La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) fue condenada por el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago el día 6 de mayo de 2019, al pago de cerca de 39 millones de pesos –con costas involucradas– por haber removido a Osvaldo Garay Opaso, ex contralor de esa casa de estudios, como una medida de represalia por los dichos que este funcionario había emitido cuando fue invitado al Senado a la discusión sobre la Ley de Universidades Estatales.
“Acontece que la medida adoptada por la demandada claramente es una represalia por las opiniones vertidas por el demandante ante una Comisión Parlamentaria”, lo cual “produjo molestia debido a que luego de su intervención se habría reducido el monto de dinero que las universidades podrían manejar directamente”, señaló esa sentencia.
En el marco de esta demanda por tutela laboral, el tribunal sentenció además que la remoción de Garay fue “una medida innecesaria y desproporcionada que afecta claramente su derecho fundamental a emitir opinión”.
Ante esta situación, la UMCE persistió en su defensa y presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para dejar sin efecto esta sentencia. Sin embargo, esa corte falló en su contra, y a favor de Garay, el 15 de octubre de 2019.
Esta casa de estudios prosiguió en sus intentos por revertir la situación, recurriendo esta vez ante la Corte Suprema, tribunal de última instancia a nivel nacional. mediante un recurso de unificación de jurisprudencia. Este recurso procede cuando, sobre una misma materia, se han producido anteriormente sentencias con interpretaciones jurídicas disímiles en tribunales superiores de la república.
Finalmente el miércoles 8 de julio de este año, la Corte Suprema declaró que este recurso presentado por la UMCE es inadmisible, dejando a este plantel universitario sin más instancias a las que recurrir.
INTERFERENCIA informó sobre este caso en enero de 2019, en un reportaje en que se entregan detalles sobre la irregular situación que terminó con la remoción de este ex contralor. En esta trama hay involucrada una suma de irregularidades que han tenido a la UMCE en una compleja situación financiera y administrativa.
Este funcionario había intentado poner freno a algunas de estas situaciones en el ejercicio de su labor como contralor interno de la UMCE, provocando anticuerpos en la administración de esa universidad, liderada hasta hoy por el rector Jaime Espinosa Araya.
En la sesión de la junta directiva de la universidad, en la que removieron a Garay en marzo de 2018, se leyó una carta de Ennio Vivaldi, presidente del Consorcio de Universidades del Estado (Cuech), y rector de la Universidad de Chile.
En esta misiva, Vivaldi pedía explicaciones a Jaime Espinosa, rector de la UMCE, por las declaraciones que Garay había hecho en el Congreso a proposito de la discusión sobre Ley de Universidades Estatales, debido a que contravenían asuntos acordados por el consorcio.
¿Causal de remoción del rector?
Esta decisión de la Corte Suprema es un balde de agua fría para la UMCE, la cual ya arrastraba otros problemas, como los malos resultados que ha obtenido en su acreditación académica, en la que obtuvo tan solo 3 años.
“Esto puede significar además una causal de remoción para el rector Jaime Espinosa, porque el respeto de la libre expresión es por ley uno de los principios de las universidades estatales”, señaló Osvaldo Garay en conversación con INTERFERENCIA, y agregó que "acá hay una sentencia objetiva que dice que la UMCE no respetó la libertad de expresión de un funcionario y en virtud de eso se me removió como represalia”.
Efectivamente la Ley de Universidades Estatales, publicada en junio de 2018, señala en su artículo 22° que los estatutos de cada universidad deberán considerar ciertos aspectos específicos para enumerar las causales de remoción del rector de una universidad pública. Uno de estos aspectos es “el resguardo (...) de los principios del sistema de educación superior nacional”.
Dichos principios del sistema de educación superior nacional están descritos en el artículo 5° de esta ley, el cual menciona que uno de ellos es “la libertad de pensamiento y de expresión”, causa por la que precisamente fue condenada en esta ocasión la UMCE y, por ende, la gestión del rector Jaime Espinosa Araya.
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