El sistema frontal que golpea a Chile desde el miércoles mantenía este viernes en vilo a la zona norte, centro y sur, con tormentas eléctricas previstas para la noche en Coquimbo, Valparaíso, la Región Metropolitana y O'Higgins. El balance hasta ahora: cuatro personas fallecidas, más de cien damnificados y evacuaciones activas en curso, en un fenómeno que afecta a 10 de las 16 regiones y que las autoridades vinculan al ciclo de El Niño. El Gobierno decretó Emergencia Preventiva desde Atacama hasta Los Ríos, vigente hasta el 21 de julio, y el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, adelantó que entre ayer y la mañana de hoy se evaluará extender la suspensión de clases a la próxima semana.

El corte de electricidad, que llegó a afectar a más de 590 mil clientes el jueves —un 7,3% del país—, se ha ido restableciendo gradualmente, aunque este viernes por la tarde aún se contabilizaban más de 400 mil hogares sin luz. En el Biobío, Tomé registra viviendas destruidas, Arauco reporta 77 casas afectadas por anegamientos y en Curanilahue las crecidas de los ríos Curanilahue y Rana obligaron a evacuar sectores completos. Kast visitó este viernes a los pobladores de Cerro Verde, en Penco, uno de los puntos donde una marejada arrasó con las viviendas costeras.

El relato oficial ha sido de anticipación exitosa. Kast ha insistido en que "esto no es un tema de Gobierno, es un tema de Estado", recordando que desde marzo se han destinado cerca de US$500 millones en obras y medidas preventivas, y pidiendo a las autoridades locales que "más que criticar", ayuden "a resolver". El mensaje busca blindar la gestión de cuestionamientos territoriales, pero la evidencia en terreno cuenta una historia más desordenada.

En Coquimbo, una de las regiones con más puntos críticos del país —450, según el Programa Invierno 2026 de Senapred—, el alcalde Ali Manouchehri denunció que la reunión de coordinación regional (Cogrid), convocada de manera telemática días antes de que llegara lo peor del temporal, colapsó por fallas técnicas: "fue casi una reunión de apoderados. No se escuchaba nada, no se sabía quién hablaba, había gente con las cámaras apagadas", relató. La instancia estaba pensada, justamente, para preparar la respuesta ante uno de los sistemas frontales más intensos de los últimos años.

A esa falla de coordinación se sumó un episodio que ilustra vacíos de fiscalización: una grúa pluma se desplomó sobre seis viviendas en Coquimbo producto de las ráfagas de viento, afectando a una familia cuya hija se encontraba en su dormitorio al momento del impacto. El delegado presidencial regional, Víctor Pino, reconoció que existía un mandato del Serviu para que este tipo de estructuras estuvieran "debidamente resguardadas" antes de la llegada del temporal, una instrucción que, en este caso, no se cumplió, y cuyas causas recién comenzarán a investigarse. Pino, además, venía siendo blanco de críticas previas por su conducción en materias de seguridad y coordinación territorial, lo que añade un antecedente a su gestión de la emergencia.

El problema de fondo no es solo puntual. A nivel nacional existen 2.363 puntos catalogados como de "muy alto riesgo" frente a este sistema frontal, y en la Región Metropolitana al menos 55 campamentos debieron ser evacuados de urgencia por riesgo de aluvión o desborde, entre ellos asentamientos en Talagante, Cerrillos y Puente Alto. El ex director de Senapred, Álvaro Hormazábal, apuntó directamente a la falta de infraestructura de mitigación de largo plazo en comunas con población en zonas de riesgo, y a la falta crónica de recursos municipales para abordar esa vulnerabilidad antes de que se convierta en emergencia.

El Gobierno decidió, además, capitalizar el momento para anunciar un giro de política más permanente. Kast firmó ya el miércoles un decreto que faculta el desalojo de ocupaciones irregulares en zonas de riesgo de la Región Metropolitana, "familias que están habitando en bajadas de quebradas, lechos de ríos", en sus palabras, advirtiendo que si la salida no es voluntaria "vamos a disponer los medios para que esas personas que están ahí salgan de esos lugares".

El viernes, en una actividad en el Regimiento de Infantería de San Bernardo, profundizó el anuncio: las evacuaciones actuales no serán, dijo, un hecho aislado ni una medida transitoria de emergencia, sino el inicio de un plan para que esos terrenos "no puedan volver a ocuparse". Citó la tragedia de la quebrada de Macul y el desalojo preventivo del ex campamento Dignidad, en La Florida, como precedentes que, a su juicio, validan la estrategia.

"En la medida de la disponibilidad de fuerza y de equipamiento, vamos a ir desalojando todos los lugares donde haya riesgo de vida real", afirmó, precisando que privilegiará las salidas voluntarias con apoyo para el traslado de familias y pertenencias, pero recurriendo a herramientas legales y al uso de la fuerza disponible en caso de negativa. El propio Mandatario adelantó que el criterio no se limitará a las zonas golpeadas por el temporal: se aplicará también en otras regiones con riesgos para la vida o la salud, mencionando como ejemplo los sectores contaminados por polimetales en el norte del país.

La medida —anunciada en paralelo a la respuesta de emergencia y sin que se conozca aún un plan de realojamiento definitivo para las familias afectadas— reabre la discusión sobre si el Ejecutivo está usando la coyuntura del desastre para instalar una política habitacional de mayor alcance sin el debate que ese giro ameritaría.

Incluso el propio Kast admitió una falla estructural en la gestión de recursos. Explicó que el mecanismo del 2% de los presupuestos regionales, el que normalmente se activa para financiar la respuesta, "es lento" por el trámite administrativo que conlleva, razón por la cual el Gobierno debió adelantar la elaboración del decreto de emergencia para no depender de esa vía. Es, en los hechos, un reconocimiento de que la institucionalidad diseñada para reaccionar rápido ante desastres no lo hace.