En noviembre de 2022, la ex ministra del Deporte, Alexandra Benado, junto a las autoridades gubernamentales del deporte de Argentina, Uruguay y Paraguay firmaron los estatutos para la creación de la Corporación Juntos 2030. La entidad estaba destinada a realizar las gestiones necesarias para la postulación para albergar el Mundial de Fútbol 2030 de los países socios.

Sin embargo, el sueño de volver a ver un mundial en Chile se esfumó a principios de octubre de este año, cuando la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) anunció que la sede del 2030 recaería en España, Portugal y Marruecos. El golpe de gracia lo asestó especialmente contra la postulación chilena, pues el organismo optó por elegir como sedes de los tres partidos inaugurales a Argentina, Uruguay y Paraguay. (Lee el artículo Sudamérica logra solo 3 partidos inaugurales del Mundial 2030 y Chile queda fuera de todo).

El desconcierto fue mayor cuando se dio a conocer que el Ministerio del Deporte de Chile había transferido $146 millones en agosto a la Corporación Juntos 2030 para financiar la postulación conjunta de los países socios.

Desde el interior de la corporación nos señalaron que los asesores seguirán trabajando hasta fin de mes con los socios que siguen postulando hasta la disolución de la entidad, ha oficializarse en los próximos días.

Ahora, a un mes del escándalo que dejó fuera a Chile del mundial, la Juntos 2030 se alista para cerrar sus operaciones, domiciliadas en Santiago, y disolver la corporación.

Según fuentes al interior de la entidad, ante el fracaso del objetivo de la corporación -la postulación a sede del Mundial 2030-, la última sesión de directorio acordó dar fin al proyecto Juntos 2030.

Sobre la transferencia de $146 millones de pesos para financiar la postulación, estas mismas fuentes señalaron que los tres socios que sí fueron considerados, Argentina, Uruguay y Paraguay acordaron cubrir los costos en que haya incurrido Chile. Así también, comentaron que ya dejaron las oficinas que tenían en arriendo en Santiago.

Solicitamos vía Ley de Transparencia el desglose de los gastos en que haya incurrido la Corporación Juntos 2030. Los datos proporcionados, que llegan hasta octubre, señalan un gasto de $75 millones del total de $146 millones transferidos por la Subsecretaría del Deporte en agosto pasado.

Si bien solicitamos expandir la información al mes de octubre, cabe recodar que tras el fracaso de la postulación la vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), señaló que los “recursos están comprometidos, pero no han sido ejecutados. Solo $90 millones se alcanzaron a ejecutar en trabajo, en personal. Eso está en los informes de la misma corporación”.

En detalle, la tabla excel proporcionada por la subsecretaría en respuesta a nuestra solicitud indica a tres asesores que podrían mantener su contrato “hasta 3 meses después de la elección de la sede”.

Sobre la transferencia de $146 millones de pesos para financiar la postulación, estas mismas fuentes señalaron que los tres socios que sí fueron considerados, Argentina, Uruguay y Paraguay acordaron cubrir los costos en que haya incurrido Chile. Así también, comentaron que ya dejaron las oficinas que tenían en arriendo en Santiago.

Se trata de Elizabeth Garrido, asesora de prensa que reportó remuneraciones mensuales de $4,1 millones en agosto y septiembre; Manuel Vial Pérez de Arce, asesor jurídico que reportó pagos por $2,6 millones entre julio y septiembre, y que durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera fue coordinador de la División de Alto Rendimiento del Mindep entre 2018 y 2019, y luego jefe de la Unidad de Apoyo Integral a Deportistas del IND, entre 2019 y octubre de 2021; así como Marion Cárdenas Reyes, asesora administrativa con pagos por $1,3 millones en agosto y septiembre, que se desempeñó entre 2019 y 2020 como asesora de rendiciones de la Corporación de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Ahora bien, desde el interior de la corporación nos señalaron que los asesores seguirán trabajando hasta fin de mes con los socios que siguen postulando hasta la disolución de la entidad, ha oficializarse en los próximos días. Y, si bien los estatutos acordaron que la corporación tenía hasta tres meses para cerrar, se estimó que podrían hacerlo mucho más rápido, pues los compromisos eran mínimos.