Las comunidades de Atacama llevaron a los tribunales la aprobación de Copiaport-E para defender Bahía Chascos. Mientras se revisan los impactos del megapuerto, las autoridades siguen debiendo una explicación pública sobre la trama empresarial que incluye sociedades en paraísos fiscales, una aseguradora constituida bajo legislación tribal estadounidense y antiguos socios de Eike Batista que continúan vinculados al proyecto.
En febrero de 2026, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) publicó el informe '¿Quiénes están detrás del megaproyecto extractivista Copiaport-E?'. Su investigación siguió los nombres de empresas y ejecutivos desde Chile y Brasil hasta Barbados, Bahamas e Islas Vírgenes Británicas. Siete meses después, con la aprobación ambiental impugnada ante el Primer Tribunal Ambiental, esos antecedentes cobran una nueva urgencia tendiente a establecer qué sabía el Estado sobre quienes promueven el megapuerto y qué hizo para verificarlo.
El proyecto, estimado en unos US$450 millones, contempla infraestructura portuaria en el sector de Punta Cachos y Bahía Chascos, en la Región de Atacama. Pescadores artesanales, habitantes y organizaciones del territorio cuestionan sus efectos sobre los ecosistemas costeros y sus formas de vida. La reclamación admitida a trámite en julio busca revertir la aprobación ambiental; su admisión permitió iniciar la revisión judicial, pero todavía no constituye un fallo sobre el fondo.
Una propietaria declarada bajo legislación tribal
Según la información difundida por los operadores del proyecto y examinada por OLCA, St Matthew Assurance Ltd (SMA) es propietaria de Hacienda Castilla y de Copiaport-E Operaciones Marítimas SpA desde 2019. La aseguradora fue constituida originalmente bajo las leyes de la Nación Modoc, en Estados Unidos. Sus promotores afirman que en 2023 pasó a operar bajo la legislación de la organización denominada Chiricahua Apache Mimbres Band Nation (CAMB).
La manera en que presentan ese cambio de propiedad del proyecto, de una tribu a otra, es uno de los hallazgos más preocupantes del informe. Los propios operadores destacan que la cobertura legal de las tribus les ofrecería ventajas frente a las restricciones del Estándar Común de Reporte (CRS) de la OCDE, utilizado para el intercambio internacional de información financiera, y de FATCA, la legislación estadounidense que busca detectar activos de contribuyentes de ese país en el extranjero. Chile participa en el sistema de intercambio asociado al CRS. OLCA cuestiona que se promocione un proyecto aprobado en territorio chileno invocando ventajas frente a mecanismos creados para combatir la evasión tributaria.
Para OLCA urge que las autoridades expliquen si identificaron a los controladores efectivos de SMA y cómo evaluaron las afirmaciones públicas de sus promotores antes de autorizar el megapuerto. El proyecto avanzó sin una fiscalización debida de su origen y de su forma de hacer negocios.
El antecedente del «arriendo de tribus»
El informe, elaborado por el investigador de OLCA Ricardo Cifuentes, aborda el llamado «arriendo de tribus», un montaje mediante el cual empresarios externos se presentan bajo la propiedad o el control de entidades indígenas para aprovechar protecciones legales destinadas a estas. OLCA documenta un antecedente judicial en Estados Unidos sobre el esquema de préstamos ilegales dirigido por Scott Tucker y Timothy Muir, en el que participaron corporaciones vinculadas a la Nación Modoc. La fiscalía estadounidense estableció que Tucker utilizó acuerdos con esas corporaciones para eludir leyes estatales contra la usura.
SMA estuvo constituida bajo las leyes de la Nación Modoc y luego fue trasladada a CAMB. OLCA señala que esta última no figuraba en el registro federal de tribus reconocidas que revisó para su informe. A partir de esos antecedentes, plantea la necesidad de esclarecer si la organización indígena ejerce un control real de la aseguradora y del puerto, o si su participación sirve para dar cobertura a operadores externos. El caso judicial de los préstamos demuestra cómo funcionó ese montaje en otro negocio; no demuestra, por sí mismo, que Copiaport-E reproduzca el mismo delito. Por ello, resulta necesaria una investigación de las autoridades chilenas sobre la propiedad efectiva del proyecto.
Los ejecutivos y las sociedades en paraísos fiscales
La red descrita por OLCA se extiende a varias jurisdicciones. El informe identifica a Nicholas Winters como director gerente de Copiaport-E y, al mismo tiempo, directivo de Cotswold Group of Companies, con sede en Barbados. También consigna sus vínculos con empresas domiciliadas en Bahamas. Todd Callender, promotor del megapuerto, dirige Cotswold, cuya aseguradora original obtuvo licencia en Islas Vírgenes Británicas antes de trasladar su jurisdicción principal a Barbados. El documento registra otras sociedades asociadas a Callender en Bahamas, Barbados e Islas Vírgenes Británicas.
Uno de los antecedentes del informe requiere especial atención. Callender, otro ejecutivo de Cotswold y una empresa radicada en Barbados aparecen mencionados en documentos vinculados al caso de Joseph Cammarata, acusado de planear un fraude millonario. De acuerdo con la información citada por OLCA, habrían prestado servicios fiduciarios a sociedades relacionadas con los acusados. Ni Callender ni Cotswold fueron nombrados acusados por el Departamento de Justicia estadounidense o por la Comisión de Bolsa y Valores en esa causa. Su relación empresarial con el caso merece ser examinada, pero no equivale a atribuirles el fraude.
El grupo de Eike Batista sigue presente
Copiaport-E conserva vínculos con el entorno empresarial de Eike Batista, impulsor de proyectos anteriores en la zona. La investigación de OLCA identifica a Alexandre Soderi Hendzel, socio del empresario brasileño, como representante legal del puerto ante las autoridades chilenas, y a Vinicius Balian Racca como jefe de desarrollo del proyecto.
El informe registra en Chile más de una docena de sociedades ligadas al grupo y a las operaciones vinculadas con Copiaport-E. Entre ellas, OLCA identificó cuatro empresas que, al momento de su investigación de febrero, no habían declarado inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, pese a figurar en actos de asociación, composición o transformación de sociedades registrados notarialmente o publicados en el Diario Oficial: AMX-Acqua Management Inc, Ardpoint Holdings Inc, EBX Inversiones S.A. y St Matthew Assurance Ltd. El hallazgo exige que el SII y las compañías aclaren su situación y la naturaleza de esas operaciones; el informe, por sí solo, no establece una infracción tributaria.
La trayectoria del grupo ofrece otros antecedentes. En 2012, una empresa del conglomerado de Batista presentó en Colombia un complejo de explotación y transporte de carbón que incluía minas, una línea ferroviaria y un puerto de aguas profundas. El plan fracasó. OLCA consigna que el regulador del mercado de valores de Brasil sancionó a Lars Batista, hermano de Eike, por uso de información privilegiada en transacciones con acciones de la compañía colombiana.
En Atacama, el nombre de Batista remite además a la Termoeléctrica Castilla. La central a carbón que su grupo intentó instalar en la zona no llegó a concretarse tras una prolongada lucha de las comunidades, acompañadas por OLCA. Hoy, el megapuerto vuelve a presionar sobre ese territorio, mientras el informe reconstruye la continuidad de sociedades y personas vinculadas a los negocios del empresario brasileño.
Una respuesta pendiente del Estado
El informe de OLCA plantea una responsabilidad para las autoridades que le dieron luz verde referida a explicar cuánto saben sobre las personas y empresas que manejan el puerto.
Siete meses después de publicado el informe, Lucio Cuenca, director de OLCA, exige al Estado que responda “qué verificaciones realizaron sobre la propiedad declarada del puerto, la situación de las empresas identificadas y la promoción de supuestas ventajas frente a mecanismos internacionales de transparencia financiera”.
Para el director de OLCA, el Estado debe aclarar quién controla el proyecto, de dónde provienen los recursos y qué organismos tienen a su cargo la fiscalización de las compañías involucradas.
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