El jueves pasado se supo que, en un Fondo Mutuo del Ejército creado en la Región de Aysén, existe un fraude que podría superar los 3.000 millones de pesos.

El fiscal a cargo de la investigación, Carlos Palma, dijo que existen al menos 584 oficiales y suboficiales que podrían ser imputados en la indagatoria. El caso comenzó con una auditoría de la Contraloría General de la República que detectó gastos improcedentes en el Ejército por 660 millones de pesos en Coyhaique. Ahí se descubrieron viáticos adulterados, comisiones de servicios falsas, gastos de representación irregulares y pagos por servicios inexistentes, que tenían su origen en una inusual forma de recompensar a los beneficiarios del Fondo de Ayuda Mutua de oficiales y suboficiales que se encontraba en quiebra.

Tras una querella del Consejo de Defensa del Estado por el delito de fraude al fisco, se designó al fiscal de Aysén Carlos Palma para que investigara. Este ha realizado allanamientos e interrogatorios, incluso al comandante en jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez, y a ex ministros de Defensa, como Francisco Vidal.

El persecutor aclaró que la cooperativa ya no opera en el Ejército y actualizó el monto en lo que va de este fraude. “Originalmente en la querella del CDE se hablaba de un monto que correspondía a los años 2015 y 2016. Hoy, con los antecedentes que tenemos, supera los 3.000 millones de pesos, pero es un monto que va a ir variando”, dijo.

Se decidió que 21 generales pasaran a retiro, que cinco generales de brigada ascendieran a generales de división y que 18 coroneles ascendieran a generales de brigada. En resumen, se descabezó al alto mando, como nunca se había hecho desde el retorno de la democracia en 1990.

Reaccionando ante un posible nuevo desfalco en esa institución castrense, el ministro de Defensa, el ex senador de Renovación Nacional, Alberto Espina, afirmó que “el Ejército no está en crisis” y que “al Ejército hay que cuidarlo”.

Todas estas irregularidades obligaron a que en el Ejército y en diversas instancias del gobierno se efectuaran investigaciones urgentes sobre los oficiales que deberían ascender y retirarse del alto mando castrense en 2019, como parte del proceso institucional de todos los años.

Finalmente se decidió que 21 generales pasaran a retiro, que cinco generales de brigada ascendieran a generales de división y que 18 coroneles ascendieran a generales de brigada. En resumen, se descabezó al alto mando, como nunca se había hecho desde el retorno de la democracia en 1990.

Lo que viene es impredecible. Todo apunta a que las investigaciones de la jueza Rutherford y de los fiscales, de la Contraloría y del CDE podrían llevar a los tribunales a cientos de oficiales, no sólo del Ejército, sino también de la Armada y de la Fuerza Aérea y, en esta ocasión, también a muchas de sus esposas, de sus hijos e, incluso de sus suegras y otros familiares. También se verán desfilar ante la justicia a ex ministros, ex subsecretarios y a otros personeros de los gobiernos actuales y pasados.

Pugna por el poder

A fines de 2017, la gran mayoría de la oficialidad del Ejército esperaba que la presidenta Michelle Bachelet designara como nuevo comandante en jefe de la institución al general John Griffiths Spielman, del arma de Artillería, comandante de la Región Militar Norte, en reemplazo del general Humberto Oviedo.

Griffiths, con una impecable hoja de vida militar, había adquirido cierta notoriedad pública en septiembre de 2015 cuando pidió disculpas a los familiares de detenidos desaparecidos en Arica, luego de que dos oficiales de un regimiento de esa ciudad rompieran un monolito recordatorio de varias víctimas de la represión militar tras el golpe de Estado de 1973.

La designación del nuevo comandante en jefe habitualmente surge de entre las cinco primeras antigüedades del alto mando. Ricardo Lagos nombró en 2002 al general Juan Emilio Cheyre, que ocupaba la segunda antigüedad; y en 2005 designó a Oscar Izurieta, la primera antigüedad en aquel momento. Michelle Bachelet, en su primera administración, nominó en 2009 al general José Miguel Fuente-Alba, cuando era la cuarta antigüedad. Sebastián Piñera, en cambio, en su primer gobierno designó al general Humberto Oviedo, que era la novena antigüedad del Ejército.

El general Oviedo vio empañado el término de su gestión luego de una investigación que abrió el Ministerio Público por un supuesto enriquecimiento ilícito de su predecesor, el general (r) Juan Miguel Fuente-Alba, quien poseía un patrimonio superior a los 3.000 millones de pesos, cifra que no era correspondiente con sus ingresos como alto oficial del Ejército.

En un reservado despacho del Ministerio de Defensa, un grupo de profesionales jóvenes dirigidos por el ex juez Alejandro Solís, revisó en 2017 una y otra vez los antecedentes de los generales que ocuparían el alto mando del Ejército en 2018. Finalmente, se concordó la lista definitiva de oficiales y los dos nombres que se le sugirieron a la presidenta Bachelet como nuevo comandante en jefe: los generales John Griffiths y Ricardo Martínez.

Otra situación que afectó al saliente comandante fue la detención en Temuco, en abril de 2017, de su hermano, el general (r) Carlos Oviedo Arriagada, acusado por el ministro en visita Álvaro Mesa, de encubrir –cuando era teniente- el asesinato de Waldo Rivera Concha, un hombre de 33 años, ocurrido el 29 de abril de 1974.

En un reservado despacho del Ministerio de Defensa, un grupo de profesionales jóvenes dirigidos por el ex juez Alejandro Solís, revisó una y otra vez los antecedentes de los generales que ocuparían el alto mando del Ejército en 2018. En diversas otras instancias del gobierno había hecho lo mismo. Y, finalmente, se concordó la lista definitiva de oficiales y los dos nombres que se le sugirieron a la presidenta Bachelet como nuevo comandante en jefe: los generales John Griffiths y Ricardo Martínez Menenteau, del arma de Infantería, en ese momento el jefe del Estado Mayor.

Diversos altos personeros de la Nueva Mayoría habían hecho lobby en esas semanas para que la mandataria se inclinara por uno u otro. Casi todos coincidían en que ambos eran los más adecuados para seguir conduciendo al Ejército hacia la independencia política, ya que durante muchos años la institución se identificaba casi exclusivamente con la derecha política.

INTERFERENCIA no logró precisar con exactitud cuál fue el motivo que hizo inclinarse finalmente a la presidenta Bachelet por Martínez Menenteau. Algunas fuentes consultadas, que pidieron reserva de sus nombres, creen que lo que corrió en contra del general Griffiths fue el haber sido Secretario General del Ejército durante la Comandancia del general José Miguel Fuente-Alba, quien terminó su mandato muy cuestionado por los claros indicios de enriquecimiento personal.

El general Ricardo Martínez, el nuevo comandante en jefe que designó Bachelet a fines del año pasado, pertenece al arma de Infantería, tiene 58 años, posee la especialidad primaria de Oficial de Estado Mayor y las secundarias de Comando y Paracaidista. Es profesor militar de Técnica de Infantería y de Historia Militar y Estrategia. En 2006 fue ascendido al grado de coronel y designado comandante del Regimiento Reforzado Nº 10 ‘Pudeto’. En 2009 ocupó el puesto de director de la Escuela de Suboficiales y un año más tarde fue ascendido a general de Brigada y designado director de Proyectos e Investigación del Ejército. También fue comandante de la II División Motorizada en 2012 y, ya como general de División, fue subjefe del Estado Mayor Conjunto. Está casado con Cecilia Militzer Puiggener y tiene dos hijos.

El general Griffiths, en tanto, fue designado como jefe del Estado Mayor.

Alto patrimonio

Ya en enero de este año, algunos medios de comunicación hurgaron en los antecedentes del general Ricardo Martínez y de su familia. Revelaron que en 2005 había tenido un incidente con un conscripto en Punta Arenas, al que golpeó reiteradamente. Que había sido muy cercano al general Juan Miguel Fuente-Alba y que poseía un elevado patrimonio personal, superior a los 550 millones de pesos, el más alto entre todos sus pares. También se le señaló como muy próximo a algunas figuras de la Democracia Cristiana vinculadas a la Defensa, y como integrante de una familia de mucha influencia en las filas militares, con un padre y cinco hermanos que también formaron parte de la oficialidad del Ejército. Su hermana Leticia llegó a ser coronel, se acogió a retiro en 2014, cuando era jefa de Finanzas del Estado Mayor Conjunto, mientras Ricardo era subjefe del organismo. Su hermano Rafael, en tanto, se acogió a retiro en 2011 siendo jefe del Departamento de Finanzas de la Dirección General de la Movilización Nacional. Luego fue recontratado como asesor en control de gestión en su calidad de contador auditor.

El viernes 9 de noviembre, el diario La Segunda recordó que la coronel (R) Leticia Martínez no lo pasó muy bien en el Ejército. En dos oportunidades la Contraloría General de la República cuestionó sus manejos de dinero en la compra de pasajes aéreos para oficiales y suboficiales de la institución, e incluso le ordenó devolver 11 millones por uno de esos casos. Aquellos antecedentes ya habían sido profusamente difundidos por la unidad de investigación de la Radio Biobío a comienzos de 2018.

Otro de los hermanos, Leonardo Martínez, llegó a ser general y pasó a retiro a fines de 2017. Está casado con Sofía Debarbieri Löwener, quien a su vez tiene dos hermanos con múltiples empresas en los rubros inmobiliarios y de la construcción.

Choque de generales

El sábado 29 de septiembre el diario La Tercera informó que estaba circulando en las redes sociales una carta anónima dirigida al ministro de Defensa, Alberto Espina, firmada por un “un viejo soldado que no necesita conducto regular”. En la misiva se denunciaba una discusión entre el jefe del Estado Mayor general del Ejército, John Griffiths, y el comandante en jefe de la institución, Ricardo Martínez.

Es probable que durante las próximas semanas y meses el país se vaya enterando de nuevos desfalcos multimillonarios de una institución que, desde 1990, prácticamente operó sin pesos y contrapesos institucionales. Hasta ahora.

Según La Tercera, la publicación anónima daba cuenta, entre otras cosas, de que “en los cortos seis meses al mando de la institución, ya son múltiples los incidentes que han ido fracturando el Alto Mando institucional, cuando a pocas semanas de asumir Martínez, el general Erwin Siebert (ex jefe de Bienestar) salió a portazos de su oficina en el tercer piso del Ejército Bicentenario, solicitando la renuncia y que la institución, en comunicado oficial, aduce a ‘problemas de salud’”.

También aseguraba que “los generales no se atreven a hablar, excepto John Griffiths, quien el pasado jueves 13 de septiembre, tras una evidente falta de respeto en público, con más de 200 personas presentes, de Martínez hacia su persona, lo encara una vez más en el tercer piso del Edificio del Ejército. Los gritos de ambos obligaron discretamente a evacuar las oficinas contiguas, una vez más un general sale a portazos de la Comandancia en Jefe.  ¿US., sr ministro sabe por qué? Porque el Grl. John Griffiths es el verdadero comandante que esperaba el Ejército (sic)”.

Luego que el periódico de la familia Saieh publicara esa misiva, el Ejército anunció la presentación de una querella ante la justicia militar contra quien resulte responsable de esa carta anónima.

En aquellos mismos días se supo que la ministra en visita civil ante la Corte Marcial, la jueza Romy Rutherford, había tomado declaraciones al general John Griffiths, en calidad de inculpado, en la denominada arista “Empresas de Turismo” del caso “Fraude del Ejército” que la magistrado indaga desde marzo de 2017. El general Griffiths fue detenido y tras recuperar su libertad bajo fianza presentó su inmediata renuncia al Ejército. Aparentemente, el general Ricardo Martínez ya puede sentirse más tranquilo.

La investigación la asumió en la ministra Rutherford cuando el juez Omar Astudillo cumplió su período de tres años como integrante de la Corte Marcial y fue quien inició la indagatoria. La causa, llevada en el sistema judicial antiguo, tiene ya más de 20 aristas. La arista "Empresas de Turismo" no sólo aborda los viajes de los uniformados, sino que en general el mal uso de dineros fiscales destinados a comisiones de servicio en el extranjero de los militares.

Así, es más que probable que durante las próximas semanas y meses el país se vaya enterando de nuevos desfalcos multimillonarios de una institución que, desde 1990, prácticamente operó sin pesos y contrapesos institucionales. Hasta ahora.