“Cuando tenía 15 años mi mamá tomaba toda la ropa sucia, la ponía en una carretilla y la lavaba en la quebrada Pinomar. Junto a mis amigos nos lanzábamos piqueros en los pozones que se formaban. Esta quebrada no trae agua todo el tiempo, pero cuando llueve es un espectáculo”, así recuerda Luis Delgado, vecino de la población Los Aromos de la comuna de el Quisco sus experiencias ligadas a este curso de agua. 

El centro vacacional Huallilemu, de propiedad de la Caja de Compensación Los Andes, se ubica precisamente a ambos lados de la quebrada Pinomar en El Quisco, abarcando una extensión aproximada de tres hectáreas. Las fotos satelitales acusan el curso de agua por lo frondoso de su vegetación que hoy es considerada una zona de protección ecológica por el plano regulador de la comuna.

El 23 de agosto de 2021, el municipio de El Quisco realizó una denuncia que alertó a la Dirección General de Aguas (DGA). ¿El motivo? El curso de agua que tendría que correr por la quebrada hacia el mar estaba siendo interrumpido por un dique.

De esta forma, el 28 de octubre de 2021, la DGA inició un procedimiento de fiscalización que terminó el pasado 6 de octubre de 2022 con dos multas de 185,7 UTM contra la financiera: una por la represa y otra por una pasarela que permite que los veraneantes puedan cruzar la quebrada. En total, la aseguradora tendrá que pagar 371,4 UTM, cerca de 23 millones de pesos.   

"Aplica multa a Caja Compensación Los Andes por obra no autorizada en cauce en quebrada Pinomar y ordénese la presentación de proyecto de modificación de cause", titula la resolución exenta de la Unidad de Fiscalización de la Dirección Regional de Aguas de Valparaíso.

La DGA cursó dos multas de 185,7 UTM, una por la represa y otra por una pasarela que permite que los veraneantes puedan cruzar la quebrada. En total, la aseguradora tendrá que pagar 371,4 UTM, cerca de 23 millones de pesos.   

Sin embargo, a pesar de dicha fiscalización y multa, ambas estructuras siguen ahí. 

Dentro del proceso sancionatorio, Matías Amigo García, representante legal de la Caja de Compensación Los Andes, el 13 de enero de 2022 presentó sus descargos, argumentando que “son obras que datan de los años 90 y nunca tuvieron como finalidad la extracción de aguas, sino que fueron desarrolladas como obras de seguridad con la finalidad de evitar inundaciones y proteger los predios vecinos situados agua debajo de la quebrada, manteniéndose la represa con la compuerta permanentemente abierta con el objeto de no afectar el escurrimiento de eventuales aguas”. 

Pasarela que cruza Quebrada Pinomar, en centro vacacional Huallilemu. Bajo esta estructura construida sin autorización se encuentra el dique tapado por la vegetación.

Pasarela que cruza Quebrada Pinomar, en centro vacacional Huallilemu. Bajo esta estructura construida sin autorización se encuentra el dique tapado por la vegetación.

Sumando en la exposición que: “en relación a las obras no autorizadas, la represa y el muro constituyen a obras ejecutadas hace aproximadamente 20 años, por lo que, cualquier eventual infracción derivada de su construcción se encontraría prescrita, dado que el plazo de prescripción es de tres años desde la comisión del acto”. 

Aun cuando, dichas obras eventualmente pudieran estar autorizadas por la Dirección de Obras Municipales, esta repartición “no tiene las competencias que si ostenta la Dirección General de Aguas sobre causes naturales”, explica el documento sancionatorio al que nuestro medio tuvo acceso. 

“De acuerdo a lo verificado en terreno las obras constatadas se encuentran situadas de forma perpendicular al flujo de las aguas, generando, por tanto, un entorpecimiento al libre y usual escurrimiento de las aguas de la quebrada Pinomar, toda vez que se observaron las aguas estancadas en el muro, y solo escurrían por rebalse (…) provocando un entorpecimiento a la escorrentía en épocas de precipitaciones”, así se explica en el informe que emanó la DGA en sus fiscalizaciones en terreno. 

De todas formas, en el informe se advierte que los fiscalizadores no observaron extracción de agua no autorizada. 

La quebrada Pinomar, según lo declara el Instituto Geográfico Militar, tiene un flujo intermitente o discontinuo, es decir, presenta escurrimiento en época de precipitaciones. Sumado a esto, al momento de la fiscalización, la comuna de El Quisco se encontraba bajo decreto de escasez hídrica desde el primero de marzo de 2021.  

Según la información de la DGA y el Catastro público de aguas, no existe ninguna autorización para dichas obras, en consecuencia, dicha infraestructura en la quebrada Pinomar constituye una contravención a lo dispuesto en los artículos 41 y 171 de código de aguas. 

Según la información de la DGA y el Catastro público de aguas, no existe ninguna autorización para la construcción de la represa ni la pasarela del recinto de la Caja de Comprensación Los Andes. 

Como parte de los descargos de Matías Amigo García, representante legal de la Caja de Compensación Los Andes, ante la fiscalización de la DGA, éste ofrece que “si la autoridad lo estimara necesario, caja de compensación Los Andrés, se allana a demoler las obras, previa coordinación sectorial con la dirección de obras municipales, la dirección general de aguas y/o con otras autoridades competentes”. 

Interferencia, contactó a Gilda González, Jefa de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Caja de Compensación Los Andes, sin tener respuesta hasta el cierre de esta edición. 

Cabe mencionar que la Caja Los Andes es de propiedad de la Cámara Chilena de la Construcción, la cual a su vez es propietaria de AFP Habitat, Isapre consalud, la aseguradora Confuturo, entre otras grandes empresas nacionales e internacionales.

Por su parte, la senadora de la Región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, dijo a nuestro medio: “Conocemos bien la problemática, ya que sus dirigentes fueron a la Comisión de Recursos Hídricos, planificamos una visita al lugar, que luego derivó en una Mesa de trabajo con las autoridades”.

“Valoramos la fiscalización y multa de la DGA, y esperamos que se materialice prontamente, con otras acciones concretas de las demás autoridades como el Ministerio de Bienes Nacionales o de Conaf”, dijo la parlamentaria.