Según las últimas encuestas, Tohá no logra pasar del sexto lugar entre los posibles candidatos y su apoyo oscila entre el 2% y 3%. Por otra parte, Tohá mantiene dos Juicios de Cuentas tras su gestión como alcaldesa, mientras que un tercero fue desestimado. En tanto el PS, miembro de su coalición, afirmó llevar un nombre propio. 

El académico había sido desvinculado de la casa de estudios a fines de 2023 por “faltas a la probidad”. Al investigar la situación, el ente contralor indicó en 2024 que en el sumario administrativo no se advertían pruebas que permitieran sostener, fundadamente, que Mayol hubiera incurrido en las conductas que se le reprocharon y que terminaron con su destitución. La Usach intentó interponer un recurso de reposición en contra de dicha determinación, lo que fue rechazado por la Contraloría. 

Según información disponible en la Cámara, los ministerios de Secretaría General de Gobierno, Mujer y Equidad de Género y Defensa, como también Carabineros de Chile no han contestado ninguna solicitud. Mientras que a nivel de autoridades, tampoco lo han hecho el jefe de asesores del presidente, Miguel Crispi (RD), ni el jefe de Gabinete del mandatario, Carlos Durán (CS).

Sonda había presentado un amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago para lograr el pago de esta deuda. Pero se desistieron de esta acción judicial.

En abril de 2024 el ente contralor solicitó antecedentes a Parquemet para aclarar la asignación de entradas que bordean un total de $160 millones tras una denuncia que apuntaba como beneficiados, por más del límite permitido, a funcionarios y familiares del servicio. Parquemet respondió a los requerimientos y la CGR aún evalúa la información.

La decisión -de tono inusual- consta en la toma de razón del organismo fiscalizador. En ella se apuntó a que la titular del ISP, Fresia Ferreccio, mantiene sociedades privadas, recordando su deber de abstención y dedicación exclusiva al cargo. La profesional, en todo caso, ya delegó en la jefatura jurídica cualquier decisión que la afecte.

En la presentación, la compañía asegura que desde hace dos años la cartera –dirigida por Juan Carlos Muñoz– se ha negado a cancelar la acreencia. Argumenta que intentaron convocar a una mesa de negociación establecida en la ley para la “resolución de controversias”, sin éxito. La Corte acogió a tramitación el amparo y ordenó a la secretaría de Estado evacuar un informe donde explique su conducta.

Buena parte de los 8 informes que el panelista de Sin Filtros y candidato a Gobernador Metropolitano entregó en mayo contienen información fácilmente accesible desde prensa o resúmenes legislativos. La Florida indicó que Orrego presentó una solicitud para “consignar” los meses que prestó servicios, dependiendo ahora de Contraloría el reintegro del dinero.

A la reciente remoción de Felipe Ward en la Municidad de La Florida que dirige Rodolfo Carter, se suma el cese de funciones de Francisco Orrego, candidato a gobernador regional por Santiago, por informes ajenos a la finalidad del municipio que reveló Interferencia, mientras el ex fiscal que investigó el caso Penta, Manuel Guerra, continúa en el municipio pese a una investigación que la Fiscalía abrió en su contra en una arista del caso Audios. 

La parlamentaria Mónica Arce (Ind.) solicitó entregar información al Consejo de Defensa del Estado respecto a la contratación del panelista de Sin Filtros por el alcalde Carter. Explica que esto es similar al caso de la ex alcaldesa Rojo, condenada por fraude al fisco, quien contrató servicios comunicacionales para su campaña electoral con fondos municipales.

El acuerdo entre dicho organismo y la Cámara Chilena de la Construcción buscaba reunir en sedes del gremio constructor a funcionarios de Direcciones de Obras Municipales de la región responsables de revisar proyectos. La CGR lo invalidó luego de una denuncia reservada.

Interferencia reveló en junio que La Florida había contratado por $2.2 millones mensuales al panelista de Sin Filtros y candidato a gobernador para realizar informes de actualidad. Ante una denuncia del concejal Rosales (PPD), la CGR estimó que “no corresponde a las finalidades del municipio la elaboración de minutas de análisis de contingencia política”.

Desde la firma señalaron a Interferencia que las transferencias, realizadas desde la misma cuenta en que Hermosilla pagó a Chadwick, corresponden a charlas sobre entornos sociopolíticos para clientes de su bufete por $2.368.556 en 2022 y $2.937.177 en 2023. Aseguran que pagos están debidamente documentados y facturados.

La discusión de la nueva Ley de Pesca en la Cámara de Diputados ya evidencia la influencia de la industria pesquera en la redacción de la norma. Más de 200 de las indicaciones propuestas por tres diputados, coinciden con los argumentos de los grandes conglomerados agrupados en la Sociedad Nacional de Pesca.

El organismo acreditó que una serie de funcionarios “no contaban con el examen sicológico para trabajar en la unidad COP. Otros no aptos, siguieron trabajando. Otros carecían de autorización para manejar carabinas antigases y antidisturbios”. Y más: 754 solicitudes de imágenes hechas por la fiscalía, la PDI, el INDH, entre otros, “se les respondió en su oportunidad, la inexistencia de una evidencia audiovisual, sin dar una justificación de dicha ausencia”.

La acción legal incluye a su ex mano derecha y jefe jurídico en Lo Barnechea y administrador regional, Patricio Lazcano Silva, cuando Guevara fungió como intendente de Santiago. Se suman tres particulares, quienes recibieron la mencionada suma para realizar proyectos que nunca cumplieron los requisitos.

Funcionarios del ente contralor habrían utilizado horas laborales pagadas con impuestos de todos los chilenos para participar del reconocido juego de cartas coleccionables, hecho que derivó en un sumario administrativo.

De momento cinco regiones del país se encuentran con militares en colaboración con las policías. En La Araucanía y Biobío las FF.AA suman más de 600 días, mientras que en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta están próximos a cumplir 365 días a fines de febrero. 

La magistrada María Loreto Gutiérrez será la encargada de recuperar el dinero que el parlamentario no ha devuelto a la Municipalidad de Santiago, donde ejerció como jefe jurídico en la administración de Felipe Alessandri. Romero también enfrenta una investigación por fraude y falsificación de documentos públicos en la Fiscalía Centro Norte.

Un pronunciamiento confirmó que es ilegal la actividad inmobiliaria en zonas rurales protegidas de la Región Metropolitana de Santiago. Una noticia que impacta a cuatro proyectos cuestionados en Colina y Lo Barnechea, a los cuales, pese a escuchar sus descargos, la CGR cerró definitivamente su viabilidad en las actuales condiciones.

La concejala Catalina Magaña (PS) denunció a la edil UDI por vulneración al principio de probidad. Esto se fundamenta en una demanda revelada por Interferencia, donde el ex administrador de la Municipal acusa que Mora le pedía “tapar irregularidades”; además de ir a comprar a vinos, vender maquillaje o ir a Meiggs durante su jornada de trabajo.

A fines de año Boric deberá proponer al Senado un nuevo Contralor General. Dada la actual debilidad política de La Moneda y su poca influencia en el Congreso, se vislumbra un proceso complejo. Desde el propio poder legislativo están surgiendo candidatos, pero también desde la coalición oficialista, la Contraloría e incluso del Ministerio Público.

Contraloría determinó que no hay justificación para prestar a una empresa privada estos servicios, registrados entre julio y diciembre de 2020. Más aun cuando en la época hubo rubros que registraron más asaltos que la industria del tabaco.

El ente contralor ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental subsanar una serie de definiciones en su instructivo de 2020 que favorecen este tipo de proyectos. "Son subterfugios legales", dice Patricio Herman, de Fundación Defendamos la Ciudad, la cual impugnó el documento.

La administración de Emilia Ríos (RD) pidió a la Corte de Santiago aclarar su decisión que anula un cambio arbitrario al plan regulador hecho por el ex alcalde Andrés Zahri (pro-RN), sugiriendo que no se puede volver al artículo que prohíbe construir en altura en calles estrechas.

Con el fin de indagar en mayor profundidad si hubo irregularidades y si hubo efectivamente sobreprecio en la adquisición, el ente fiscalizador ordenó esta mañana suspender temporalmente la operación.

El ente contralor emitió los resultados de una investigación especial a partir de una denuncia de la ex diputada Cristina Girardi (PPD) realizada en diciembre de 2020 y publicada por INTERFERENCIA. Se confirmó que hubo vigilancia policial a vehículos de la tabacalera, falta de registro de estos seguimientos y cuestionamientos a las razones de priorizar esta industria en desmedro de otras que presentaban mayor amenaza.

Tras la fallida nominación de José Morales a Fiscal Nacional, cobra relevancia la agenda de nombramientos de atribución presidencial de este gobierno, en especial de aquellos que deberán contar con acuerdos con el Senado.

Las 318 obras irregulares en la ribera del lago, entre ellas robo de agua, están reportadas bajo todo tipo de sociedades tras las que aparecen los multimillonarios dueños del casino Monticello, Salmones Multiexport y Quillayes, además de la hermana del senador Kuschel, un ex subsecretario de Frei Montalva y un ala de la poderosa familia Ariztía.

INTERFERENCIA reveló la semana pasada que la demanda que busca el reintegro de $45 millones por parte del ex oficial a la Mutualidad de Carabineros podía quedar abandonada este 7 de octubre, puesto que en casi seis meses no se había notificado de la causa a Bruno Villalobos. Cinco días después del artículo que reveló sta situación, se dio curso al trámite que permite proseguir la causa.