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Sábado, 24 de octubre de 2020
'Chile Despierta' desde abajo

Barrios: La demanda por democracia directa que surgió en el Santiago rebelde

Nicolás Massai D.
Francisco Velásquez
Pedro Pablo Ramírez

La clase política y el pueblo están desconectados, y entremedio hay un vacío en esta crisis. Distintos barrios de la capital se están organizando para atender sus propias demandas, operando en sus territorios y desplegando medidas de seguridad y conversaciones para definir cómo quieren seguir.

La Biblioteca de Santiago está cerrada y no va a abrir sus puertas mientras sigan los toques de queda. Eso dijo la directora del organismo, Marcela Valdés, apenas se incorporó a la reunión de la Junta de Vecinos del Barrio Yungay. No va a abrir, pero tenemos el espacio disponible para hacer actividades con los niños, continuó, y luego otra mujer anotó en un pizarrón lo que se acababa de proponer.

Este miércoles 24 de octubre, a las cinco de la tarde en Yungay ya habían más de 30 personas en la casona de la comunidad ubicada en calle Serrano. Pasaban los minutos y la gente seguía llegando. A cada uno de ellos se les entregaba un comunicado redactado por la misma Junta de Vecinos, en el que se rechazaban las medidas adoptadas por el gobierno de Sebastián Piñera -como instalar al Ejército en las calles de las principales ciudades de Chile, ante las manifestaciones masivas que se desataron en el país a partir del alza de la tarifa del Metro de Santiago- y en el que se afirmaba que las demandas sociales "solo pueden ser materializadas a través de una Asamblea Constituyente".

Así como la comunidad del barrio Yungay, existen muchos otros lugares y juntas vecinales organizándose para conversar y adoptar pasos a seguir a partir de la contingencia de hoy. A lo largo de esta semana, INTERFERENCIA visitó seis unidades barriales en distintas comunas del Gran Santiago: Pudahuel, Buin, Santiago, Conchalí, Ñuñoa y Estación Central. 

En todos estos espacios la ciudadanía ha tomado medidas en medio de la crisis desatada por los toques de queda. Mientras algunos se enfocan en temas de seguridad, otros se concentran en la salida política al estallido social. Este tipo de organización, que en muchos de estos barrios no es nueva, viene a llenar el espacio que el Estado ha dejado vacío, ya sea por la desestabilización generada por las protestas, o por el abandono histórico. 

Para Claudio Avendaño, sociólogo de la Universidad de Chile y académico de la Universidad de Santiago, el fenómeno social desatado a partir de la represión policial y militar habla de una desconexión. "Estas fuerzas -Ejército y Carabineros- son coercitivas, y representan a un Estado y a un tipo de sociedad que pareciera ser que están agotados para la mayoría de las personas. Se trata de un relato común que ya no tiene sentido, que se ha vaciado, y que necesita ser reemplazado por otra idea común, un destino común que tiene que ser construido desde el territorio", dice.

"Los ciudadanos son los representantes de sus propias demandas"

En los barrios visitados por INTERFERENCIA existen diferentes temas que motivan la organización. La madrugada de este jueves, la Villa Palmas de Mallorca, en Conchalí, tenía una de sus entradas viales cerrada con una cinta de plástico, al mismo tiempo que a unas cuadras se incendiaba el supermercado Central Mayorista.

Unas horas antes, Marcela Moraga, presidenta de la Junta de Vecinos que agrupa 154 casas del sector, señaló a este medio que su principal preocupación era que fuera saqueado el supermercado Montserrat, ubicado a unos 200 metros de su casa. 

"Si pasa algo todos saben que hay que tocar sus alarmas comunitarias. Estamos preocupados de defender lo de nosotros. Todos saben que si pasa algo grave, hay que tocar las alarmas", dijo Moraga, y agregó que desde el viernes pasado hay más vecinos que se han acercado para organizarse, y que hasta el momento no sabe de alguien a quien le hayan entrado a robar.

Quienes también protegían un Montserrat eran algunos vecinos de Yungay, aquellos que viven cerca del local, en los condominios colindantes a la plaza principal del barrio. A las cuatro de la mañana de este jueves, cuando unas calles más arriba una ferretería había sufrido un robo, dos personas permanecían sentadas en la entrada de un edificio, armados con dos bates de béisbol metálicos y un aparato de alarma para avisar a los vecinos de turno sobre cualquier emergencia. Ximena, por sobre los 40 años, e Ignacio, de unos 30 años. Ella contó que lo fundamental, en ese momento, era reforzar la seguridad de la comunidad y no abordar "temas políticos". Ignacio no estuvo de acuerdo con el comentario, y Ximena, entre risas, dijo que ella era de izquierda y él de derecha.

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Una de las entradas de la Villa Palmas de Mallorca en Conchalí, la madrugada del jueves 24 de octubre. Foto: Catalina Mundaca.
Una de las entradas de la Villa Palmas de Mallorca en Conchalí, la madrugada del jueves 24 de octubre. Foto: Catalina Mundaca.

El día anterior, en la reunión de la junta de vecinos del barrio Yungay, entre los vecinos se acordaron los pasos a seguir ante un evento de violencia. Además de crear una comisión de seguridad, y manifestarse en favor de una Asamblea Constituyente, se plantearon actividades de reforzamiento escolar, actividades culturales para el fin de semana, actividades para los niños en la Biblioteca de Santiago, la impresión de poleras que los identificara como vecinos del barrio y la creación de espacios de contención para sobrellevar la sensación que produce tener a los militares en la calle; también para hacerle frente a los miedos propagados por los medios de comunicación.

Zygmunt Bauman, sociólogo alemán, plantea que "el problema contemporáneo más siniestro y penoso puede expresarse de forma precisa a través del término ‘Unsicherheit’ que agrupa al mismo tiempo tres palabras del español: 'incertidumbre', 'inseguridad' y 'desprotección'".

Todos estos elementos, asegura Bauman, son utilizados por el Estado y sus gobiernos para conducir y manejar a la sociedad a través de las políticas públicas, replicada por los medios y profundizadas por las empresas y medios de producción industrial. En este momento, los tres elementos han sido desbordados.

María Paz Lillo, psicóloga y magíster de psicología comunitaria de la Universidad de Chile, vive en el barrio República y se encuentra apoyando a sus vecinos a través de su disciplina. "A nivel local una de las cosas más importantes es cómo afrontamos y procesamos la violencia, porque todo este contexto nos la ha traído a la puerta de la casa, y no es algo menor,  hay personas que vivieron la dictadura y personas que no, pero que estaban acostumbradas a un grado de violencia estructural", dijo en entrevista con INTERFERENCIA.

"Una primera etapa para la articulación es reconocernos en las comunidades en cuestiones básicas como saber quiénes somos. Estamos siendo oprimidos por un montón de lados, cuando nos debieran facilitar la existencia, y no lo están haciendo. Entonces ¿cuál es el Chile que nosotros queremos? ¿de qué manera visualizamos una vida en comunidad? y ¿cómo pensamos esta articulación?", agregó.

En la Villa Olímpica, el conjunto habitacional con 82 blocks y cerca de 2.600 viviendas, ubicado en la comuna de Ñuñoa -que se destacó por su resistencia durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet (1973-1990)- Tusy Urra, presidenta de la Junta de Vecinos, comentó cómo están trabajando la situación actual de Chile como comunidad. Caminando en plena tarde en una de las plazas de la villa, contó que los primeros tres días habían sido difíciles.

"Hubo un saqueo en el supermercado que tenemos en el interior, después hubo un amago de incendio. Uno podría decir que aquí quedó la escoba porque existe división de los vecinos. Pero logramos revertir eso y ya la gente perdió el miedo", dijo.

Urra relató que las actividades en la Villa comienzan a las diez de la mañana, con distintos tipos de actividades, y continúan hasta las tres de la mañana, cuando se entran los últimos vecinos que cortan la calle mediante fogatas en avenida Grecia con calle Salvador.

"No dejamos entrar a los pacos ni a los milicos. Esto es resistencia, resguardo y protección del barrio. Tuvimos dos heridos por perdigones, anoche se metió Fuerzas Especiales a uno de los block. Están gaseando al interior. Pero estamos dispuestos a pagar los costos", aseguró.

Desde el viernes pasado que en la comunidad están discutiendo qué cosas quieren como barrio. También han tratado de convencer a los locatarios del sector que no suban los precios ante la amenaza del desabastecimiento.

"Estamos partiendo de cero. Para nosotros es como comenzar una nueva historia de aquí en adelante, que no se repita lo del 73. Acá existe una comunidad en su conjunto. Hoy en día tenemos en jaque a todo el aspecto político, desde el Gobierno hacia abajo. Los territorios, el ciudadano común y corriente, que no obedece a ningún actor político, tiene una tremenda desconexión social, que ha existido siempre. En este momento, los ciudadanos son los representantes de sus propias demandas", añadió.

A las seis de la tarde de este jueves, cuatro concejales de Pudahuel y un grupo de vecinos desarrollaban una reunión en la sede de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, ubicada en calle San Martín. A seis cuadras de esa casa, Manuel Ibarra, vocero de la Unión Comunal de Comités de Allegados, contaba por qué, según él, no había sido invitado a la junta con las autoridades:

"Jamás nos consideran dentro de los planes que ellos realizan o quieren para la comuna. Es complejo porque esta gente a nivel político todavía no entiende que esto es a nivel comunal", dijo.

En la esquina de calle Serrano con San Francisco, Ibarra se encontraba rodeado de diez vecinos que reclamaban por la seguridad del barrio. Cecilia Morales, integrante de la Junta de Vecinos Florentina -que preside Ibarra- contó que solo la madrugada de este jueves algunas patrullas de Carabineros los habían apoyado en la vigilancia del barrio, y que por lo mismo ellos permanecían organizados ante la amenaza de que les saquearan la escuela Estado de Florida, ubicada en la misma esquina, donde se han criado tres generaciones del sector -fundado en 1948- y donde sus hijos almuerzan todos los días. "Tenemos que defendernos nosotros. Somos como un pequeño Estado", dijo.

Ibarra piensa que la misma organización que han tenido para combatir la inseguridad la deben usar ahora para impulsar políticas que vienen peleando desde hace años.

"Pudahuel no tiene una política habitacional. El plan regulador nos pone en desventaja, porque los colectivos de vivienda quedamos en segundo plano. Queremos vivir en lugares estratégicos, donde hayan servicios básicos, pero no está permitido construir viviendas básicas o sociales en esos terrenos, sino que se permite una altura mayor", comentó.

Ninguno de las personas entrevistadas se refirió espontáneamente a los chalecos amarillos promovidos por los canales de televisión el domingo pasado y ahora recogidos políticamente por José Antonio Kast.

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Una de las plazas de la Villa Olímpica, la madrugada de este jueves 24 de octubre. Foto: Catalina Mundaca.
Una de las plazas de la Villa Olímpica, la madrugada de este jueves 24 de octubre. Foto: Catalina Mundaca.

Más participación y decisiones vinculantes, el llamado de Buin y Estación Central

A diferencia de los territorios que abordaron principalmente el tema de la seguridad, en Estación Central y en Buin las comunidades se enfocaron en exigir mayor participación y vinculación en las decisiones locales, así como también avanzar en demandas concretas que den sentido a la explosión social que remece al país. 

A eso de las cinco de la tarde de este jueves, en la Plaza del Cristo, a un par de cuadras de la Alameda con Las Rejas, 50 vecinos y vecinas de distintos puntos de Estación Central se reunieron en una asamblea autoconvocada, coordinada por diferentes organizaciones sociales, vecinales y culturales en conjunto con el concejal Felipe Muñoz (ex socialista).

La invitación corrió vía Whastapp y llegaron hasta el lugar vecinos de la Población Las Rejas, Villa Alessandri, Villa Gasco, Villa O’Higgins, Población Los Nogales, Villa Las Américas y Villa Portales, además participaron miembros del Comité de Seguridad Los Gladiolos, la Coordinadora una calle para Víctor Jara, el Comité de Vivienda Kimeluz, el Centro Cultural Patrimonio Barrio Las Rejas y la Fundación Plaza del Cristo, entre otras. También había militantes de Comunes, Revolución Democrática, Convergencia Social, el Partido Comunista y el Partido Socialista. 

Utilizando la pauta de discusión que bajó hacia las bases desde la Mesa de Unidad Social, donde se encuentran multi sindicales como la CUT, el Colegio de Profesores o el movimiento No + AFP, en este espacio la discusión abordó temáticas nacionales y locales. 

En todas las intervenciones se repetía la necesidad de cambiar la forma de hacer política y terminar con la desigualdad: "Ya dimos el primer paso, los temas están instalados y nos dimos cuenta que el problema es la falta de equidad, porque lo vivimos todos los días, el sistema nos vendió una vida que no existe y los jóvenes se están dando cuenta. Ahora hay que organizarse, mantener estos espacios y crear redes de participación", dice una mujer de unos 50 años sentada en el pasto en uno de los tres grupos de discusiones en los que se distribuyó la asamblea.

Sobre la misma, un joven con una polera de Bob Marley planteó la necesidad de reconocerse y comenzar a generar los cambios desde la misma comuna: "Necesitamos hacer comunidad, volver a levantar las organizaciones que perdimos, encontrarnos y de ahí empujar en confianza, recuperando los lazos".

Golpeados por la construcción de los "guetos verticales" los vecinos reflexionaron sobre el plan regulador de la comuna y la pérdida de espacios comunitarios: "Antes a uno lo venían a buscar para jugar una pichanga, ahora no quedan canchas, solo hay edificios", reclamó un hombre de 60 años, mientras una estudiante de sociología agrega: "antes veíamos la cordillera, teníamos una vista hermosa de los cerros y hoy ya no vemos nada". 

"Nunca ha surgido algo que venga de las personas, del pueblo, tenemos que construir desde este despertar sobre lo que nosotros queremos y eso pasa por una nueva constitución y una nueva forma de hacer política que recoja los espacios locales", recogieron en las conclusiones del mítin.

En Buin, el alcalde UDI, Miguel Araya, se adelantó al llamado de las organizaciones sociales y convocó a un cabildo abierto en la Plaza de Armas. Hasta allá llegaron unos 150 vecinos, algunos dirigentes locales y ciudadanos de a pie. 

La discusión duró tres horas y funcionó como una especie de catarsis colectiva. Sin una metodología clara, la asamblea fue un vaivén de demandas, en su gran mayoría locales que no han sido resueltas por la administración actual, ni tampoco por las anteriores. 

Cesantes, ecologistas e incluso empresarios llegaron a reclamar por el precio del TAG y la construcción indiscriminada de villas que han destruido el campo sin un plan de regulación que permita recibir a los nuevos habitantes de la comuna, pero por sobre todo, la gente le exigió al gobierno local participación vinculante. 

Hacia el final de la jornada, los diferentes asistentes le solicitaron al alcalde que repitiera el llamado, esta vez con una metodología más clara e incitaron la creación de una mesa con diferentes actores de toda la comuna para buscar soluciones a los problemas planteados. 

De esta forma, la catarsis colectiva dio paso a un llamado a la participación, con la comunidad exigiendo la ampliación de la democracia en las decisiones comunales.

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