Entre los cerros áridos de Alto Hospicio, montañas de ropa forman un paisaje tan vasto como improbable: jeans desteñidos, vestidos de poliéster y zapatos sin par se extienden por kilómetros sobre el suelo reseco. Son los restos del consumo global, toneladas de desechos textiles que llegan cada año a Chile a través de la Zona Franca de Iquique y terminan abandonadas en el desierto de Atacama.

Las imágenes de estos vertederos dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en símbolo de una crisis que entrama consumo desmedido, falta de regulación y negligencia estatal. Pero en el norte de Chile, una abogada decidió llevar el caso más allá de la denuncia mediática. Paulin Silva Heredia, abogada originaria de Iquique, interpuso una demanda contra el Estado chileno por permitir el daño ambiental causado por los vertederos de ropa, argumentando que la omisión de las autoridades había transformado el desierto en un basural global.

Un fallo sin precedentes

En septiembre de 2025, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió la demanda y dictó una sentencia inédita: reconoció que el Fisco de Chile incurrió en falta de servicio por omisión, al no prevenir ni fiscalizar la disposición ilegal de residuos textiles en terrenos fiscales ubicados en los sectores de Pampa Norte, Pampa Sur, Mollecita Norte y Mollecita Sur, en la comuna de Alto Hospicio.

El fallo ordenó la elaboración de un plan de reparación ambiental de diez años, que incluía medidas de restauración del suelo y del paisaje, cierre de focos activos, fiscalización multisectorial y creación de una gobernanza comunal de residuos. La resolución marcó un precedente histórico, al ser la primera vez que la justicia chilena responsabilizaba al Estado por un daño ambiental derivado de su propia inacción.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema para anular la sentencia del Primer Tribunal Ambiental y dejarla sin efecto. La presentación —firmada por el procurador fiscal de Antofagasta, Alfredo Larreta Granger— sostiene que el fallo adolece de vicios formales y errores de derecho. 

En el escrito, el CDE afirma que la resolución fue dictada por una integración distinta a la que participó en la audiencia inicial, lo que, a su juicio, contraviene las reglas de composición del tribunal; también acusa infracción a las normas de sana crítica al valorar la prueba sobre daño en suelo y paisaje; y agrega que el tribunal habría ido más allá de lo pedido por la demandante al ordenar un plan de reparación amplio. 

De acogerse estos argumentos, la sentencia quedaría sin efecto y el proceso debería repetirse. Mientras se resuelve en Santiago, el fallo permanece suspendido y las medidas de reparación no pueden ejecutarse, por lo que las montañas de ropa continúan acumulándose bajo el sol del desierto.

“Lo que ganamos no fue un caso, fue un precedente”

Para Silva, la ofensiva del Estado no la sorprende, pero sí la indigna. “No me interesa ser protagonista, sino que se entienda el precedente. Lo que ganamos no fue un caso, fue el reconocimiento de que la inacción también contamina”, señala.

Paulina nació y creció en Iquique. Su familia levantó su casa en Alto Hospicio cuando aún era un asentamiento informal. “Vivíamos al lado de un vertedero que se quemaba cada semana”, recuerda. Décadas más tarde, al volver durante la pandemia, encontró el mismo paisaje, pero cubierto por montañas de ropa proveniente del norte global.

“Treinta años después estaba peor. Es el descarte del mundo entero sobre nuestro territorio”, lamenta. Su demanda se basó en la falta de servicio del Estado, por no controlar terrenos fiscales ni prevenir la contaminación, y se convirtió en un símbolo de justicia territorial y ambiental en el norte de Chile.

El costo de negar la reparación

El riesgo de que el fallo quede sin efecto no es solo jurídico. Significa que el territorio afectado seguirá sin medidas de limpieza ni control, y que la carga ambiental seguirá recayendo sobre las comunidades de Alto Hospicio.

Mientras tanto, las montañas de ropa continúan creciendo. Las limpiezas municipales duran apenas semanas antes de que los camiones vuelvan a descargar residuos.

“La ropa no desaparece, se quema o se entierra. Lo que se niega a reparar es también una forma de perpetuar el daño”, dice Silva.

Organizaciones ambientales han advertido que el retroceso judicial podría debilitar futuras acciones de reparación en otros territorios afectados por desechos industriales o residuos globales. “Si se invalida este fallo, el mensaje es que el Estado puede omitir sus deberes sin consecuencias”, agrega la abogada.

La raíz del problema

Chile es uno de los países que más compra ropa nueva en Latinoamérica, y su consumo ha crecido tanto que el Ministerio del Medio Ambiente confirmó que el sector será incorporado próximamente a la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Sin embargo, esta normativa no contempla a los textiles de segunda mano, un mercado donde gran parte de las prendas importadas se convierten en basura casi al momento de entrar al país. Muchas llegan en mal estado, con hasta un 70% de fibras plásticas y altos niveles de agentes químicos y aditivos tóxicos.

Para Beatriz O’Brien, directora de Fashion Revolution Chile, se trata de “un verdadero despropósito ambiental, una herida que recordaremos por décadas y, sobre todo, un desastre económico”. Según explica, el reciente fallo del Tribunal Ambiental evidencia un punto clave: “Los costos de ser el vertedero textil del norte global serán pagados con el dinero de todos los chilenos. No es un mito ni una exageración: las externalidades creadas por la desidia del Estado y la complicidad de las empresas nos condenan a reparar un daño que no provocamos”.

O’Brien destaca que esta falta de acción legislativa y la inercia institucional contrastan con el valor simbólico del fallo, surgido desde la sociedad civil. “Vale la pena preguntarse —dice— a quién beneficia este modelo de ingreso y descarte, y quién asumirá los costos de los diez años de reparación ambiental que el tribunal ordenó para Alto Hospicio”.

En medio de este escenario, un grupo de parlamentarios encabezado por el diputado Jaime Sáez presentó un proyecto de ley para regular la calidad y categoría de las prendas textiles de segunda mano que ingresan a Chile. Aunque la iniciativa no aborda el problema de raíz, O’Brien valora su impulso. “Si bien no es una solución definitiva, puede ser un primer paso. Es fundamental que los distintos sectores políticos apoyen su aprobación y comprendan que esta crisis debe servirnos para aprender y no repetir los mismos errores”, señala.

Un sistema basado en la sobreproducción

Según O’Brien, el actual modelo textil y de moda opera sobre un sistema global de desregulación y sobreproducción. De acuerdo con el último Índice de Transparencia de Fashion Revolution, el 88% de las grandes marcas del mundo no informa cuántas prendas fabrica al año, lo que impide dimensionar el verdadero alcance del problema.

“Sin información clara es imposible abordarlo de forma integral”, advierte. “A ello se suma la velocidad del modelo fast fashion, que se consolidó desde fines del siglo XX con la deslocalización de las antiguas industrias nacionales hacia países con mano de obra barata y materiales sintéticos. La rapidez con que se produce y consume moda se sostiene sobre la precarización laboral y el uso intensivo de fibras derivadas del petróleo”, agrega.

El comercio global de ropa de segunda mano es hoy una pieza clave del sistema de sobreconsumo. En los países del norte, el acceso a prendas de bajo costo alimenta la idea de renovación constante: comprar, usar poco y descartar rápido.

“Este mercado se ha convertido en una vía cómoda para deshacerse de lo que ya no se quiere, y en un canal estable para enviar los excedentes al sur global, donde no existen infraestructuras para gestionar semejante volumen de residuos”, explica Manuel Rojo, investigador de la Alianza Basura Cero, organización que ha elaborado cinco informes sobre comercio internacional de plásticos y residuos.

A través de sus estudios, han constatado un aumento sostenido de las importaciones de textiles hacia Chile, lo que agrava el impacto ambiental y social. “La fórmula de más cantidad y más velocidad anticipa un futuro donde los países receptores —como el nuestro— recibirán cada vez más ropa desechada, profundizando una crisis que ya está fuera de control y que golpea directamente a las comunidades más vulnerables”, advierte Rojo.

Más allá del litigio, el caso expone la paradoja de Chile como país receptor de residuos internacionales. Cada año ingresan miles de toneladas de ropa usada por la Zona Franca de Iquique, gran parte de la cual termina abandonada en el desierto.

“Los habitantes de Alto Hospicio e Iquique no son responsables del consumo, pero sí quienes pagamos las consecuencias”, subraya Silva. “Lo que llega aquí es el resultado de un modelo global de sobreproducción y desigualdad ambiental.”

El recurso del Estado podría tardar meses en resolverse. Mientras tanto, la sentencia del Tribunal Ambiental —que ordenaba reparar el daño y cerrar los vertederos ilegales— permanecerá suspendida.