Este jueves comenzó a regir una nueva alza en el precio de las bencinas, impulsada por los cambios al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). La medida, liderada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, marca uno de los incrementos más significativos de los últimos años en medio de la tensión internacional por la guerra en Irán.

El impacto es inmediato. El alza se siente en el transporte, en los costos logísticos y, en cadena, en el precio de bienes y servicios.

Pero ese golpe no viene solo.

El costo no es menor. Se estima en unos US$ 500 millones anuales, que hasta ahora han sido absorbidos principalmente por grandes consumidores como la minería y la industria, pero eso está por cambiar. A partir de 2027, con la entrada en vigencia de nuevos contratos de suministro eléctrico, estos costos comenzarán a traspasarse a los clientes regulados. Es decir, a los hogares.

Mientras el debate público se concentra en el “bencinazo”, en paralelo se consolida otro problema que comenzará a sentirse en los próximos años: el aumento en las cuentas de la luz.

Hace pocos días, el Ministerio de Energía, encabezado por Ximena Rincón, retiró cinco decretos que buscaban corregir una distorsión relevante del mercado eléctrico. Una decisión que mantiene intacto un mecanismo que hoy implica millonarios costos para el sistema.

El origen está en los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), un mecanismo creado para fomentar pequeños generadores mediante un precio estabilizado —en torno a 80 dólares por MWh— que funciona como subsidio. Con el tiempo, ese incentivo fue capturado por grandes fondos internacionales como BlackRock, Brookfield o JPMorgan Chase.

La distorsión más evidente se produce en escenarios de alta generación solar. Cuando hay sobreoferta, el precio de la energía puede caer a cero. En esos casos, las grandes generadoras renovables dejan de percibir ingresos. Los PMGD, en cambio, siguen recibiendo el precio estabilizado. Es decir: se paga incluso cuando el sistema no necesita esa energía.

Los decretos retirados buscaban corregir parcialmente esta anomalía, obligando a estos actores a enfrentar condiciones más similares al resto del mercado. Pero esa corrección quedó suspendida.

El costo no es menor. Se estima en unos US$ 500 millones anuales, que hasta ahora han sido absorbidos principalmente por grandes consumidores como la minería y la industria, pero eso está por cambiar.

A partir de 2027, con la entrada en vigencia de nuevos contratos de suministro eléctrico, estos costos comenzarán a traspasarse a los clientes regulados. Es decir, a los hogares. No aparecerán como un cobro explícito, pero sí estarán incorporados en el precio final de la electricidad.

Así, lo que hasta ahora era una carga dentro del sistema productivo comenzará a reflejarse directamente en las cuentas de la luz.