La decisión fue adoptada, a raíz de la denuncia presentada por un empleado del organismo, luego de ser cambiado desde la unidad donde se analizan las declaraciones de Patrimonio e Intereses del Estado, porque a su juicio no pertenecía al “club”.

El denunciante -que consta de un alto perfil académico-, estimó que la decisión fue arbitraria y utilizó el Sistema de Integridad para poner en conocimiento la situación a sus superiores.

Como manda la norma interna, se pidió al jefe de la unidad en cuestión (principal jugador de Magic), Gustavo Rivera, que emitiera un informe a raíz de la exposición de antecedentes que podrían generar responsabilidades administrativas.

En la respuesta, aseguró que solo aprovechaban la hora de almuerzo, pero los argumentos no convencieron a la autoridad y el pasado 6 de marzo se designó un fiscal interno para que establezca los hechos o bien los descarte.

Las cartas Magic son una batalla de poder, donde los participantes van eligiendo entre sus cartas, hechizos, criaturas fantásticas, artefactos bélicos, entre otros conjuros para vencer al adversario. Se compran e intercambian y millones de personas a nivel mundial se suman al entretenimiento que fue diseñado en 1993 por Richard Garfield, profesor de matemáticas, y comercializado por la empresa Wizards of the Coast.

Presunción de inocencia

De acuerdo a la información a la que accedió Interferencia, la denuncia señala que la periodicidad del juego era diaria. Incluso se permitía, previa autorización con tarjeta de visita, que ingresaran personas externas al órgano revisor.

Lo llamativo es que Rivera, ya sumariado, participó junto a la contralora (s) Dorothy Pérez y el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, en un encuentro el pasado 14 de marzo. 

Básicamente, el evento trató de una capacitación de jefes de servicio sobre la Declaración de Patrimonio e Intereses, como instrumento de probidad pública, para elevar los estándares de probidad y transparencia en el Estado, dijo Elizalde en su cuenta de “X”.

De acuerdo a la información a la que accedió Interferencia, la denuncia señala que la periodicidad del juego era diaria. Incluso se permitía, previa autorización con tarjeta de visita, que ingresaran personas externas al órgano revisor.

Uno de los que habló frente a la audiencia fue precisamente Rivera.

Desde el organismo fiscalizador, explicaron que pese a estar sumariado, existe internamente la “presunción de inocencia”. Es decir, que “mientras no sea determinada su responsabilidad en un sumario, dicha persona, por ley, se presume inocente”.

“Por lo mismo, degradarlo y privarle de las funciones propias de su cargo que es precisamente las Declaraciones de Patrimonio e Intereses, es una conducta de acoso laboral que la ley no permite”, concluye la versión de la Contraloría.

En otros organismos, dependiendo de la gravedad de los hechos, los funcionarios son suspendidos de su funciones,