El verano de 2023 quedó marcado en la región del Biobío por el megaincendio que dejó 26 personas fallecidas y más de 200 mil hectáreas quemadas. De las 15 comunas afectadas por los incendios forestales, Santa Ana, Nacimiento, Santa Juana y Coronel estuvieron entre las más golpeadas.
Tres años después, la misma zona vuelve a enfrentar un siniestro de gran magnitud, que hasta ahora mantiene un saldo de 19 personas fallecidas, 1.533 damnificados, 325 viviendas destruidas y cerca de 25 mil hectáreas afectadas, considerando también cifras de la región del Ñuble.
En septiembre de 2023, Interferencia publicó que un informe de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) concluyó que el incendio de Santa Ana se originó en una línea eléctrica “sin protección de la empresa Coelcha”.
El peritaje estableció que “el incendio se produce a causa de que en el sector existe una línea eléctrica aérea monofásica de mediana tensión y que su cable se encontraba desnudo, esto es, sin protección, [...] produciéndose entre el cable conductor y la vegetación el fenómeno eléctrico denominado ‘arco eléctrico’”.
En esa línea, Radio Biobío informó que el Ministerio Público realizó un operativo de allanamiento en las oficinas de Coelcha y Grupo Saesa ubicadas en la región Metropolitana.
Sobre el caso, la fiscal regional Marcela Cartagena explicó que “se ha establecido en estas investigaciones, de manera científica, certera y pericial, por parte de la PDI y de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, que los principios de ejecución de estos incendios se deben a accidentes eléctricos provocados por líneas de alta tensión que, manejadas en fajas o que corren por fajas que no tienen la mantención adecuada, son tocadas por especies arbóreas y efectivamente provocan chispas y, dada la sequedad del terreno, se producen los incendios”.
Desde el presente, las empresas forestales continúan siendo señaladas por algunos como responsables de las causas de los incendios. Sin embargo, han surgido indicios de que en este caso podría tratarse de la acción de terceros.
La hipótesis de intencionalidad no ha sido descartada por la Fiscalía, que cuenta entre sus antecedentes con un equivalente a 10 folios de denuncias y al menos 10 investigaciones, según informó la propia fiscal Cartagena.
Más crítico fue el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman (Ind.-Chile Vamos), quien señaló el lunes en T13 Radio que “los múltiples focos conectan con la dirección del viento para que esto se transforme en un gran foco (…). Es evidente que había una intencionalidad”.
Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, apuntó a experiencias previas y sostuvo que “lo que hemos aprendido precisamente en la Región del Biobío es que estos incendios pueden tener no solo un origen intencional, sino que también pueden estar originados en accidentes eléctricos o en actividades propiamente negligentes de personas naturales”.
Desde otra perspectiva, la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, apuntó a negligencias más que a intencionalidad. Tras participar en una sesión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), afirmó que “no hay ningún indicio de que [los incendios forestales] puedan ser intencionales, pero sí podrían ser incendios negligentes”.
Qué cambió desde 2023
En octubre de 2025, el Ministerio de Agricultura, a través de CONAF, lanzó el Plan de Acción 2025-2026 de Prevención, Mitigación y Control de Incendios Forestales en la Región del Biobío.
El plan contempla 42 brigadas integradas por cerca de 600 brigadistas distribuidos en la región, además de 12 aeronaves: cinco helicópteros, cinco aviones AT-802, un avión Hércules C-130 y un avión de coordinación. Estos últimos corresponden a medios de cobertura nacional con base en la zona.
Según el último despliegue informado por CONAF, actualmente hay más de 500 brigadistas y 38 aeronaves —entre ellas, dos aviones tanqueros— combatiendo los siniestros en las regiones del Biobío y Ñuble.
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