El gobierno de José Antonio Kast cumple un mes desde su llegada a La Moneda el pasado 11 de marzo. En estas primeras semanas, la nueva administración ha enfrentado una instalación accidentada, marcada por una caída sostenida en la aprobación presidencial que también ha arrastrado la valoración de carteras sensibles. Entre ellas, han sido objeto de críticas el desempeño de la vocera Mara Sedini, la ministra de Seguridad Trinidad Steinert y el titular de Hacienda Jorge Quiroz.

En paralelo, la estrategia del Ejecutivo de copar la agenda pública mostró resultados durante la primera semana, pero luego abrió nuevos flancos. La acumulación de controversias dejó al mandatario con escaso margen de maniobra en un escenario tensionado por episodios como la polémica del “Estado en quiebra”, que incluso derivó en una acción de la Contraloría General de la República.

Aun así, esa misma estrategia también ha funcionado como una cortina de humo frente a otros problemas que la administración no ha logrado resolver durante su primer mes.

En esa línea, uno de los nudos más evidentes ha sido la compleja instalación regional. El gobierno ha enfrentado dificultades tanto para proponer nombres como para sostenerlos, en medio de caídas y polémicas que han dejado nombramientos con duración de días e incluso horas en las Secretarías Regionales Ministeriales.

En términos concretos, de los más de 310 cargos que deben ser designados, aún permanecen cerca de 40 vacantes, con la Región de Atacama como la más afectada por la falta de nombramientos.

Asimismo, las carteras más golpeadas por este déficit a nivel nacional son Minería, Trabajo y Previsión Social, Ciencia y Mujer, donde se concentra buena parte de los cargos aún sin definir.

Caídas y controversias

Pero a su vez, una seguidilla de nombramientos fallidos de seremis ha obligado al Gobierno a dar marcha atrás en varias regiones del país en cuestión de días.

En la región de Valparaíso, Aldo Ibani alcanzó a estar solo tres días en el cargo de seremi de Salud antes de presentar su renuncia. Su nombramiento generó cuestionamientos por su falta de experiencia en salud pública, gestión y conocimiento de la red asistencial, pese a contar con el título de médico cirujano. A esto se sumaron denuncias de ex compañeros vinculadas a la venta de productos falsificados.

También en Valparaíso, Carlos Montero dejó el cargo de seremi de Trabajo y Previsión Social a una semana de haber asumido. Desde el Ministerio explicaron que su situación sigue en revisión, subrayando que la designación no implica automáticamente el cumplimiento de todos los requisitos legales para ejercer el cargo.

En la región del Biobío, el nombramiento de Alexander Nanjarí como seremi de Educación ni siquiera llegó a concretarse. La designación fue retirada tras la difusión de publicaciones en su cuenta de X, donde expresaba preferencias por parejas más jóvenes, generando críticas.

Un escenario similar se vivió en Los Ríos, donde el Gobierno dejó sin efecto en menos de 24 horas la designación de Jorge Salazar como seremi de Obras Públicas. La decisión se tomó tras cuestionamientos por irregularidades durante su gestión como presidente de Deportes Valdivia entre 2019 y 2022.

En la región de Los Lagos, la Delegación Presidencial también anuló, en menos de un día, el nombramiento de Jorge Ravelo Fuentes como seremi de Energía. Según informó el Ejecutivo, no cumplía con los requisitos técnicos exigidos, específicamente no contaba con estudios superiores de al menos diez semestres, condición obligatoria para este tipo de cargos.

A este caso se suma el de Patricia Dinamarca Reyes, cuya designación como seremi de Educación en la misma región fue anunciada, pero nunca se concretó por la ausencia del decreto correspondiente.

A la par de las designaciones fallidas, han surgido nuevos cuestionamientos sobre autoridades que sí fueron nombradas y que actualmente están en funciones.

En la región de Antofagasta, la designación de Karina Trujillo Contreras como seremi de Justicia y Derechos Humanos generó críticas luego de que se conociera su participación como defensora en causas vinculadas a la Ley 20.000 sobre tráfico de drogas. Según antecedentes del sistema judicial, la abogada habría intervenido en al menos cuatro causas relacionadas con narcotráfico, algunas de ellas en calidad de defensora penal privada.

En la misma región, además, se ingresó una solicitud ante la Contraloría General de la República para revisar la legalidad del nombramiento del seremi de Salud, Rodrigo Medina Vera. El requerimiento plantea que su título de médico cirujano —obtenido en la Universidad Católica de Cuyo, en Argentina— no contaría con inscripción en el Ministerio de Relaciones Exteriores ni con revalidación ante la Universidad de Chile, mecanismos exigidos para el reconocimiento de títulos extranjeros en la administración pública.

En la región de Valparaíso, en tanto, surgieron cuestionamientos contra el actual seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, a raíz de un sumario administrativo de 2012 por una presunta falsificación de firmas en documentos oficiales. La autoridad ha señalado que, si bien el proceso existió, no tuvo participación en los hechos investigados. Asimismo, durante su paso por Carabineros en la región, recibió una censura por no firmar el registro de asistencia.

Por otra parte, en el Maule, la Contraloría detectó irregularidades en pagos efectuados a Pablo Amaro Valenzuela, actual seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, durante su desempeño previo en la Municipalidad de Villa Alegre. El informe del ente fiscalizador reveló desembolsos por $13.424.000 entre enero y agosto de 2024, asociados al Programa de la Juventud, sin respaldos suficientes que acrediten la ejecución efectiva de las labores. A estos antecedentes se suma un segundo contrato por $17.024.520 por servicios de gestión comunicacional, extendido entre enero y octubre del mismo año.