El Presidente José Antonio Kast partió de Chile la noche del viernes 13 de noviembre rumbo a Asia, en una gira por Vietnam, China y Japón que se extiende hasta el sábado de la semana siguiente. En ese lapso, la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, pasó de amenaza anunciada a trámite en marcha: la Cámara sorteó la comisión revisora y el ministro fue notificado formalmente este martes.
Desde Hanói, Kast reiteró su respaldo a Rabat, aseguró que no hay antecedentes de una infracción legal o constitucional y descartó por ahora cambios en el gabinete. En Santiago, el subsecretario Gonzalo Arenas descartó un ajuste ministerial al término de la gira. La línea oficial es sostener al ministro hasta el final, con el jefe de Estado a diez horas de diferencia horaria.
La novedad política vino desde la Cámara. Jiles confirmó su voto a favor y adelantó que una amplia mayoría de la bancada del PDG respaldará el libelo, con lo que, según las estimaciones, la relación de votos quedó en 75 a favor, 76 en contra y cuatro indecisos.
Un Presidente a distancia
La defensa política del Gobierno descansa en un argumento: para el vicepresidente Claudio Alvarado, la acusación busca revertir una decisión política del Presidente más que demostrar infracciones constitucionales. El Ejecutivo, agregó, trabaja junto a Rabat en la preparación de su defensa. Jiles, en cambio, sostuvo que el trabajo de conseguir apoyos subió de rango, porque “es el propio Presidente quien está pirquineando votos”.
El clima cambió en pocos días. Cuando se presentó el libelo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, anticipó que el oficialismo ganaría y que no sería por un margen estrecho. Hoy el escenario es otro, con una opinión pública adversa: la encuesta Criteria del 15 de noviembre registra que 79% rechaza que Kast mantenga a Rabat y que 68% de quienes conocen la acusación respalda su presentación.
La aritmética de los 78
La acusación requiere la mayoría de los diputados presentes, es decir, 78 votos si concurren los 155 parlamentarios. Alvarado resumió las cuentas del Gobierno: el oficialismo tiene 75 votos, la oposición que acusa tiene 65, y es mucho más probable conseguir tres votos que 13. El desglose de El Mercurio es más ajustado: 64 votos de oposición y 11 del PDG a favor, y 75 oficialistas más uno del PDG en contra. Entre los indecisos figuran Javier Olivares, Roberto Arroyo y Cristián Contreras, del PDG, además del opositor Jaime Mulet.
La presión también llega al oficialismo. Según La Tercera, hay diez diputados de la UDI y RN cuyo respaldo a Rabat no está asegurado; en la UDI, cinco están en suspenso (Hotuiti Teao, Marlene Pérez, Ximena Naranjo, Alejandra Valdebenito y Omar Sabat), y algunos ya adelantaron que podrían aprobar. Raúl Soto (PPD) proyecta que Chile Vamos ayudará con votos favorables, abstenciones o ausencias.
Cruce abierto con el PDG
El PDG pasó de ser una bancada dividida “por la mitad” antes del ingreso de la acusación a estar mayoritariamente a favor. Jiles dijo que 11 de los 14 integrantes apoyarán la ofensiva, y también planteó que no es tan necesario conocer los argumentos en detalle, porque ve base constitucional y legal sólida. El jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, fue quien propuso abrir la opción de libertad de acción.
En ese contexto, Arenas dijo en Tolerancia Cero, que el PDG es una agrupación “inorgánica”, con visión de consumo y no de país, y un cúmulo de deseos. Parisi le respondió: “Sí, somos un cúmulo de deseos, pero deseos para la gente”. Valenzuela dijo que el PDG le ha dado gobernabilidad al Ejecutivo y que hay mucho malestar en la bancada, y Jiles respondió con ironía en redes. El cruce llegó el mismo día en que el Gobierno necesita retener a los indecisos.
Capítulos, defensa y plazos
El libelo tiene 189 páginas y 3.863 de anexos y se funda en la infracción de la Constitución o las leyes. El primer capítulo cuestiona 56 rebajas de pena a condenados por delitos sexuales contra menores, que según los acusadores vulneran la Ley 21.421. El segundo apunta a tres condenados por crímenes de lesa humanidad en la dictadura: dos decretos los firmó Rabat y un tercero el subsecretario Pablo Mira como subrogante, tras un informe favorable del entonces subsecretario Luis Silva. El tercero reprocha sus dichos luego de que el caso se destapara.
Según el texto, los tres capítulos muestran un mismo patrón: Rabat habría abandonado el criterio que el Ministerio sostuvo en dos administraciones sin que mediara un cambio legal u orden judicial, resuelto en favor del condenado sin considerar a las víctimas y atribuido la decisión a otros.
Su defensa estará a cargo de Juan Ignacio Piña, expresidente del Consejo de Defensa del Estado y exsubsecretario de Justicia. No es su estreno: en octubre de 2024 defendió a Carolina Tohá, entonces ministra del Interior, frente a un libelo presentado por el Partido Republicano. Ahora defiende a un ministro del Gobierno de ese partido.
Rabat tiene diez días desde la notificación para contestar por escrito, y luego la comisión dispone de seis días para pronunciarse. La Sala votaría a principios de diciembre. Si se aprueba, Rabat queda suspendido y el Senado resuelve cada capítulo por separado; una condena significaría destitución y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Kast volverá con la contestación en curso y un conteo en el que tres o cuatro votos pueden decidir el resultado.





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