En una alocución ante el Congreso Nacional que se extendió por más de dos horas, el Presidente José Antonio Kast presentó ayer lunes su primera Cuenta Pública. El mandatario centró su mensaje en la necesidad urgente de reorganizar el aparato estatal y dinamizar la economía, bajo un análisis crítico que definió el estado actual de las áreas social, económica y de seguridad como de "emergencia".

Al comenzar su intervención, Kast subrayó la resiliencia del país con la frase: “La emergencia no es el lugar donde Chile se queda. Es el lugar desde donde Chile se levanta”.

Durante su discurso, el eje de seguridad ciudadana representó el bloque más extenso. En esta materia, el Gobierno informó sobre la implementación del Registro de Vándalos e Incivilidades. Esta herramienta busca prohibir el acceso a prestaciones del Estado a quienes participen en desmanes, bajo la premisa expuesta por Kast: “Quienes cometan algunas de estas conductas, perderán beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal, o el subsidio de arriendo”.

Asimismo, el Jefe de Estado anunció que se ejecutará un Plan de Intervención Barrial Intensivo que abarcará 50 zonas críticas a nivel nacional. Dicha estrategia se basará en tácticas de copamiento por parte de la policía, patrullajes de carácter preventivo y acciones focalizadas para desmantelar organizaciones delictivas y focos de comercio ilegal.

A esto se suma una propuesta de reforma a la Ley Indígena, cuyo propósito principal, según la propuesta de Kast, es suprimir las actuales limitaciones sobre la propiedad de tierras y establecer un ordenamiento más eficaz en el proceso de adquisición de las mismas.

Por otro lado, el gobernante enfatizó su compromiso con la restauración del orden en el sistema penitenciario nacional. Para lograr este objetivo, el mandatario destacó la necesidad de robustecer la labor de Gendarmería y anunció la implementación de un ambicioso plan de infraestructura que proyecta la habilitación de más de 20 mil nuevas plazas en los recintos carcelarios del país.

Con el fin de robustecer la persecución delictual, el Mandatario comunicó la implementación de siete fuerzas de tarea dependientes del Ministerio de Seguridad Pública. Esta iniciativa contempla una acción conjunta entre las policías, el Ministerio Público, Gendarmería y diversos organismos fiscalizadores para abordar áreas críticas como el crimen organizado, ciberdelito, finanzas criminales, mercados ilícitos, secuestro y sicariato, además de reforzar la vigilancia en puertos, fronteras y la Macrozona Sur.

Al respecto, el Jefe de Estado enfatizó: “Queremos dejar atrás la respuesta fragmentada y pasar a la ofensiva coordinada y permanente”.

En la misma línea, el Ejecutivo otorgará urgencia legislativa al proyecto que extiende el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas. Asimismo, la agenda de seguridad incluirá medidas para potenciar las atribuciones policiales, intensificar el control de la migración y elevar las penas para quienes actúen encapuchados durante hechos de violencia.

Dentro del ámbito económico, el Jefe de Estado calificó la situación actual como una "emergencia fiscal", proponiendo consecuentemente una reestructuración de las instituciones del Estado. En su intervención, garantizó la continuidad de las ayudas sociales, enfocando los recortes únicamente en los gastos de administración pública.

Asimismo, subrayó la relevancia de la iniciativa de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social que se tramita en el Parlamento, enfatizando que su validación es fundamental para la recuperación del país. "La ratificación de este plan de reconstrucción es vital para retomar la senda del crecimiento", afirmó el Mandatario.

De este modo, el mensaje presidencial se centró en la urgencia de dinamizar la inversión, simplificar los procesos de permisos y posicionar la reactivación económica como el pilar fundamental de su administración.

Mientras en las inmediaciones del Congreso en Valparaíso se registraban diversas protestas e incidentes, en la capital la convocatoria se concentró en los alrededores de la Plaza Baquedano durante la jornada de ayer lunes.

La movilización, articulada bajo la consigna “El pueblo pasa la cuenta”, congregó a múltiples organizaciones sociales que manifestaron su tajante rechazo a la actual administración y a la denominada megarreforma promovida por el Ejecutivo.

Dentro del bloque de agrupaciones convocantes destacaron la Coordinadora Feminista 8M, Modatima, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Memorarte, la Comisión Contra la Tortura y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).