Una nueva investigación penal fue abierta contra la abogada de derechos humanos Karina Riquelme Viveros, reconocida por su trabajo jurídico en causas vinculadas a comunidades mapuche, violencia estatal y defensa territorial. El proceso judicial, iniciado en octubre de 2025, indaga un supuesto delito de “violación de reserva procesal”, en el contexto de declaraciones realizadas por la profesional a los medios de comunicación, como parte de su trabajo jurídico en torno a la desaparición de Julia Chuñil Catricura.

La investigación fue impulsada por la fiscal de Los Ríos, Tatiana Esquivel, contraparte en el proceso judicial relacionado con la desaparición de Julia Chuñil, mujer mapuche de 72 años, desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024 en las inmediaciones de la “Reserva Cora Número Uno-A”, ubicado en la comuna de Máfil, a más de 800 kilómetros al sur de Santiago. 

Rodrigo Pizarro Rosales, representante legal de la abogada Karina Riquelme señaló que se encuentran analizando todas las alternativas judiciales con el objeto de ejercer el derecho a defensa. “En relación con la investigación que se lleva adelante en contra de mi representada, por la supuesta falta a la reserva del secreto de una investigación y, además, para solicitar un pronunciamiento en cuanto a las vigilancias de las que ha sido objeto por parte de la policía y que implica ser fotografiada en vía pública mientras ejercía su labor como abogada”, declaró el litigante. 

La nueva causa contra Riquelme ha sido interpretada por organizaciones y académicos del área como un nuevo episodio de persecución hacia una profesional que, desde hace más de una década, ha litigado en causas de alta sensibilidad política y pública relacionadas con el pueblo mapuche y violaciones a derechos humanos. Para Myrna Villegas Diaz, profesora del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, este proceso es particularmente preocupante porque puede tensionar garantías esenciales para el funcionamiento democrático y para la protección judicial efectiva de los derechos humanos. “Cuando una abogada defensora de derechos humanos es objeto de investigación penal por actuaciones o declaraciones vinculadas al ejercicio de la defensa en causas de alto interés público, existe el riesgo de generar un efecto inhibitorio no solo respecto de esa profesional, sino también respecto de todos aquellos que ejercen defensa jurídica en casos sensibles. El libre ejercicio de la abogacía es una garantía institucional del debido proceso y del acceso a la justicia”, señaló la académica.

Desde Front Line Defenders, ONG destinada a proteger de forma internacional a defensores de derechos humanos en riesgo, señalaron que "la situación de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales en Chile es preocupante. Los casos de criminalización, hostigamientos y amenazas generan un escenario de mucha vulnerabilidad y riesgo para la defensa de los derechos humanos”, declaró Julia Lima, Coordinadora de Protección para las Américas de la Organización con sede principal en Dublín, Irlanda.

Además, agregó que existe una especial preocupación internacional frente a que el “Estado Chileno no ha buscado revertir ese escenario y fortalecer la protección de las personas defensoras e investigar y aclarar las violaciones que han sufrido, como urge en el caso de la defensora indígena Julia Chuñil, en cambio utiliza sus capacidades para frenar aún más la defensa de derechos. El intento de criminalización a Karina Riquelme, que es una defensora de derechos humanos trabajando hace años para apoyar la protección y la garantía de los derechos indígenas en Chile, es más un ataque a la defensa de derechos en el país” enfatizó.

“Han puesto trabas infundadas para ejercer debidamente el derecho a defensa”

La investigación surge a raíz de declaraciones públicas emitidas por la abogada mientras acompañaba jurídicamente a la familia de Julia Chuñil. Sin embargo, hasta ahora, según el abogado defensor Rodrigo Pizarro, no existiría imputación formal notificada, pero sí una investigación abierta. “En cuanto a la causa por la supuesta ventilación de antecedentes reservados, se han realizado gestiones administrativas con el Ministerio Público con el objeto de poder acceder a dicha investigación y los antecedentes que la sustentan, sin embargo, se nos han puesto trabas infundadas para ejercer debidamente el derecho a defensa”, declaró Pizarro.

La segunda causa penal

Recientemente se conocieron informes de inteligencia policial del año 2023 que revelan seguimientos a Riquelme y a la abogada Patricia Cuevas, también defensora de DD.HH, en las inmediaciones del Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno, Región de Los Ríos. Estos informes policiales detallan marcas de vehículos, patentes y movimientos de las abogadas, tratándolas como sujetos de interés dentro de operativos de "vigilancia y seguimiento" mientras ejercían su labor profesional.

Un historial de seguimientos y judicialización

Estas nuevas investigaciones ocurren en un contexto marcado por años de denuncias de hostigamiento contra Karina Riquelme. Uno de los primeros episodios ocurrió en 2010, cuando la abogada, recién titulada, fue citada por la Policía de Investigaciones de Chile a declarar en una investigación iniciada de oficio por la Fiscalía, justo un día antes de alegar un recurso de protección contra interrogatorios ilegales a niños mapuche.

Años más tarde, en el marco de la denominada Operación Huracán, donde se acusó falsamente a dirigentes mapuche por asociación ilícita terrorista mediante pruebas implantadas, Riquelme volvió a denunciar seguimientos por agentes de civil, uso de luces láser dirigidas hacia su domicilio particular en Temuco e interceptaciones a su teléfono realizadas bajo el marco de la Ley de Inteligencia. 

El caso terminó con el sobreseimiento definitivo de los comuneros y con la formalización de funcionarios de Carabineros de Chile por asociación ilícita y manipulación de evidencias. En abril de este año el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco condenó al civil Alex Schmidt y el capitán de Carabineros, Leonardo Osses, imputados que se encuentran cumpliendo pena efectiva de cárcel.

Durante ese proceso, Riquelme y otro abogado denunciaron haber sido fotografiados por agentes policiales de civil mientras litigaban en tribunales. 

Posteriormente, en octubre de 2016 la Corte Suprema acogió un recurso de amparo y ordenó proteger el libre ejercicio de la profesión de ambos abogados. En su fallo, el máximo tribunal reconoció que la presencia y vigilancia policial sobre abogados defensores podía constituir una perturbación ilegítima al ejercicio profesional.

Desde Global Witness, organización no gubernamental (ONG) internacional que investiga atentados contra el medio ambiente y contra los derechos humanos con sede en Londres, Washington D. C. y Bruselas declararon estar alertas por la situación de judicialización que enfrenta la abogada de derechos humanos. “Conocemos el valioso trabajo que realiza Karina Riquelme representando a la familia Chuñil en su búsqueda.  Global Witness ve con preocupación el aumento de la criminalización contra personas defensoras del ambiente y el territorio y en particular contra abogados y abogadas con el fin de dificultar su labor de representación de víctimas ya que es clave que realizar su labor con total libertad y garantías de seguridad”, puntualizó Javier Garate, Asesor senior de Global Witness.

Finalmente, el defensor Rodrigo Pizarro, fue enfático en señalar que la reiteración de estos hechos configuran un alarmante patrón de vigilancia y criminalización contra abogados que litigan en el sur de Chile causas relacionadas con violencia estatal, conflicto territorial y derechos del pueblo mapuche.