La resolución de primera instancia que sanciona la desafiliación de San Marcos de Arica abre el último capítulo de una crisis que ya dejó de ser un problema particular de un club. Lo que está en juego es la credibilidad de una competencia y, sobre todo, la capacidad de la ANFP para gobernar el fútbol que dice administrar, mientras su sede está clausurada por la Ilustre Municipalidad de Peñalolén, indicio de que la gestión no es óptima.

Conviene partir por una precisión: San Marcos fue sancionado por la presentación de documentación falsa relativa a sus declaraciones de capital de funcionamiento en distintos períodos de 2024 y 2025. La Primera Sala del Tribunal de Disciplina acogió la denuncia del directorio de la ANFP y resolvió desafiliarlo, por seis votos contra uno. Se trata de una sanción de enorme gravedad y el club tendrá que ejercer sus defensas en las instancias correspondientes. Pero el problema no termina ahí. En realidad, recién comienza.

La resolución abrió una discusión sobre las consecuencias deportivas de la desafiliación. ¿Qué ocurre con los partidos que San Marcos ya disputó? ¿Se mantienen los resultados? ¿Se consideran derrotas por 3-0? ¿Qué pasa con los equipos que pelean el ascenso y con aquellos que intentan evitar el descenso?

El artículo 87 de las Bases de la Primera B contempla que un club sancionado con pérdida de categoría sea considerado último en la tabla y que sus partidos se contabilicen como derrotas por 3-0, salvo que el rival haya ganado por una diferencia superior. Un integrante de la Primera Sala estimó que esos efectos también debían aplicarse a San Marcos, atendida la remisión que contiene el artículo 10.5 del Reglamento de la Asociación. La mayoría, sin embargo, no incorporó esa consecuencia en la parte resolutiva. Y entonces apareció lo verdaderamente insólito: La Gerencia de Ligas Profesionales de la ANFP, mediante un informe firmado por su gerente, Yamal Rajab, sostuvo que el artículo 87 contenía un error de transcripción y que la redacción final no reflejaba literalmente el acuerdo aprobado por el Consejo de Presidentes; dicho de otro modo, el texto que debía establecer las reglas de la competencia no reflejaba literalmente lo que los propios clubes habían aprobado.

No es un detalle administrativo. Es una vergüenza institucional.

Las bases de un campeonato no son un documento decorativo ni una formalidad que se puede corregir cuando aparece un problema. Son las reglas que todos los participantes deben conocer antes de comenzar a competir. No pueden quedar sujetas a interpretaciones improvisadas, aclaraciones posteriores o reconstrucciones de lo que supuestamente quiso aprobar una asamblea. Si la ANFP y sus clubes no son capaces de redactar correctamente las normas que ellos mismos aprueban, ¿con qué autoridad pueden exigirles a los equipos que las cumplan rigurosamente sus obligaciones?

El efecto de esta incompetencia es concreto. La definición de la Primera B quedó envuelta en incertidumbre, con equipos que pueden verse favorecidos o perjudicados por una interpretación reglamentaria y no por lo que hicieron, fecha tras fecha, durante los noventa minutos. Entonces, de manera abrupta, acorde con lo equívoco del actuar de las autoridades del fútbol nacional, decidieron suspender la última fecha del campeonato del ascenso, porque el organismo reconoció que no podía determinar con certeza las consecuencias deportivas del fallo.

Así, el que es en lo deportivo el más atractivo de los campeonatos de nuestro fútbol, se convirtió en una especie de laboratorio jurídico. Los puntos, los goles, el ascenso y el descenso dejaron de depender exclusivamente del rendimiento futbolístico. Aparecieron las denuncias, las interpretaciones, las prevenciones y los recursos. Los clubes comenzaron a mirar tanto las clausuradas oficinas de Quilín como la tabla de posiciones. Es el triunfo de los escritorios sobre la cancha.

Cuesta encontrar una imagen más elocuente para describir el estado de nuestra organización rectora: una institución incapaz de mantener regularizada su propia sede y, al mismo tiempo, incapaz de evitar que las reglas de sus campeonatos terminen convertidas en una fuente de conflictos.

La clausura municipal y el caso San Marcos son episodios distintos, por supuesto. Pero ambos proyectan una misma imagen de desorden, falta de previsión y debilidad institucional. No se trata de una mala semana para la ANFP. Se trata de una gestión que parece reaccionar frente a los problemas cuando estos ya estallaron.

Tampoco se puede desconocer que San Marcos debe responder por las irregularidades que se le atribuyen. La exigencia de transparencia financiera es indispensable y no puede haber privilegios para ningún club. Pero precisamente por eso las sanciones deben aplicarse con reglas claras, previamente establecidas y con consecuencias que no dependan de la interpretación que cada cual prefiera defender cuando conoce la tabla de posiciones. No es aceptable que un campeonato se transforme en una competencia de abogados, dirigentes y recursos de última hora. Menos aún que las consecuencias de los errores de la propia ANFP terminen recayendo sobre los clubes, sus jugadores, sus trabajadores y sus hinchas.

El fútbol chileno lleva demasiado tiempo acostumbrándose a los escándalos, las decisiones inexplicables y las soluciones de emergencia. Cada temporada parece ofrecernos una nueva demostración de que la institucionalidad está más preocupada de administrar sus conflictos que de organizar una competencia seria. Y, mientras tanto, la pelota, una vez más, terminó detenida en un escritorio.