Pfizer

Public Citizen de Estados Unidos elaboró un análisis de los contratos con distintos países y denunció que incluye cláusulas que dan demasiado poder al laboratorio y que limitan a los gobiernos para hablar y transparentar su contenido. En Chile los contratos fueron liberados, pero los datos relevantes fueron tachados.

Pese a la llegada ayer de más de 44 mil vacunas, a la fecha menos de la mitad de los 18.000 funcionarios UCI, UTI y de emergencias del país ha recibido las dos dosis que los inmuniza contra el virus. El proceso va más lento de lo previsto y hay 100.000 vacunas estacionadas, sin haber podido ser aplicadas. Chile tiene cerca de medio millón de funcionarios de salud, de los cuales el 98% aún no ha sido inoculado completamente.

Esto, mientras, diversos países adoptan complejas metodologías para resolver una decisión difícil y multivariada, que requiere de sofisticados cálculos, donde no hay solo una respuesta correcta. Los primeros vacunados en Chile serán personal de salud y trabajadores esenciales (no adultos mayores necesariamente), con el objetivo inicial de descongestionar los centros de salud a través de la baja de infecciones.

El ex miembro de Médicos Sin Fronteras y académico de la Universidad de Valparaíso, plantea una visión crítica sobre la conveniencia de ver a una vacuna como la solución que acabará con la pandemia de Covid-19. Además, asegura que los tiempos de prueba y los estándares para las vacunas han disminuido debido a intereses comerciales de laboratorios sumados a una carrera biotecnológica que responde a la búsqueda de réditos políticos en distintos países.