de las vacunas para el Covid-19.

En un comunicado, aseguraron que la empresa estaba "comprometida con el principio de equidad y un amplio acceso a las vacunas para combatir esta devastadora pandemia".

"A medida que la pandemia ha evolucionado, Pfizer ha seguido asociándose con los gobiernos para garantizar la asignación equitativa de las dosis y ha respondido a las solicitudes de distribución equitativa de esas dosis".

"En el contexto de las negociaciones bilaterales, Pfizer no tiene la intención de interferir con los activos diplomáticos, militares o culturalmente significativos de ningún país, y cualquier sugerencia en contrario es falsa".

"Nuestro enfoque sigue siendo ayudar a los países a encontrar soluciones que brinden a ambas partes la tranquilidad de que se ha logrado un equilibrio adecuado de riesgos entre las partes".

La empresa respondió además que las cláusulas de indemnización eran comunes al suministrar vacunas durante emergencias de salud pública.

Pfizer también dijo que, al 17 de octubre, había entregado más de 1.800 millones de dosis de la vacuna a 146 países y que había comprometido entregar 2.000 millones de dosis de la vacuna a países de ingresos bajos.

"Buscamos el mismo tipo de protección de indemnización y responsabilidad en todos los países que han solicitado comprar nuestra vacuna, de conformidad con las leyes locales aplicables para crear la protección de riesgo adecuada para todos los involucrados", dice el comunicado.

Pfizer también señaló que, al 17 de octubre, había entregado más de 1.800 millones de dosis de la vacuna a 146 países y que había comprometido entregar 2.000 millones de dosis de la vacuna a países de ingresos bajos y medianos entre el 2021 y 2022. 

El contrato con Chile

Por meses INTERFERENCIA solicitó al Ministerio de Salud los contratos de compra realizados entre el ministerio y los laboratorios que vendieron vacunas a Chile para enfrentar el Covid-19.

Tras ser denegados en primera instancia, este medio acudió al Consejo para la Transparencia y luego de su deliberación, pudimos acceder a los documentos, que fueron entregados bajo el principio de divisibilidad, es decir, tachando o borrando datos que la institución considera que son datos sensibles.

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Una de las páginas del contrato de Pfizer con el Minsal.

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Una de las páginas del contrato de Pfizer con el Minsal.

El contrato llegó con datos tachados, como la cantidad de dosis y la cronología de entrega de esas dosis, de parte del laboratorio al Minsal.También aparece tachado el precio por dosis y el precio total pagado por el Minsal.

También se borró el detalle de un “anticipo” que pagó el Minsal a Pfizer por las vacunas.