El 6 de agosto de 2018, Pedro Hernández*, asistente policial que entró a la Policía de Investigaciones (PDI) a comienzos de la década del ‘90, recibió una noticia que le amargó el día. Ese lunes, desde el Alto Mando le notificaron que debía reintegrar casi $2,5 millones que había recibido en exceso por un concepto denominado Asignación de Gratificación de Riesgo, beneficio al que alcanzaron a optar los conductores que servían en la PDI hasta septiembre de 1998.

De un día para otro, a Hernández se le generó una deuda. Y no fue el único. Él integró una lista de 110 asistentes policiales a los que se les extinguió el mismo estipendio, decisión que la PDI tomó a partir del Informe 396 de la Contraloría General de la República (CGR), fechado el 20 de noviembre de 2017, y que tuvo como uno de sus tantos objetivos hacer una revisión de los desembolsos de la entidad policial por gastos en personal en todo el año 2016.

"Se ha originado el pago indebido de asignaciones a funcionarios que no cumplen con las exigencias establecidas en la normativa legal vigente y, en consecuencia, podrían generar un eventual daño al patrimonio institucional de la entidad auditada”, dice el informe.

En el documento, el órgano fiscalizador presentó observaciones –muchas de ellas “altamente complejas”– por otros beneficios a los que acceden los servidores de la PDI y que no corresponden o que no están debidamente documentados.

“Se comprobó que la Jefatura de Personal y Sección de Remuneraciones de la PDI (…) no ha implementado controles que permitan efectuar el seguimiento de los requisitos y condiciones que dan derecho a los diferentes estipendios y a la extinción de los mismos, lo que ha originado el pago indebido de asignaciones a funcionarios que no cumplen con las exigencias establecidas en la normativa legal vigente y, en consecuencia, podrían generar un eventual daño al patrimonio institucional de la entidad auditada”, dice el informe.

Los indocumentados

El domingo 24 de diciembre de 2017, el mismo día en que los chilenos se preparaban para otra Navidad, una noticia de El Mercurio contó sobre la observación que la Contraloría, a través del Informe 396, había realizado a la Policía de Investigaciones por dos giras de estudios de su escuela en 2016, que tuvo un costo superior a los $954 millones de pesos.

El hecho se propagó rápidamente en distintos medios de comunicación, por lo que el director general de la PDI, Héctor Espinosa, debió salir a dar explicaciones.

Curiosamente, lo que se difundió ese 24 de diciembre fue solo una de las tantas observaciones que entregó la CGR a la entidad en ese mismo documento. Hay una que involucra a una gran cantidad de funcionarios. Fue la que se realizó luego de revisar el concepto de Asignación de Casa, una especie de bono –14% del sueldo– al que pueden acceder los empleados de planta de la PDI casados, viudos, o solteros con carga familiar que vivan “exclusivamente a sus expensas”, mientras no se les destine a una casa fiscal.

Con anterioridad, la CGR –mediante dictámenes– había sostenido que este beneficio debía ser comprobado ante la autoridad respectiva.

Pero en este caso no ocurrió. El órgano fiscalizador encontró 6.799 servidores accediendo al estipendio sin la documentación de respaldo que acreditara que los dineros estaban siendo destinados a “gastos de vivienda”. El monto de esta partida analizada alcanzó una cifra mayor a los $5.304 millones, y la CGR le entregó 60 días hábiles a la institución para sustentar esta observación “altamente compleja”. En el caso de que no se documente, dijo la Contraloría se deberán reintegrar las “sumas indebidamente pagadas por el concepto anotado”.

Ese plazo de respuesta se cumplió en febrero de 2018, por lo que INTERFERENCIA solicitó a la Contraloría General de la República el seguimiento que se ha hecho del Informe 396. El objetivo principal era saber si la PDI presentó las justificaciones en el plazo estipulado, y si éstas habían resultado satisfactorias. Sin embargo, desde el órgano fiscalizador no se dio acceso al requerimiento, pues el proceso se encuentra en análisis (Revisa la respuesta al final de este artículo).

La medida, al tener el carácter retroactivo, hizo estallar una crisis interna en este escalafón de funcionarios, que poseen un orden jerárquico inferior al de los oficiales y que, por ende, reciben sueldos menores. De un momento a otro, la institución les notificó que debían reintegrar esos recursos.

Asimismo, Héctor Espinosa, director general de la PDI, fue requerido el pasado martes 16 de octubre por este medio para abordar los temas de este reportaje. La petición también fue denegada, aunque desde su equipo de comunicaciones señalaron que la institución “amplió la solicitud de reconsideración que se había presentado en febrero de este año con nuevos antecedentes” y que, por tanto, están “a la espera de la resolución de la Contraloría”.

Pese al completo secreto bajo el que se mantiene el proceso, INTERFERENCIA accedió a un documento interno del Alto Mando: aquel que le quitó la Asignación de Gratificación de Riesgo a Pedro Hernández.

Los beneficios injustificados

Existieron otras partidas con observaciones en la auditoría a la PDI. En éstas, la instrucción fue simplemente reintegrar los montos desembolsados, sin que exista la alternativa de documentar los gastos o explicarlos de mejor manera. Así ocurrió con la Gratificación Especial de Riesgo, el beneficio con el que contaba el conductor Pedro Hernández, destinado a aquellos funcionarios que cumplían “misiones de emergencia peligrosas de excepción”.

La Contraloría argumentó que en los años 2014 y 2016 ya había emitido dos dictámenes en los que especificó que “las tareas ordinarias o extraordinarias no habilitan para gozar de este beneficio si la labor realizada constituye un cometido ordinario del personal, inherente a los fines de la institución”.

De esta forma, el órgano fiscalizador encontró $127 millones desembolsados durante 2016 a 152 funcionarios por este concepto. La PDI lo justificó en el mismo informe diciendo que el estipendio se consideraba para el escalafón de Conductores de Vehículos Policiales (CVP), pero que se dejó de entregar con la entrada en vigencia de la ley Nº 19.586, que estableció las plantas de la PDI. El beneficio solo se mantuvo para los servidores que ya contaban con el.

A pesar de la explicación, la CGR mantuvo su observación y la orden de reintegrar estos dineros. A partir de esa resolución fue que el prefecto general y jefe de personal de la Policía de Investigaciones, Christian Lucero, firmó el 30 de julio de 2018 la resolución exenta 2.105, obtenida por este medio vía Ley de Transparencia. En ella, se le extingue el derecho de 110 asistentes policiales a recibir la Gratificación Especial de Riesgo a contar del 1 de enero de 2016. (Ver al final del artículo).

El descontento con el Alto Mando de la PDI es evidente, pero silencioso, sin uso de plataformas públicas por temor a represalias. Las razón es obvia: en muchos casos, la cifra a retornar supera los $2 millones, contando desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de julio de 2018.

La medida, al tener el carácter retroactivo, hizo estallar una crisis interna en este escalafón de funcionarios, que poseen un orden jerárquico inferior al de los oficiales y que, por ende, reciben sueldos menores. De un momento a otro, la institución les notificó que debían reintegrar esos recursos.

INTERFERENCIA logró contactarse con algunos de los afectados, quienes comentaron que están siendo asesorados por abogados y que, en su derecho, han recurrido al titular de la Contraloría, Jorge Bermúdez, para solicitarle que se les libere de la restitución. El descontento con el Alto Mando de la PDI es evidente, pero silencioso, sin uso de plataformas públicas por temor a represalias. Las razón es obvia: en muchos casos, la cifra a retornar supera los $2 millones, contando desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de julio de 2018.

A la Asignación Especial de Riesgo, la Contraloría dijo que se deben reintegrar las asignaciones mal percibidas por Casa –14 casos que no acreditaron cargas familiares–, Actividades Peligrosas o Nocivas para la Salud, de Zona y Especial Operativa. Juntas alcanzan una suma superior a los $301 millones y fueron calificadas como “altamente complejas”.

* El funcionario de la PDI consultado por este medio, por razones de seguridad, solicitó guardar reserva de su identidad. Pedro Hernández no es su nombre real.