Hace cien años, si los peones se atrevían a pedirle descanso al dueño del fundo, la respuesta sería:

“ya, empiecen a trabajar mejor será… ¡feriado querían los perla`!”.

Hace cincuenta años, si la “niña” traída del campo como “empleada doméstica” se atrevía a pedir un lugar para cuidar a su “guagüa”, la respuesta sería:

“¡sala cuna quería la china!”.

Así sonó el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, ante la legítima demanda de colaboradores para el proceso de instalación del Poder Constituyente.

“Todavía no parten y ya hablan de asesores”.

Mala respuesta, especialmente cuando la pronuncia un señor Ossa Santa Cruz, heredero de la tradición aristócrata criolla. Peor aun cuando este ministro mantiene contratados, según el Portal de Transparencia de mayo, a 203 “asesores” (191 para ser exactos y otros 12 “consultores”).

El ministro destina mes a mes cerca de 500 millones de pesos al pago de estos “colaboradores”. Con un par de sueldos de más de 7 millones y muchos sobre 4 millones, el ministro no parece escatimar en gastos para sus funciones. El promedio mensual de las remuneraciones de sus “ayudantes” equivale al de un convencional; pero como los constituyentes son 155, y el staff de asesores ministeriales es de 203, podríamos proyectar que las asesorías de Ossa le cuestan al erario público más que la Convención Constituyente.

Lo que parece estar en el fondo de esa disputa es que la Derecha no solo le teme al nuevo Poder Constituyente, sino que siente cierto desprecio por algunos convencionales de origen “distinto”.

La burocracia conservadora no ha logrado comprender que la Convención Constitucional necesita más ciudadanía y menos seguridad. Más recursos para la participación y menos mármol para el palacio Pereira. Es ciega frente a la trascendencia del proceso más relevante en la historia reciente de Chile y, en lugar de apoyarla, se ha convertido en su primer escollo.

Ni el ministro de la Presidencia ni su delegado Francisco Encina entendieron que la Convención que debuta el próximo domingo está marcada por una nueva forma de representar. Mujeres que requieren guardería infantil, mapuches que aspiran a practicar sus rituales, personas que residen en zonas extremas y tienen dificultades para desplazarse, trabajadores que dejaron sus empleos y necesitan recursos para sostener asesorías; en suma, una mayoría de individuos “de a pie”, que no conoce de apoyos empresariales, fortunas familiares, chóferes, “nanas”, secretarias y esposas a cargo de sus asuntos domésticos.

Sin embargo, los esfuerzos y recursos del Gobierno en la antesala de la inauguración fueron destinados a funciones completamente ajenas al objetivo y las necesidades del Constituyente.

Primero, la Cancillería contrató una millonaria asesoría de la OCDE para que le explique a la Convención cómo debe relacionarse con sus propios problemas. Interesante gestión, salvo porque la OCDE es un organismo de cooperación para el “Desarrollo Económico”, un concepto de desarrollo que no es neutral, sino que representa el enfoque dominante en las economías liberales.

Segundo, el Subsecretario Francisco Galli supuso que la seguridad sería uno de los problemas que tendrá el organismo con mayor legitimidad y representatividad en Chile. Los burócratas no logran entender que la legitimidad democrática protege mucho más a las instituciones que una empresa de seguridad e inteligencia, liderada por un ex escolta de Pinochet y contratada mediante una licitación de dudosa imparcialidad.

Tercero, el gobierno y la derecha se escandalizan por la reivindicación de soberanía que realizó un grupo de constituyentes. Temen que aquella definición pretenda invadir las atribuciones de los poderes constituidos del Estado. Tampoco les gusta que algunos convencionales formulen declaraciones opinando acerca de los llamados “presos de la revuelta”.

Resulta muy contradictorio tenerle miedo a convencionales que lo único que pretenden es mandarse a si mismos y ejercer la libertad de expresión; y, al mismo tiempo, adoptar desde el gobierno central decisiones inconsultas y unilaterales que invaden flagrantemente la soberanía del poder constituyente.

El ministro Ossa Santa Cruz se ha convertido en el primer problema de la Convención. Quién sabe si sus errores obedecen a incompetencia para enfrentar el mayor desafío que haya tenido cualquier Gobierno o a su desprecio por una instancia que le incomoda a la derecha del 20%. Cual fuere la explicación, Ossa ha desperdiciado la oportunidad de hacer bien la pega más importante de su vida.

¿Qué le contará a sus nietos cuando sepan que estuvo a cargo de instalar la primera convención constitucional de la historia de Chile?. O quizá prefiera no hablarles de eso y solo contarles de otro Chile, uno donde ellos eran los dueños del Fundo.