La crisis del Parque Cultural de Valparaíso-Ex Cárcel se asoma por ciclos, exhibiendo por partes la verdadera magnitud de su calado. Tanto la ministra de Cultura como la actual presidenta del directorio son las primeras responsables -por acción u omisión- de la agudización de un conflicto que continúa dilapidando el patrimonio material e inmaterial que fundamentalmente los y las trabajadoras del Parque han querido impulsar por décadas.

Son muchas las razones que explican tanto histórica como coyunturalmente el actual abismo, partiendo por la imposibilidad de encontrar a un o una directora ejecutiva definitiva, a pesar de iniciar un proceso de búsqueda hace prácticamente doce meses. El fracaso en esta selección -donde se invirtieron recursos valiosos que la organización cultural no está en condiciones de dilapidar- no fue accidental, sino resultado interesado de la conducción de la presidenta del directorio y de otros y otras integrantes del directorio mismo, con posiciones y planteamientos que deberían ser revisados por toda la ciudadanía lo que vuelve una necesidad el hacer públicas la totalidad de las actas disponibles de por lo menos los últimos dos años.

Esto, a pesar de lo que sostienen algunas al ver naufragar el barco, no se trata de una disputa ideológica. Sostener lo anterior es minimizar las responsabilidades y comportamientos ético políticos en la actual crisis del Parque o de roles que han cumplido trabajadores como el director ejecutivo subrogante, hoy renunciado, quien hizo todo lo posible por eternizarse en el cargo, apoyado explícitamente por parte del directorio y también, en su momento, por el sindicato de trabajadores que llega algo tarde con su reclamo.    

Por eso, un buen y sano ejercicio sería poner a disposición pública todas las actas -in extenso- de las reuniones del directorio, dando cuenta de las posiciones y acciones que se han materializado y las que no, además de conocer en detalle la situación financiera actual y de otras gestiones relevantes como las que se debían sostener frente a órganos como el Consejo de Defensa del Estado.

También, por supuesto, permitirá que se asuman las responsabilidades políticas y jurídicas de quienes -también por acción u omisión- han agudizado la crisis del segundo escenario cultural más relevante de Chile.

(*) Boris González López, ex presidente del directorio del PCdV.