La CGR solicitó al Gobierno pronunciarse en las siguientes ocasiones: los almuerzos que sirvió la primera dama, María Pía Adriasola en La Moneda, el cóctel realizado el 11 de marzo en sede presidencial, el uso de la polémica frase del Estado en quiebra, las razones de la solicitud de información que llevaron a la salida de la subdirectora de la PDI y ahora, el almuerzo con ex compañeros de Derecho del presidente José Antonio Kast. 

A un mes de asumir en La Moneda, el gobierno de José Antonio Kast enfrenta una compleja instalación regional, marcada por seis designaciones fallidas de seremis, cuestionamientos a autoridades en funciones y cerca de 30 cargos aún vacantes.

La elección a rector tiene dos candidatos y una candidata, incluido quien ejerce la función en calidad de suplente. Cristián Muñoz, es el único que no ve problemas en una operación que está detenida hace meses por la Contraloría y que despierta serias dudas de transparencia y viabilidad entre los otros postulantes a la rectoría y académicos que han tenido los números a la vista.

Las filtraciones de minutas, vocerías deficientes y ganchos comunicacionales que abrieron un flanco en Contraloría tienen a las comunicaciones del gobierno de Kast contra las redes. Tras años siendo oposición, los voceros republicanos deben reconvertirse si quieren mantener el control de la agenda.

Su presencia en el banquete del presidente en La Moneda, la avanzada contra la ‘permisología’, la solicitud de datos sensibles de niños trans y la celeridad para actuar cuando Kast reingresó el decreto sobre la ranita de Darwin, están levantando las suspicacias sobre cuán imparcial es la contralora.

La Contraloría General de la República informó que cursó el decreto para la conservación de las ranitas de Darwin que el Ministerio del Medio Ambiente reingresó tras la polémica por el retiro de 43 decretos presentados por el gobierno de Gabriel Boric. 

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la demanda interpuesta por la administración de Irací Hassler contra el diputado Agustín Romero, ex director jurídico de la gestión de Felipe Alessandri, para recuperar $11 millones en horas extras calificadas como irregulares por Contraloría. El fallo acusa que el municipio se limitó a presentar una demanda y una querella sin invalidar los decretos de pago ni realizar los sumarios correspondientes.

Una querella por competencia desleal, denuncias en Contraloría, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y una maraña de contratos opacos con TVN, Canal 13 y Mega revelan algo más profundo que un conflicto comercial: el posible atentado a la libre competencia en la industria musical chilena, una deuda pendiente con la industria que pide a gritos ser subsanada.

Subsecretario Víctor Orellana y rector Rodrigo Vidal favorecieron la compra del quebrado instituto pese a advertencia de riesgo patrimonial. USACH desestima los temores. 

A través de una serie de documentos, la Fundación Terram denunció a AquaChile por sobrepasar los límites de producción de salmón en nueve concesiones ubicadas en la Reserva Nacional Las Guaitecas y el Parque Nacional Isla Magdalena. 

Según las últimas encuestas, Tohá no logra pasar del sexto lugar entre los posibles candidatos y su apoyo oscila entre el 2% y 3%. Por otra parte, Tohá mantiene dos Juicios de Cuentas tras su gestión como alcaldesa, mientras que un tercero fue desestimado. En tanto el PS, miembro de su coalición, afirmó llevar un nombre propio. 

El académico había sido desvinculado de la casa de estudios a fines de 2023 por “faltas a la probidad”. Al investigar la situación, el ente contralor indicó en 2024 que en el sumario administrativo no se advertían pruebas que permitieran sostener, fundadamente, que Mayol hubiera incurrido en las conductas que se le reprocharon y que terminaron con su destitución. La Usach intentó interponer un recurso de reposición en contra de dicha determinación, lo que fue rechazado por la Contraloría. 

Según información disponible en la Cámara, los ministerios de Secretaría General de Gobierno, Mujer y Equidad de Género y Defensa, como también Carabineros de Chile no han contestado ninguna solicitud. Mientras que a nivel de autoridades, tampoco lo han hecho el jefe de asesores del presidente, Miguel Crispi (RD), ni el jefe de Gabinete del mandatario, Carlos Durán (CS).

Sonda había presentado un amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago para lograr el pago de esta deuda. Pero se desistieron de esta acción judicial.

En abril de 2024 el ente contralor solicitó antecedentes a Parquemet para aclarar la asignación de entradas que bordean un total de $160 millones tras una denuncia que apuntaba como beneficiados, por más del límite permitido, a funcionarios y familiares del servicio. Parquemet respondió a los requerimientos y la CGR aún evalúa la información.

La decisión -de tono inusual- consta en la toma de razón del organismo fiscalizador. En ella se apuntó a que la titular del ISP, Fresia Ferreccio, mantiene sociedades privadas, recordando su deber de abstención y dedicación exclusiva al cargo. La profesional, en todo caso, ya delegó en la jefatura jurídica cualquier decisión que la afecte.

En la presentación, la compañía asegura que desde hace dos años la cartera –dirigida por Juan Carlos Muñoz– se ha negado a cancelar la acreencia. Argumenta que intentaron convocar a una mesa de negociación establecida en la ley para la “resolución de controversias”, sin éxito. La Corte acogió a tramitación el amparo y ordenó a la secretaría de Estado evacuar un informe donde explique su conducta.

Buena parte de los 8 informes que el panelista de Sin Filtros y candidato a Gobernador Metropolitano entregó en mayo contienen información fácilmente accesible desde prensa o resúmenes legislativos. La Florida indicó que Orrego presentó una solicitud para “consignar” los meses que prestó servicios, dependiendo ahora de Contraloría el reintegro del dinero.

A la reciente remoción de Felipe Ward en la Municidad de La Florida que dirige Rodolfo Carter, se suma el cese de funciones de Francisco Orrego, candidato a gobernador regional por Santiago, por informes ajenos a la finalidad del municipio que reveló Interferencia, mientras el ex fiscal que investigó el caso Penta, Manuel Guerra, continúa en el municipio pese a una investigación que la Fiscalía abrió en su contra en una arista del caso Audios. 

La parlamentaria Mónica Arce (Ind.) solicitó entregar información al Consejo de Defensa del Estado respecto a la contratación del panelista de Sin Filtros por el alcalde Carter. Explica que esto es similar al caso de la ex alcaldesa Rojo, condenada por fraude al fisco, quien contrató servicios comunicacionales para su campaña electoral con fondos municipales.

El acuerdo entre dicho organismo y la Cámara Chilena de la Construcción buscaba reunir en sedes del gremio constructor a funcionarios de Direcciones de Obras Municipales de la región responsables de revisar proyectos. La CGR lo invalidó luego de una denuncia reservada.

Interferencia reveló en junio que La Florida había contratado por $2.2 millones mensuales al panelista de Sin Filtros y candidato a gobernador para realizar informes de actualidad. Ante una denuncia del concejal Rosales (PPD), la CGR estimó que “no corresponde a las finalidades del municipio la elaboración de minutas de análisis de contingencia política”.

Desde la firma señalaron a Interferencia que las transferencias, realizadas desde la misma cuenta en que Hermosilla pagó a Chadwick, corresponden a charlas sobre entornos sociopolíticos para clientes de su bufete por $2.368.556 en 2022 y $2.937.177 en 2023. Aseguran que pagos están debidamente documentados y facturados.

La discusión de la nueva Ley de Pesca en la Cámara de Diputados ya evidencia la influencia de la industria pesquera en la redacción de la norma. Más de 200 de las indicaciones propuestas por tres diputados, coinciden con los argumentos de los grandes conglomerados agrupados en la Sociedad Nacional de Pesca.

El organismo acreditó que una serie de funcionarios “no contaban con el examen sicológico para trabajar en la unidad COP. Otros no aptos, siguieron trabajando. Otros carecían de autorización para manejar carabinas antigases y antidisturbios”. Y más: 754 solicitudes de imágenes hechas por la fiscalía, la PDI, el INDH, entre otros, “se les respondió en su oportunidad, la inexistencia de una evidencia audiovisual, sin dar una justificación de dicha ausencia”.

La acción legal incluye a su ex mano derecha y jefe jurídico en Lo Barnechea y administrador regional, Patricio Lazcano Silva, cuando Guevara fungió como intendente de Santiago. Se suman tres particulares, quienes recibieron la mencionada suma para realizar proyectos que nunca cumplieron los requisitos.

Funcionarios del ente contralor habrían utilizado horas laborales pagadas con impuestos de todos los chilenos para participar del reconocido juego de cartas coleccionables, hecho que derivó en un sumario administrativo.

De momento cinco regiones del país se encuentran con militares en colaboración con las policías. En La Araucanía y Biobío las FF.AA suman más de 600 días, mientras que en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta están próximos a cumplir 365 días a fines de febrero. 

La magistrada María Loreto Gutiérrez será la encargada de recuperar el dinero que el parlamentario no ha devuelto a la Municipalidad de Santiago, donde ejerció como jefe jurídico en la administración de Felipe Alessandri. Romero también enfrenta una investigación por fraude y falsificación de documentos públicos en la Fiscalía Centro Norte.

Un pronunciamiento confirmó que es ilegal la actividad inmobiliaria en zonas rurales protegidas de la Región Metropolitana de Santiago. Una noticia que impacta a cuatro proyectos cuestionados en Colina y Lo Barnechea, a los cuales, pese a escuchar sus descargos, la CGR cerró definitivamente su viabilidad en las actuales condiciones.