La comprensión de lectura en Chile no siempre estuvo mal. De hecho, estuvo bastante bien. Entre 2000 y 2015 los puntajes obtenidos en la prueba PISA subieron de forma sostenida, con un avance fuerte en 2006 y otro que llevó al país a su mejor resultado en 2015 ¡459 puntos! Luego, 2018, 2022, 2025 para abajo, para abajo. Hoy estamos en 436, acercándonos a los niveles donde estábamos el 2000. Veinte años de trabajo, borrados en diez.

Y no fue una mejora cualquiera. Entre 2000 y 2009 Chile tuvo uno de los mayores avances en lectura del mundo entero, 40 puntos, solo detrás de Perú. La propia OCDE destacó el caso en sus informes para mostrar que un país podía moverse desde abajo hacia arriba en la tabla. En su momento fue motivo de orgullo y hoy casi nadie se acuerda. Es curioso que discutamos por qué nos va mal sin preguntarnos ni recordar qué hicimos distinto cuando nos iba bien.

La pregunta de cajón es qué habrá pasado.

En 2009, bajo el primer gobierno de Bachelet, el Ministerio de Educación terminó de armar el Ajuste 2009 (conocido oficialmente como "Ajuste Curricular"), una serie de fundamentos técnicos por asignatura, estudios de implementación y cobertura ya hechos, lista para instalarse. Un instrumento validado, que quizás demoró demasiado tiempo en construirse, pero que consideraba la evidencia que venían dejando los ciclos anteriores de PISA y SIMCE.

Ese mismo año se promulgó la Ley General de Educación, reemplazando la vieja LOCE de la dictadura. La nueva ley exigía, entre otras cosas, adecuar el formato de los instrumentos curriculares. Hasta aquí, nada raro. De hecho, se podía perfectamente tomar el Ajuste 2009 ya validado y traducirlo al formato que pedía la ley, sin tocar su contenido.

Sin embargo, no fue eso lo que pasó. Con el cambio de gobierno en 2010, las nuevas autoridades desestimaron completamente el plan de implementación del Ajuste 2009 y armaron un currículum nuevo partiendo desde cero: las Bases Curriculares de 2012, con otra arquitectura (Objetivos de Aprendizaje en vez de Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos) y sin varios de los instrumentos que ya comenzaban a funcionar, como los Mapas de Progreso que, dicho sea de paso, hasta hoy son añorados por muchos docentes.

Hay que decir que la obligación legal era real. Lo que no era necesario ni obligatorio era partir desde cero. Y ahí aparece una pista de por qué pasó igual. La convocatoria a un coloquio de la Universidad de Chile, realizado en 2016, plantea que la coincidencia entre el cambio de gobierno y la entrada en vigencia de la LGE generó una coyuntura de reforma que la opinión pública nunca identificó como tal, y que bajo el argumento de "solo estamos cumpliendo la ley" permitió una transformación bastante más profunda de lo que la ley pedía.

No me interesa discutir la dimensión política de esa decisión (aunque sí es política, por supuesto); me interesa algo más incómodo para todos por igual, y es que usamos PISA para justificar reformas, pero cuando PISA muestra que algo funciona, eso pesa poco a la hora de decidir si seguir con esa política o no. Los gobiernos duran cuatro años. Un currículum tarda más de una década en mostrar sus frutos o sus daños en una prueba como esta. Con ese desfase, cualquier administración puede heredar o destruir el trabajo de la anterior sin que nadie le pase la cuenta a tiempo.

Tampoco puedo probar que descontinuar el Ajuste 2009 explique la caída en lectura que hoy tiene a todo el mundo indignado. PISA no permite aislar ese factor de todo lo demás que pasó después en Chile, como el estallido social, la pandemia, los cambios en la formación docente o la distancia entre lo que dice el papel y lo que ocurre dentro del aula. Y hay que ser justa. Las Bases 2012 no salieron de la nada, tuvieron su propio proceso de consulta con especialistas y docentes. Pero consultar no es lo mismo que validar. El Ajuste 2009 se apoyaba en estudios de implementación ya hechos. Las Bases 2012 se apoyaron en reuniones y opiniones, no en evidencia de que el diseño nuevo funcionara mejor. Esa asimetría, evidencia versus consulta, es la que a mí, por lo menos, me incomoda, porque la trayectoria de veinte años se corta justo cuando se reemplaza un instrumento evaluado por uno simplemente conversado.

Ninguna explicación de una sola variable va a alcanzar para entender esto, ni el currículum solo, ni la incapacidad crónica de sostener una política en el tiempo. Esa incapacidad, de todos modos, no depende de qué color tuviera el gobierno de turno. Antes de repetir el ritual de indignación en tres años más, quizás valga más la pena preguntarnos qué hicimos cuando nos estaba yendo bien, y qué decisiones tomamos justo cuando la curva empezó a bajar.

*Natalia García Céspedes es ex coordinadora del Equipo de Lenguaje – SIMCE.