Fernando Rabat
Al menos 13 extranjeros condenados por tráfico, detenidos en distintos puntos de la frontera norte, recibieron reducciones de pena del Ministerio de Justicia de Kast. Entre ellos están un “punta de lanza” de una operación que movía una tonelada de droga, un colombiano con libertad condicional negada por unanimidad y un venezolano detenido con 32 kilos de ketamina, una granada y pistolas. Ningún decreto se opuso al beneficio.
Desde Europa, Kast asumió la responsabilidad política por las rebajas de condena y desafió a la oposición a acusar a Rabat, en una apuesta que arriesga su propia autoridad.
Con 26% de aprobación y un 70% cuestionando la continuidad de Rabat, Kast se va a Europa mientras la oposición prepara el libelo, el PDG se divide y en el oficialismo crece la idea de que el ministro dé un paso al costado.
El ministro dijo a la Cámara que su cartera solo firma lo que deciden las comisiones. Documentos revisados por Interferencia muestran que su ministerio aprobó 11 rebajas que sus oficinas regionales advertían que la ley podía impedir, dos de ellas por la norma contra agresores sexuales, y negó otras 22 que esas oficinas daban por buenas.
Luego de que Interferencia reveló las rebajas de condenas a delincuentes que abusaron sexualmente de menores de edad, la polémica suma a su primer caído: Luis Silva, quien hasta este viernes se desempeñó como subsecretario de Justicia. Con una investigación penal abierta y una acusación constitucional en camino, el titular de la cartera queda como el siguiente blanco.
Se trata de Ignacio Abarca Rathgeb, quien dirige el Departamento de Reinserción Social Adultos. En 2016 fue formalizado por emitir boletas ideológicamente falsas a SQM y aceptó pagar $388 mil por una suspensión condicional del procedimiento. Fue además, administrador de campaña de Marcela Cubillos.
La oposición anunció la primera acusación constitucional contra un ministro de Kast, y Republicanos y UDI la tildan de politiquería e instrumentalización, mientras apuntan a las rebajas del gobierno anterior. Su suerte en la Cámara depende de los votos del PDG.
Se trata de tres delincuentes venezolanos que operaban en La Serena, quienes se vieron favorecidos sin un rechazo inicial por parte del ministro y sin que el Gobierno de José Antonio Kast haya intentado una expulsión, pese a que al momento de los decretos —firmados también por Luis Silva— ya estaban reestablecidas las relaciones diplomáticas con Venezuela.
Interferencia accedió a decretos que muestran que, entre marzo y mayo, Justicia rechazó al menos cinco rebajas de condena a violadores de menores por delitos anteriores a 2022, dos firmadas por Fernando Rabat. Desde el 16 de junio las concede, alegando que la ley no le deja opción.
Interferencia accedió por distintas fuentes a varios de los 56 decretos con que el gobierno de José Antonio Kast ha rebajado las condenas de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Entre ellos, están los casos de Waldo Gómez y Héctor Orellana.
La presidenta del máximo tribunal afirmó que fue el ministro de Justicia quien dictó los decretos, mientras el oficialismo abrió un nuevo flanco al solicitar que se reviertan los beneficios. Las explicaciones del secretario de Estado sobre una supuesta doctrina judicial también han sido cuestionadas en medio de la controversia.
En marzo, el Presidente Kast había confirmado que aplicaría indultos y no descartó beneficiar a condenados por derechos humanos. Aunque las rebajas de condena son distintas de los indultos, las decisiones abren interrogantes sobre los criterios aplicados por el Ministerio de Justicia.
Tras la revelación de Interferencia sobre 56 rebajas de condena a condenados por abuso sexual y violación de menores, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial quedaron cruzados. El ministro Fernando Rabat sostiene que solo cumple fallos de la Corte Suprema, la presidenta del tribunal, Gloria Ana Chevesich, dice no tener información y el Congreso prepara una sesión especial.
Contraloría exigió a la ministra de Ciencias rectificar su Declaración de Intereses y Patrimonio para aclarar el valor de su participación en la startup BuildWithin y que, tras consulta de Interferencia, aclaró es de US$428.036. Esta es la quinta vez que Lincolao ha debido rectificar desde que asumió el cargo.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, reveló que su cartera acumula más de 100 solicitudes de indulto, mientras republicanos y libertarios presionan por resolver los beneficios y el proyecto de indulto general avanza en el Congreso. La cifra se conoce a solo dos días de la marcha que conmemoró los 53 años del golpe de Estado, y reabre las dudas sobre el rol del propio Rabat, quien antes de asumir en el Ejecutivo integró el equipo jurídico que defendió a Augusto Pinochet en el Caso Riggs.
El Ejecutivo desvinculó a jefaturas técnicas apelando a la "confianza política". En reemplazó nombró a la abogada Constanza Garrido como nueva jefa. Organizaciones de funcionarios de derechos humanos acusan que afecta a “los familiares que en estos más de 50 años han estado buscando a sus familiares”.
El diseño ministerial que presentó el líder del Partido Republicano presentó un diseño en el que destacó la presencia de independientes, con dos carteras para su partido y una para los partidos de RN, UDI, Evópoli, Demócratas y Social Cristiano. Asimismo, sumó en su equipo a representantes del mundo gremial, empresarial y de think tank como Fundación para el Progreso y Libertad y Desarrollo. Con todo, la nómina incluye a dos ex abogados del dictador Augusto Pinochet.
